Un año después del estallido social en el que se dio el asesinato del estudiante de derecho y taxista, Javier Ordóñez, a manos de dos integrantes de la policía en el barrio Villa Luz en Bogotá, el general Jorge Luis Vargas nuevamente pidió perdón a la familia del hombre de 43 años.
El alto oficial ofreció excusas a las familias de las 13 víctimas que fueron alcanzadas por impactos de bala en inmediaciones a instalaciones de Policía durante las manifestaciones los días 9, 10 y 11 de septiembre de 2020.
“De manera tajante lo rechazamos. Cuando hay un abuso policial, cuando hay un uso inadecuado de un arma de fuego, una agresión física o un homicidio. Le pedimos a todas las víctimas y sus familias perdón”, dijo el general Vargas.
Según la inspección general de la Policía continúan las investigaciones para determinar la participación de uniformados en el uso indiscriminado de armas de fuego durante las manifestaciones.
Durante las tres noches del 9, 10 y 11 de septiembre de 2020 se evidenció en los CAI Aures, La Gaitana y Verbenal de Bogotá y la estación de Ciudad Verde de Soacha a integrantes de la Policía accionando sus armas de dotación en contra de los manifestantes, luego de que varios de estas instalaciones fueran apedreadas y vandalizadas y hasta quemadas.
“Tenemos una investigación aún en curso que involucra a 25 policías por la pérdida de municiones. Hay que entender que es una sola investigación que implica 25 disciplinados y 25 defensores que intervienen en los procesos. Y que deben tener unas actuaciones más detalladas para establecer responsabilidades”, aseguró el general Jorge Luis Ramírez Aragón, inspector general de la institución.
Según la entidad, son cuatro los policías que están vinculados penalmente por el uso indiscriminado de armas de fuego durante las manifestaciones frente a los CAI mencionados. La Fiscalía hasta ahora ha imputando cargos a cuatro los patrulleros Andrés Eduardo Díaz, Jorge Andrés Lasso, John Antonio Gutiérrez y Óscar Alexánder Márquez.
Por otros hechos de abuso policial ya fueron sancionados 18 uniformados. De este grupo de sancionados por los hechos ocurridos en septiembre de 2020 hay 4 patrulleros, 9 intendentes, 3 subintendentes, un intendente en jefe y un mayor.
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