La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional tumbar el artículo del Plan Nacional de Desarrollo, PND, del presidente Gustavo Petro que obliga a funcionarios públicos a afiliarse a la ARL Positiva.
Para el Ministerio Público “no parece razonable que a través de una norma del PND se pretenda eliminar una competencia entre los agentes del sector”.
El artículo demandado es el 97 que dice: “Con el fin de establecer el sistema de aseguramiento público, de cara a la incorporación de nuevas poblaciones de la comunidad en general, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, todas las entidades y corporaciones públicas se afiliarán a la administradora de riesgo laborales Positiva”.
Para el ente de control, la modificación debió realizarse por medio de una ley ordinaria a fin de debatir de manera abierta “el principio de libre escogencia del empleador en materia de aseguramiento de riesgos laborales”.
Además, el concepto de la Procuraduría advierte que el artículo que pidió a la Corte Constitucional tumbar, desconoce el precedente constitucional de determinar grados preferenciales en materia de contratación con instituciones del Estado para favorecer las ARL de riesgos profesionales públicas.
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