La violación de una mujer 'trans', primera audiencia de la CIDH en Barranquilla

El periodo de sesiones extraordinarias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos inició en el Coliseo de la Universidad del Norte con el caso de Azul Rojas Marín, una mujer transexual que fue detenida arbitraria e ilegalmente por policías del Perú en el año 2008.A través de exámenes médicos e investigaciones se determinó que, durante su detención, Rojas Marín fue violentada física, verbal, psicológica y sexualmente por su condición de género.Lea también: Niña de 8 años murió en Córdoba tras ser violada, al parecer, por su padreVíctor Manuel Álvarez, abogado de la víctima, sostuvo ante la Corte que el procedimiento policial siempre tuvo un trasfondo distinto a realizar un control de su identidad, como se planteó inicialmente."Estoy completamente convencido que a ella la castigan por su condición de homosexual, por la homofobia espantosa que hay en el país y entre muchas autoridades policiales", expresó el defensor.Las investigaciones apuntan a que a Rojas Marín le fue aplicado el protocolo de tortura, por lo que los representantes de la víctima piden una sentencia jurídica en contra del Estado peruano que vaya acorde con la magnitud de esta violación de los derechos humanos.Lea también: No puede haber rechazo en frontera: CIDH Frente a esto, los representantes del Estado peruano afirmaron que han venido adoptando nuevas medidas y estamentos, incluso, en el interior de la Policía, para evitar nuevos casos de discriminación. Acciones que esperan que sean tenidas en cuenta por la CIDH a la hora de emitir una sentencia en su contra."Entre las medidas está la adopción de un nuevo manual de derechos humanos aplicados a la función policial que, además, incorpora el enfoque de género", detalló Silvana Gómez, agente externo del caso.No obstante, el Comisionado Interamericano de Derechos Humanos consideró que la Corte debe declarar la correspondiente responsabilidad del Estado peruano, toda vez que luego de la violación, Azul Rojas Marín también habría sido revictimizada por el mismo Estado, el cual le impuso obstáculos para evitar que demostrara los vejámenes sexuales que sufrió por parte de la Policía.Este miércoles, las audiencias públicas de la CIDH continuarán con un caso de Paraguay. Se trata de la muerte de un militar de 17 años por la que responsabilizan al Estado paraguayo.