Presentan denuncia para reconocer derechos laborales de vendedores ambulantes en Colombia
Una acción judicial busca exponer la precariedad laboral de miles de trabajadores informales y abrir un precedente contra nuevas formas de esclavitud moderna en el país.
Una denuncia laboral sin precedentes fue presentada contra varias multinacionales que distribuyen sus productos a través de vendedores ambulantes en todo el territorio nacional, por presunta explotación laboral y vulneración de derechos humanos fundamentales.
El documento jurídico sostiene que detrás de esta forma de comercialización se esconde una estructura de trabajo sin garantías, sin seguridad social, prestaciones ni salarios dignos, que somete a los trabajadores informales a condiciones de servidumbre moderna. La acción se ampara en el Código Sustantivo del Trabajo, la Constitución Política de Colombia y en tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como la Convención 29 sobre Trabajo Forzoso y la Convención 111 sobre Discriminación en el Empleo.
Comercio informal // Foto: AFP
El abogado Óscar David Benavides Angulo, quien encabeza la denuncia, conoce el caso desde dentro. Comenzó a los 17 años como vendedor ambulante en Bogotá, en sectores como el Portal de la 80, Engativá, Corabastos y Patio Bonito, donde comercializaba productos como Crem Helado, Bon Ice y Vive 100. Desde entonces fue testigo de las largas jornadas, la falta de contratos y la dependencia económica hacia las compañías que controlan el producto pero niegan cualquier vínculo laboral.
“Es una forma de esclavitud moderna que se ha naturalizado en las calles del país”, señala el texto de la demanda, que busca no solo el reconocimiento de derechos laborales, sino también un precedente legal y social que visibilice las nuevas formas de explotación que afectan a la economía informal.
El caso fue radicado ante el Ministerio de Trabajo y se espera que siente bases para la protección de miles de vendedores informales que hoy operan sin amparo jurídico. Más allá del terreno legal, esta acción reabre el debate sobre la responsabilidad social de las grandes marcas y la urgencia de dignificar el trabajo informal, una deuda histórica con quienes sostienen, desde la calle, buena parte de la economía popular en Colombia.