Leonedis Sierra, conocido miembro de la Junta de Acción Comunal de San Agustín Bajo,
en Tarazá, compartía con varios amigos cuando hombres armados habrían llegado al lugar y le habrían propinado varios disparos. Asimismo, en el
Urabá antioqueño, fue asesinada este sábado la hija de uno de los miembros de ASCOBA, una organización defensora de derechos humanos de esa región.
Los dos hechos tienen algo en común: el
dolor y la indignación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Oscar Yesid Zapata, integrante de la Coordinación Colombia- Europa-EEUU y del proceso social de garantías en Antioquia, asegura que
los reiterados homicidios aumentaron la preocupación de los líderes, pues los grupos armados que delinquen en esas zonas serían la amenaza principal para ellos.
“Nos
preocupa la fuerte presencia que hacen las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, los Caparrapos, las disidencias de las Farc y el ELN en el Bajo Cauca. El hecho de que exista un control territorial de estas estructuras y que haya organizaciones sociales que no comparten las leyes que ellos intentan implantar, eso ha sido motivos, según ellos, suficientes para asesinar”, dice Zapata.
La implementación de los programas de sustitución de cultivos ilícitos,
en contravía de las rentas de los grupos delincuenciales, habría disparado los asesinatos en la zona.
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“En su mayoría, todos los líderes que intentan implementar el proceso de paz, especialmente,
programas de sustitución de cultivos, que intentan siembra voluntaria de otros cultivos, están siendo amenazados por estas estructuras que, obviamente, sus finanzas dependen de la coca”, agrega Oscar Zapata.
Y aunque las investigaciones serían las que finalmente confirmarían las hipótesis de los líderes, según ellos,
el oscuro panorama que ahora los atemoriza era un flagelo advertido. “Nosotros habíamos advertido al Gobierno Nacional que con la firma de los acuerdos, lo más probable es que
los intereses de esas estructuras iban a estar concentrados en estos territorios, como está ocurriendo. Lo que le exigimos al Estado es que cumpla la Constitución: ejercer soberanía sobre los territorios y las armas, brindar garantías y protección a las comunidades en general”, concluye.
En lo que va de este año en el norte de Antioquia, de acuerdo con la Coordinación Colombia-Europa-EEUU,
han sido asesinados 13 líderes, la mitad de ellos, habitantes del Bajo Cauca antioqueño.
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