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Tribunal Superior de Antioquia pide investigar a principales empresas bananeras en Urabá

Habrían creado la trama del despojo para favorecer a una de ellas y que esta aprovechara la situación para apropiarse y explotar tierras ilegalmente.

363507_BLU Radio // Bananeras de Urabá // Foto: BLU Radio
BLU Radio // Bananeras de Urabá // Foto: BLU Radio

La Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia le pidió a la Fiscalía investigar penalmente a las más importantes empresas bananeras de Urabá, por el presunto delito de concierto para delinquir, por presunta financiación voluntaria a grupos paramilitares.

Las empresas que pide el tribunal investigar son Uniban, Banacol, Bananeras de Urabá S. A. y los empresarios Rosalba Zapata y Felipe Echeverry Zapata por el presunto delito de concierto para delinquir por la financiación voluntaria a grupos paramiliares que despojaron de la tierra a la gente.

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“La (empresa) Bananeras de Urabá S. A. se aprovechó de las circunstancias, creó un entramado jurídico, acumuló tierras y realmente, dice la sentencia, que lo que hizo fue una reforma agraria en contra de la Ley (…) Ha fallado el Tribunal diciendo que se les devuelvan los predios a las familias y solicita a su vez que se investigue por parte de la Fiscalía a las principales exportadoras de banano del país”, dijo Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros que ha liderado el proceso de restitución de tierras en Urabá.

En la misma sentencia, el Tribunal ordena la restitución de 11 predios a familias campesinas en la vereda California, corregimiento de Nueva Colonia, Turbo, epicentro de las plantaciones bananeras y zona de influencia de la construcción del Puerto de Urabá.

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“Son los predios que están adyacentes en zona de influencia del puerto de Urabá. Son 50 hectáreas aproximadamente, que se le devuelven a las familias despojadas entre 1999 y 2001. Son parceleros de plátanos a los que grupos de paramilitares al mando, incluso, de empresarios de esos emporios bananeros”, dijo Vega.

La sentencia es del 12 de marzo, una semana después se decretó el estado de emergencia en Colombia, lo cual ha impedido que se realice la entrega material de los predios.

 

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