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La alerta del Consejo de Estado por el mal uso de la Inteligencia Artificial en procesos judiciales

El alto tribunal lanzó una clara advertencia al rechazar un recurso que tenía citas sobre sentencias que no existen o no correspondían a las decisiones reales del mismo Consejo de Estado.

Inteligencia artificial y humanos
La IA debe aprenderse a manejar éticamente también
Foto: Unsplash

La Sección Tercera del Consejo de Estado se pronunció sobre una de las herramientas más populares por estos días, la Inteligencia Artificial que ha sido usada abiertamente por la Rama Judicial siempre con una premisa por delante: La herramienta no sustituye a los jueces ni sus funciones.

En ese sentido, el alto tribunal rechazó un recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia al comprobar que varias de las sentencias citadas por quien presentó la solicitud no existían o no correspondían a decisiones reales de la corporación.

La decisión que derivó el pronunciamiento sobre el uso responsable de la IA, fue adoptada luego de verificar que los fallos mencionados, aunque contenían números de radicado, fechas, magistrados ponentes y reglas jurídicas aparentemente válidas, no se encontraban registrados en las bases oficiales del Consejo de Estado.

consejo de estado.jpg
Consejo de Estado.
Foto: imagen de archivo.

La advertencia del alto tribunal fue clara y es que la presentación de sentencias inexistentes o inexactas dentro de un proceso judicial no constituye un error menor, pues afecta la seriedad de las actuaciones, la confianza en la administración de justicia y los deberes profesionales de quienes intervienen en los litigios.

Sin embargo, el Consejo de Estado también reconoció que la IA puede servir como apoyo para la labor jurídica, pero no sustituyen el criterio profesional ni la obligación de verificar la autenticidad y exactitud de las fuentes consultadas.

Así mismo la alta corte señaló que el problema no radica en utilizar inteligencia artificial para apoyar la elaboración de escritos o investigaciones, sino en presentar ante los jueces información no verificada como si fuera cierta y exhortó a los abogados y demás actores del sistema judicial a que conserven la responsabilidad de revisar y confirmar la validez de los datos dentro de un proceso.

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