La Procuraduría le solicitó al Ministerio de Salud abstenerse de expedir la resolución sobre el funcionamiento de los equipos básicos de salud financiados con cargo a la Unidad de Pago por Capitación.
Según este documento, las EPS deberán destinar un porcentaje de la UPC para operar los equipos básicos. Para el Ministerio Público, esto podría llevar a una disminución de los recursos del aseguramiento.
"El ente de control reitera que el Ministerio de Salud y Protección Social no tiene la competencia para determinar una cifra porcentual de referencia en la resolución y tampoco cambiar el uso de estos recursos, según lo que está establecido en la ley; por lo que, podría representar una violación al derecho fundamental de la salud y un mayor detrimento en la prestación de los servicios", explica la Procuraduría.
La idea de esta resolución, según ha explicado el Gobierno, es que los equipos de salud puedan llegar a las comunidades mediante la modalidad extramural, con el fin de prestar los servicios y la atención en salud.
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"Contribuirán a incrementar las coberturas de las intervenciones individuales de promoción de la salud, detección temprana, protección específica y gestión para la vigilancia epidemiológica y la atención de las enfermedades de interés en salud pública a cargo de las Entidades Promotoras de Salud, de acuerdo con las necesidades en salud identificadas en el marco de la implementación de la estrategia de Atención Primaria en Salud – APS", señala el borrador de la resolución.
Por otro lado, desde algunos sectores políticos han cuestionado esta iniciativa, pues aseguran que el Gobierno busca sacar este decreto tras las dificultades que ha tenido el trámite de la reforma a la salud en el Congreso. La Procuraduría, por su parte, asegura que en la elaboración del documento no se tuvo en cuenta a todas las EPS.
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"La Procuraduría delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social encontró que no se dio la participación a todas las EPS como actores fundamentales del sistema para dialogar con los funcionarios que hacen parte del equipo técnico del ministerio, sobre la suficiencia de la UPC; también, se desconocen los fundamentos jurídicos, técnicos y financieros para definir la destinación de estos recursos. Finalmente, el organismo de control ofició para que se abstengan de expedir la citada resolución y a su vez, no continuar con el proceso de expedición de este acto administrativo", señala el ente de control.
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