En medio de la audiencia de acusación contra César Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, y otros siete procesados por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se conoció que tres de los vinculados avanzan en negociaciones con la Fiscalía General de la Nación para obtener beneficios judiciales mediante preacuerdos y principios de oportunidad.
Se trata de Édgar Eduardo Riveros Rey, Ana María Riveros Barbosa y Sonia Rocío Romero Hernández, quienes se desempeñaban como contratistas y actualmente adelantan acercamientos con el ente acusador dentro del proceso penal.
Ante este escenario, la juez del caso determinó realizar una ruptura procesal para las futuras diligencias relacionadas exclusivamente con los tres procesados que están negociando con la Fiscalía. Por esta razón, la audiencia de verificación de acuerdos fue programada para el próximo 24 de julio.
Dentro del mismo proceso también son investigados el representante legal y el jefe de ventas de la Corporación Mixta Yapurutú, Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo; el asesor de la Dirección de la Función Pública Jorge Aristizábal Rodríguez; y el contratista de la UNGRD Óscar Enrique Cárdenas Angulo.
Según la Fiscalía, las evidencias recopiladas indican que César Manrique Soacha habría gestionado la entrega de $100.000 millones provenientes de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
De acuerdo con el ente acusador, a cambio de intervenir en esa gestión, el exdirector de Función Pública habría solicitado que los contratos derivados de esos recursos fueran adjudicados a oferentes específicos previamente definidos.
La investigación también señala que los demás implicados habrían participado en el presunto direccionamiento de contratos relacionados con la compra de 40 carrotanques pequeños, el suministro de plantas desalinizadoras, la puesta en funcionamiento de pozos de agua potable y diferentes interventorías asociadas a esos proyectos.
Publicidad
Uno de los principales focos de la investigación corresponde al contrato firmado en octubre de 2023 para el suministro de carrotanques destinados a transportar agua potable a comunidades indígenas en La Guajira. Ese contrato fue suscrito por $29.000 millones con la Corporación Mixta Yapurutú.
Según la Fiscalía, en dicho proceso contractual fueron detectados presuntos sobrecostos por $11.114 millones.
Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.