Víctimas de minas antipersona que explotaron tras acuerdo de paz piden ser reconocidas en la JEP
La JEP enfrenta un nuevo reto en donde las víctimas de minas antipersona después de diciembre de 2016 piden ser reconocidas por esta jurisdicción.
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La JEP tiene competencia para investigar los delitos cometidos durante el conflicto armado en Colombia. Sin embargo, solo juzga los hechos ocurridos antes del mes de diciembre del año 2016, pues en noviembre se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las Farc.
Ante esto y teniendo en cuenta la apertura de los nuevos macro casos que abrirá esta jurisdicción, algunos representantes de víctimas de minas antipersona, utilizados por las Farc, han mostrado su preocupación ya que algunos de estos artefactos explosivos, que fueron instalados antes del 2016, se activaron después de este año, por lo que el marco de la jurisdicción no los alcanza a acoger.
Por eso en un documento las víctimas piden la apertura de un sub-caso que investigue estos hechos y muestran su preocupación por los artefactos que detonaron después del 2016 y causaron afectaciones tanto físicas como psicológicas a civiles y miembros de la fuerza pública.
"Hay un fenómeno importante que se debe visibilizar y que tiene una gran cantidad de víctimas y esta está relacionada con las minas antipersona que han sido sembradas por la Farc y explotaron con posterioridad a la desmovilización. En términos de garantías de no repetición, cómo la sala va a reconocer a estas víctimas si sus hechos víctimizantes son posterior al tiempo de competencia de la Jurisdicción", afirman las víctimas.
Este es el caso de Cristian Céspedes, un soldado de 20 años que el 1 de abril de 2021 fue víctima de una mina sembrada por las Farc en el departamento del Guaviare. Céspedes dice que es un hombre muy joven y, "no he podido trabajar por el daño que me causó la mina, para mi es importante que se reconozca mi hecho y el de otras personas afectadas independientemente de si ocurrió antes o después del acuerdo de paz".
Los miembros de la antigua guerrilla de las Farc han entregado información sobre lugares que podrían estar contaminados con estos artefactos para que el Estado proceda con la desactivación, asimismo, aunque el autor no se puede determinar con precisión, se tiene en cuenta las zonas de injerencia de las Farc con el fin de saber si pudo haber sido instalada por la antigua guerrilla. Lo que sí se puede determinar con exactitud, y lo hacen los técnicos antiexplosivos, es conocer hace cuánto tiempo estaba instalada una mina que explotó, por lo que en muchos de estos casos si se ha logrado determinar que fue antes del 2016.
Las víctimas ante la JEP explican que 266 militares fueron víctimas de estos hechos durante el año pasado, mientras que, según datos de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, en el año 2020 hubo 167 víctimas de este tipo de artefactos, de los cuales 144 resultaron heridos y 23 fallecieron. Aunque aún no hay una respuesta oficial, se sabe que la JEP está estudiando la posibilidad de acreditar a las personas que sufrieron estos hechos después del año 2016, teniendo en cuenta los casos en los que se demuestre que las minas fueron instaladas durante el tiempo que la jurisdicción tiene competencia para investigar el conflicto.
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