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La crisis carcelaria en Colombia estalló en el 2013. En ese momento el país conoció las difíciles condiciones de las personas privadas de la libertad. Hacinamiento, falta de acueductos, baños en pésimas condiciones de higiene, alimentos en mal estado, y un sistema de salud en crisis que no tenía los medicamentos ni las herramientas precisas para atender urgencias como las situaciones de violencia dentro de los centros penitenciarios.
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Desde entonces, comenzó un verdadero debate sobre la criminalización de algunos delitos menores por la falta de cupos en las cárceles y se empezó a discutir la necesidad urgente de una reforma a la justicia. Sin embargo, la Contraloría asegura que cinco años después los problemas continúan con la misma intensidad.
El ente de control evaluó 22 cárceles y concluyó que aún no hay nueva infraestructura, no hay atención de urgencias ni dispensarios de medicamentos y tampoco una situación aceptable con los alimentos.
“En las visitas efectuadas se encontró que en 10 de los 22 establecimientos carcelarios visitados, la infraestructura de las instalaciones donde se preparan los alimentos estaba en mal estado, con presencia de humedad en paredes, zonas del suelo donde se presenta empozamiento de agua y desgaste, lo que demanda reparaciones y mantenimientos”, establece el informe.
Y sobre hacinamiento agregó que en el 2018 solamente se han creado 768 cupos para personas dentro de las cárceles.
Pero, además, también halló una serie de contratos entre el Uspec y el Fonade, que se empezaron a ejecutar solamente dos años después. El contrato es del 2013 por más de $430.000 millones para construir cárceles. Pero por la intermediación se tuvo que pagar más de $33.000 millones y las obras solo empezaron dos años después.
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La continuidad de las investigaciones sobre la situación carcelaria le corresponderá al nuevo contralor Felipe Córdoba. Finalmente, la Contraloría puntualizó que en Colombia no se puede hablar del propósito constitucional de la resocialización de ninguna forma.
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