Cuatro magistrados de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia remitieron a la Cámara de Representantes y a la Procuraduría General de la Nación una serie de hechos denunciados por la defensa de la senadora Martha Peralta, dentro del proceso que se adelanta en su contra por el escándalo de corrupción de la UNGRD. Los cuestionamientos están relacionados con el desarrollo de la investigación por presuntas irregularidades en contratos de maquinaria amarilla y proyectos en La Guajira.
La decisión fue tomada por los magistrados Francisco Javier Farfán Molina, Marco Antonio Rueda Soto, César Augusto Reyes Medina y Misael Fernando Rodríguez Castellanos. Los cuatro decidieron enviar la información después de que el abogado de la senadora, Marlon Fernando Díaz Ortega, presentara el pasado 7 de julio un documento en el que cuestionó varias actuaciones realizadas durante el proceso.
Según la defensa de Peralta, algunas de esas actuaciones pudieron afectar el derecho de la senadora a defenderse y las reglas que garantizan un proceso justo. Además, el abogado cuestionó el posible uso irregular de facultades coercitivas, que son los poderes que tiene una autoridad para imponer o hacer cumplir determinadas medidas dentro de una investigación.
Tras la llegada de este oficio al alto tribunal los magistrados enviaron la información a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y a la Procuraduría General de la Nación. Ahora estas entidades deberán revisar los hechos denunciados y determinar, dentro de sus competencias, si existen razones para abrir una investigación y establecer si hubo alguna responsabilidad.
Es importante aclarar que la remisión de estos hechos no significa que Cristina Lombana haya sido declarada responsable ni que se haya confirmado una irregularidad, lo que existe hasta ahora son los cuestionamientos presentados por la defensa de Martha Peralta sobre algunas actuaciones dentro del proceso. Lo que produjo que los cuatro magistrados pusieran los señalamientos en conocimiento de la Cámara de Representantes y la Procuraduría, que deberán determinar si hay elementos para investigar.