La investigación por el presunto caso denominado "sexocontratos", centrado en la presunta utilización indebida de la contratación pública en entidades como el Ministerio del Interior, la Superintendencia de Vigilancia y el Senado de la República para pagar favores sexuales atribuida al expresidente Gustavo Petro, suma nuevos trámites procesales. Deicy Jiménez, quien ha hecho públicos videos y conversaciones en redes sociales con el exmandatario, ha sido requerida por distintas autoridades en calidad de víctima y testigo.
Sobre el cronograma de comparecencias de su defendida, la abogada Dina Malo precisó: "Tenemos citación en Procuraduría para el día de mañana, jueves 12 y tenemos citación en Fiscalía delegada, tercera delegada, para el viernes 13".
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Asimismo, la defensora indicó que se aguarda el avance de las diligencias ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para dar trámite a los señalamientos presentados.
El debate jurídico sobre el consentimiento y el uso de recursos públicos
Al ser interrogada sobre la naturaleza de la relación entre Jiménez y el expresidente, la abogada enfatizó que la discusión central no gira en torno al consentimiento en una relación entre adultos, sino en la exigencia de favores sexuales como condición para el acceso a recursos del erario público
Dina Malo sostuvo textualmente: "Lo que se debate es efectivamente que él haya obtenido o haya podido obtener un beneficio de carácter sexual y que la haya favorecido como, o sea, como una condición de ese beneficio sexual con contratos que obviamente se se pagan con recursos públicos".
De igual manera, explicó la condición de vulnerabilidad de la denunciante al afirmar que "ella siempre ha tenido el ánimo de colaborar (...) y cómo se sentía de alguna manera condicionada a manifestar una voluntad, un consentimiento sexual para obtener un beneficio estando en una situación de necesidad".
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En relación con posibles delitos contra la administración pública, la jurista añadió que "influir en que se le dé contratos a una persona y que estos contratos no se den por mérito, puedes constituir un delito".
Por otro lado, al referirse al papel de la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez, la abogada señaló que se trataba de una funcionaria con facultad de contratación, pero dejó su eventual citación a criterio de las autoridades: "no la hemos pensado en citar, creo que eso le corresponde también a las autoridades".
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Extracción de evidencia digital y esquema de seguridad
Con el propósito de respaldar probatoriamente los señalamientos, peritos informáticos realizaron una copia espejo del dispositivo móvil de Deicy Jiménez por disposición judicial. La abogada Malo confirmó el procedimiento técnico: "se dispuso realizar esta labor investigativa con peritos de informática forense para poder tener la evidencia forense y digital, para poder garantizar que los documentos que se entregaron son auténticos".
Finalmente, respecto a las condiciones de seguridad de su apoderada en Bogotá, la defensora desmintió versiones sobre custodias especiales extraordinarias y confirmó que Jiménez mantiene un esquema básico asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde finales de agosto o septiembre, posterior a la finalización del gobierno de Petro.
Escuche aquí la entrevista:
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