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La Superintendencia de Sociedades ordenó el inicio de la liquidación judicial de ICM Ingenieros S.A.S e Intec de la Costa S.A.S, dos de las cuatro firmas que conformaron el polémico consorcio Centros Poblados.
La noticia se produce casi un año después de que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) caducara el contrato, esto, en medio de las polémicas por el destino del anticipo de 70.000 millones de pesos.
El gobierno de Iván Duque intentó recuperar los dineros subastando un lote embargado por el ministerio de las TIC y una mercancía en poder de la Dian, pero hasta comienzos de agosto esas gestiones no habían logrado su cometido.
Previamente, este año la Supersociedades había sometido a control a ambas compañías y en mayo las ‘convocó’ a someterse a la liquidación judicial. Lo que cambia ahora es que dio la orden definitiva para remover a los gerentes y administradores y, poner en su lugar a un liquidador: Ciro Beltrán.
El liquidador tendrá la tarea de embargar los bienes y venderlos para tratar de pagar las deudas de las compañías; en el caso de Omega Buildings, la otra sociedad del consorcio, el camino podría ser similar.
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