En un comunicado el Ejército Nacional respondió a los cuestionamientos que hizo la Contraloría General de la República por la compra de 52 visores nocturnos que resultaron ser para montañismo y cacería, y no para operaciones militares.
Según la entidad, el contrato cuestionado y que terminó con la compra de los 52 equipos, es de 2017.
“La novedad en la contratación fue detectada internamente por la Fuerza en el mes de diciembre (del mismos año), en revista efectuada por la Inspección General del Ejército, momento desde el cual la institución ha obrado conforme a la ley y en cumplimiento estricto de su política de transparencia, con el propósito de proteger el buen uso de los recursos y bienes públicos", comunicó la institución castrense.
El Ejército asegura que al constatarse que los 52 equipos o visores nocturnos adquiridos no eran aptos para operaciones militares se iniciaron los procesos con entidades de control y de investigación penal.
“Este hecho fue puesto en conocimiento ante la Fiscalía General de la Nación en el mes de marzo de 2018. La información sobre esta novedad en el tema contractual, así como las medidas que se han adoptado en el marco de la ley han sido comunicadas y son de conocimiento de la Contraloría General de la República en las últimas auditorías”, resalta el comunicado.
El Ejército aseguró, además, que tras las denuncias por las irregularidades en la compra de los 52 visores, la Fiscalía vinculó penalmente a ocho personas.
“Con el apoyo judicial de la Fiscalía 46 Especializada Contra Delitos de la Administración Pública y la Dijín, de la Policía Nacional, se realizaron las capturas de cuatro militares, cinco militares retirados, un intendente de la policía retirado y dos particulares de la empresa contratista, por presuntos hechos de corrupción administrativa", se informó.
Los procesos de judicialización, según el Ejército en su comunicado, se realizaron en noviembre de 2020 y los procesos siguen en curso.
En el informe fiscal, la Contraloría General de la República estableció una posible pérdida de recursos de $2.318 millones de pesos.
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