Procuraduría archiva investigación contra exministra Abudinen por caso Centros Poblados

La Procuraduría General de la Nación archivó la investigación que adelantaba contra la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) Karen Abudinen, en relación con las presuntas irregularidades en el contrato adjudicado a la Unión Temporal Centros Poblados. Este contrato, que tenía como objetivo el suministro de internet en zonas rurales del país, fue objeto de controversia debido a fallos en su ejecución.A lo largo de la investigación disciplinaria, la Procuraduría no encontró pruebas que indicaran que Karen Abudinen hubiese incurrido en una falta disciplinaria en relación con la adjudicación del contrato 1043 de 2020, el cual estaba destinado a mejorar el acceso a internet en regiones apartadas. Según el ente de control, las decisiones tomadas por la exministra durante su gestión no demostraron ninguna conducta irregular.>>> Lea también: Karen Abudinen habla de su libro sobre Centros Poblados: "Los 70.000 están en manos de criminales"El análisis de la investigación concluyó que, si bien las decisiones de la exministra Abudinen estaban vinculadas al proceso de licitación, estas no constituyeron una violación a las normas de contratación pública. Por lo tanto, no se generó ninguna responsabilidad disciplinaria para la exfuncionar, exonerándola de cualquier falta en relación con el caso de Centros Poblados.Con base en lo estipulado en el artículo 90 del Código Disciplinario Único, un proceso puede ser archivado cuando se demuestra que el hecho imputado no existió o no se encuentran elementos que acrediten la responsabilidad del investigado. En este caso, la Procuraduría determinó que la conducta atribuida a Abudinen no encajaba en los supuestos que justificaran una sanción disciplinaria, razón por la cual se decidió archivar la investigación.Caso Centros PobladosEl caso involucra un contrato otorgado a la Unión Temporal Centros Poblados en 2020, destinado a mejorar la conectividad en zonas rurales, específicamente para conectar más de 15,000 escuelas. Sin embargo, el contrato enfrentó serias irregularidades, incluido el descubrimiento de que la empresa adjudicataria usó documentos falsos y no cumplió con los tiempos de ejecución estipulados.