Corte Constitucional ordena libertad a influencer La Burgos que había sido condenada injustamente

La Corte Constitucional dejó sin efecto la condena de 10 años de prisión a la influencer La Burgos, o Andrea Burgos como es su nombre de pila, pues se ordenó su libertad inmediata tras revisar una acción de tutela presentada dentro del proceso judicial.El caso se originó en 2018 en Buenaventura, cuando fue detenida por autoridades en un procedimiento que fue cuestionado por su defensa y por organizaciones sociales.De acuerdo con el expediente revisado, en ese momento se le vinculó a un arma de fuego. La defensa de Burgos ha indicado que no existían pruebas suficientes que justificaran la acusación. El proceso continuó en la justicia ordinaria y terminó en una condena de 10 años de prisión.La Corte revisó el caso a partir de una acción de tutela presentada por la defensa. El abogado penalista y activista Alí Bantú Ashanti asumió la representación de Andrea Burgos ante la jurisdicción constitucional.En el análisis del caso, la Corte estableció que hubo fallas en la notificación del proceso judicial. Según lo revisado, Andrea Burgos no tuvo conocimiento del juicio en su contra durante varios años, lo que impidió su participación en la defensa.El expediente indica que la condena fue conocida por Burgos sólo hasta enero de 2025, cuando fue capturada para cumplir la pena impuesta por un juez penal.Tras la revisión de los hechos, la Corte Constitucional ordenó dejar sin efectos la condena y dispuso la libertad de Andrea Burgos en un plazo máximo de 48 horas.El proceso también incluyó información sobre la detención inicial en 2018. En la documentación presentada se señalan posibles irregularidades en el procedimiento, así como falta de garantías durante el trámite judicial.El Colectivo Justicia Racial intervino en el caso y acompañó la defensa de Burgos durante la acción de tutela. La organización ha documentado el proceso desde la etapa de captura hasta la decisión de la Corte Constitucional.En el expediente se hace referencia a la expresión “falso positivo judicial”, utilizada por la defensa para describir casos en los que se presentan fallas en el debido proceso, falta de notificación y ausencia de defensa técnica durante el juicio.