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Este viernes un juez de Barranquilla decidirá si envía o no a la cárcel a Emilio Tapia, Juan José Laverde y Luis Fernando Duque, investigados por el polémico contrato entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicaciones (MinTIC) con la Unión Temporal Centros Poblados.
Al respecto, se conoció las declaraciones de dos testigos claves de la Fiscalía que tendrían información sobre los recursos que se destinaron para el proyecto de llevar internet a zonas apartadas de Colombia y de cómo se adjudicó dicho contrato.
Los testigos son Robert Antonio Gómez, representante legal de FunTIC, y Alfredo Amín Jesús Yaber, quien habría asesorado a tres de las empresas que conforman la Unión Temporal.
En el interrogatorio de Gómez, hecho el 3 de septiembre, contó detalles de cómo se configuró la etapa precontractual para lograr adjudicarse el contrato. En cuatro páginas reveló que quienes asesoraron y representaron, al parecer, tras bambalinas a dichas empresas fueron Alfredo Yaber y un hombre llamado Mauricio, recocido en la costa.
Además, dijo que desde el inicio se sabía que la UT no contaba con la capacidad financiera para asumir el proyecto, por lo que se respaldó en varias empresas, gestión hecha entre Tapia, Yaber y Mauricio.
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