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El Gobierno español ha declarado este martes "la emergencia climática y ambiental" y se ha comprometido para los primeros cien días de mandato con acciones urgentes como la remisión al Parlamento de la Ley de Cambio Climático y la definición de la senda de descarbonización para la neutralidad climática en 2050.
Así lo ha avanzado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que también ha anunciado la creación de una asamblea ciudadana del cambio climático, que incluirá la participación de los jóvenes.
La ministra española ha destacado su compromiso firme con esta declaración por "tres razones", por justicia climática, por el futuro del país que requiere un proyecto ambiental transversal para una transformación inclusiva y por responsabilidad frente al desafío del cambio climático.
El Consejo de Ministros ha aprobado esta declaración y el compromiso de adoptar 30 líneas de acción prioritarias, cinco de ellas en los primeros 100 días, para combatir el cambio climático y generar confianza, así como sumar esfuerzos y "no dejar a nadie atrás, para abordar las dificultades de los más vulnerables", ha añadido Ribera.
Esta declaración introduce líneas transversales para convertir la descarbonización en una oportunidad para la generación de empleo y la reducción de brechas territoriales, porque uno de los objetivos es "contar con una economía preparada", según la ministra.
Se trata de un trabajo "serio" ("No partimos de cero", ha dicho), aunque hay que "sumar esfuerzos de todos para llegar a ser más ambiciosos", según Teresa Ribera, quien ha recordado que la ciencia y los jóvenes les "reclaman" actuar con "urgencia ante una demanda social que es palpable".
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El objetivo de la declaración es lograr un futuro común, más justo y equitativo, que aproveche las oportunidades de la transición ecológica mediante políticas trasversales, que pongan al ciudadano en el centro, y no se autorizarán nuevas solicitudes de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos, ni para actividades de fracking.
Según la vicepresidenta Ribera, se trata del marco regulatorio fundamental, "una hoja de ruta" que inspirará el resto de acciones que han de acometerse en todos los niveles de la administración.
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El Gobierno se compromete en concreto a llevar a las Cortes un proyecto de ley que garantice alcanzar las emisiones netas cero no más tarde de 2050, con un sistema eléctrico 100 % renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales neutro en emisiones y un sistema agrario no contaminante.
El acuerdo compromete al Ejecutivo a aprobar un plan de acción de educación ambiental para la sostenibilidad antes de que acabe el año y a poner en marcha un plan nacional de salud y medio ambiente.
Apuesta además por implementar políticas inclusivas que garanticen que nadie se quede atrás como consecuencia de estos cambios, actuando frente a la pobreza energética y asegurando la participación activa y en igualdad de condiciones de las mujeres en la transición energética.
La declaración recoge la necesidad de adoptar la estrategia de economía circular y una ley de residuos que aborde el problema de los plásticos de un solo uso, para alcanzar "residuo cero" en el horizonte 2050.
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