A través de dos oficios enviados a la procuradora Margarita Cabello y al contralor Felipe Córdoba, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, pidió el acompañamiento para vigilar este proceso que adelantará la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), por un valor que supera los 411.000 millones de pesos y que comprende la selección de la empresa que suministrará la alimentación de los presos del país.
Esto a raíz de la denuncia de la veeduría bien común que radicó en la Fiscalía y que señala que, entre otros aspectos, se va a privilegiar a grandes empresas con pliegos ‘tipo sastre’ hechos a la medida para sacar a otros empresarios con cláusulas amañada, por ejemplo, que cada aspirante deberá demostrar que, como mínimo, cuenta con el 50% de patrimonio líquido del total del contrato.
Solicitamos muy respetuosamente vigilancia, prevención y acompañamiento frente al proceso licitatorio referente a la contratación y prestación del servicio de alimentación a la Población Privada de la Libertad a cargo de la USPEC, cuyo monto se eleva a ($411.507.087.775), con el objetivo de garantizar que este proceso sea totalmente transparente y cumpla a cabalidad con todos los parámetros legales
Cabe recordar que, el propio ministro de Justicia, ha denunciado en diferentes ocasiones, tras visitar las cárceles del país, la mala calidad de los alimentos que reciben los internos e internas y los incumplimientos de los operadores, los cuales ya ha dado traslado a las autoridades competentes.
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