Blu Radio conoció en exclusiva el salvamento de voto del magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Alarcón, tras la decisión de sus colegas de apartar a la magistrada Cristina Lombana del conocimiento de 4 procesos que cursan en el alto tribunal contra el hoy Ministro del Interior Armando Benedetti.
Según el magistrado Alarcón, la Sala de Instrucción hizo una interpretación equivocada al considerar suficiente la apertura de una investigación disciplinaria para configurar la causal y apartar a la togada. Esto tiene un contexto y es que el Ministro Benedetti entuteló a la magistrada ante la Comisión de Acusaciones órgano que terminó abriéndole una investigación disciplinaria a la magistrada.
Para el magistrado Héctor Alarcón, no basta con ese primer paso formal porque según su salvamento debe existir un pliego de cargos, es decir, una vinculación jurídica sustancial que demuestre un avance real en el proceso disciplinario.
“Deja latente un enorme riesgo frente a la actividad judicial, pues como sucedió con la magistrada Cristina Lombana Velásquez, hacia el futuro, con la sola apertura formal de la investigación disciplinaria, podría despojarse a cualquier funcionario de un asunto sobre el que realmente se encuentra habilitado para conocer”, señaló el magistrado Alarcón.
Aunque el magistrado reiteró la importancia de garantizar la imparcialidad judicial, sostuvo que esta debe aplicarse con base en criterios legales claros y no en interpretaciones amplias sin sustento normativo suficiente.
Los procesos que le quitaron a Cristina Lombana
La magistrada tenía a su cargo cuatro procesos activos contra Benedetti, todos relacionados con presuntos hechos de corrupción y con distintas etapas procesales.
El primero de ellos corresponde a una investigación por supuestas irregularidades al interior de la Fiduprevisora. En este expediente, se indaga la posible incidencia de Benedetti en el manejo de recursos públicos, la adjudicación de contratos de salud para el magisterio y presuntas presiones a funcionarios.
Por estos hechos, el jefe de la cartera política ha sido investigado por tráfico de influencias, mientras que otros delitos ya habrían sido objeto de decisiones de preclusión.
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El segundo caso está relacionado con un presunto favorecimiento legislativo a la empresa Simetric S.A. En este caso, se investiga si Benedetti habría impulsado normas para beneficiar intereses particulares a cambio de dinero, en un entramado que también involucra a otros actores políticos. Los delitos bajo análisis incluyen concierto para delinquir, cohecho propio y enriquecimiento ilícito.
El tercer expediente se originó por compulsa de copias y busca establecer posibles actos de corrupción en entidades como Electricaribe, el SENA, el Fondo Nacional del Ahorro y el Ministerio de Agricultura. En este caso, aún no se han definido los delitos, pues la investigación se encuentra en fase preliminar.
Entre Lombana y Benedetti ha existido un fuerte pulso que se agudizó tras la orden de la togada de allanar una de las propiedades del Ministro en Barranquilla.
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