La Corte Constitucional ordenó al Consejo Superior de la Judicatura que un plazo máximo de seis meses presenté un plan para la descongestión de la justicia penal al Gobierno nacional.
El pronunciamiento fue hecho a través de una tutela que interpuso un ciudadano condenado en primera instancia por un juez de San José del Guaviare a 12 años de cárcel, por abuso sexual. Su abogado apeló la decisión ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio y después de seis años, es decir la mitad de su condena, no se ha resuelto.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio indicó que el despacho de la magistrada ha presentado reiteradas solicitudes para superar la situación de congestión judicial y que, según las cifras de desempeño del Consejo Superior de la Judicatura, ha sido superior al de otras salas penales del país.
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Por eso la Corte Constitucional tomó cartas en el asunto y, además de concederle la tutela al ciudadano y ordenar a la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio que le dé una fecha cierta para resolverle su recurso, ordenó al Consejo Superior de la Judicatura que, en el término de tres meses, realice un censo en el que se incluyan todas las salas penales a nivel nacional. Dicho estudio deberá contener las cifras de los procesos judiciales en la jurisdicción penal, haciendo especial énfasis en aquellos que llevan más de un año sin resolución.
Igualmente, la Judicatura debe crear un sistema de alertas de la jurisdicción penal a nivel nacional. Este sistema deberá indicar cuáles son los despachos judiciales congestionados, los procesos en cada instancia con términos procesales vencidos y los asuntos en cada instancia en los cuales los términos procesales estén próximos a vencerse.
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Finalmente, la Corte Constitucional ordenó al Gobierno trasladar los recursos para adelantar este plan de descongestión.
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