La Corte Suprema de Justicia puso fin a un año de conflicto de competencias entre el Juzgado Promiscuo Municipal de Apía y las autoridades indígenas de la comunidad Gitó Dokabú de Pueblo Rico, Risaralda.
El alto tribunal determinó que la justicia ordinaria será la encargada de procesar a cuatro hombres acusados de tortura agravada y acceso carnal abusivo contra una menor de 12 años. Los procesados en este caso son Luis Eduardo González Arce, Eliécer Valencia González, Caliche Restrepo Botoma y Fernando Queragama Restrepo.
Las autoridades indígenas exigían su derecho a juzgarlos bajo su propia jurisdicción, lo que había frenado el avance del proceso.El caso se conoció públicamente tras la denuncia de la Gobernación de Risaralda, motivada por la difusión en redes sociales de un video donde se observaba a la víctima amarrada de manos, suspendida de una guadua y siendo azotada en diferentes partes de su cuerpo.
Las investigaciones, lideradas por la Fiscalía 36 Seccional de Apía, tomaron un rumbo aún más grave tras las entrevistas forenses realizadas a la menor. Según el ente acusador, la niña relató que sufrió actos de tortura y abusos sexuales en múltiples ocasiones y que, además, fue entregada a terceros con fines de explotación sexual a cambio de bebidas alcohólicas. Asimismo, reconoció directamente a tres de sus agresores, incluidos miembros de su familia paterna.
Con el conflicto de competencias ya resuelto por la Corte Suprema, las autoridades judiciales buscan agilizar la ejecución de las órdenes de captura vigentes contra los cuatro señalados. El proceso enfrenta el reto de la localización de los implicados, quienes se encuentran dispersos en diferentes resguardos indígenas de la zona. Por su parte, el padre de la menor abandonó la comunidad tras conocerse las denuncias y actualmente se desconoce su paradero.
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