Los conductores que trabajan con aplicaciones de transporte podrían tener nuevas garantías cuando sean detenidos por una autoridad de tránsito si avanza una de las principales propuestas de Daniel Briceño, que busca impedir que los agentes revisen el celular para comprobar si están prestando el servicio mediante una plataforma, cambio que ya genera rechazo entre representantes del sector de los taxistas.
El representante a la Cámara Briceño explicó en Mañanas Blu que también impulsa un proyecto para modificar el procedimiento relacionado con el comparendo D12, que contempla una multa de alrededor de $1,2 millones y la inmovilización del vehículo durante cinco días en la primera infracción, 20 en la segunda y hasta 40 en la tercera.
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Según Briceño, el objetivo no es que las autoridades dejen de controlar a estos conductores, sino que la carga de demostrar la infracción recaiga en el agente de tránsito y se respete el debido proceso.
¿Qué cambiaría con el celular de los conductores?
Uno de los puntos más polémicos de la propuesta está relacionado con el teléfono celular. Briceño aseguró que algunos conductores han contado que, durante los controles, los agentes les solicitan el celular y terminan revisando su contenido para comprobar si tienen abierta una aplicación de transporte.
“¿En qué mundo una autoridad de tránsito puede revisarle a usted el contenido de su celular sin una orden judicial?”, cuestionó el congresista.
Según explicó, el conductor puede terminar entregando el dispositivo pese a que, desde su perspectiva, no debería hacerlo, debido a la presión que enfrenta durante el procedimiento.
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“Se podría negar, pero Ricardo, la realidad es que cuando usted está en un procedimiento de este tipo, usted es un conductor, usted no está haciendo nada malo, se está trabajando honestamente en una plataforma”, afirmó.
La propuesta también busca impedir que los pasajeros sean interrogados para determinar qué relación tienen con el conductor. Briceño sostuvo que la autoridad debe buscar las pruebas por sus propios medios y no trasladar esa responsabilidad al usuario o al conductor.
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Entre las alternativas que mencionó están las cámaras de vigilancia y el seguimiento realizado por las autoridades de tránsito.
¿Por qué los taxistas rechazan estos cambios?
Hugo Ospina, representante del sector de los taxistas, cuestionó en Mañanas Blu la propuesta y defendió que las autoridades mantengan herramientas para verificar las posibles infracciones.
Su posición parte de que los taxis y los vehículos particulares utilizados mediante plataformas no tienen actualmente las mismas obligaciones. Ospina mencionó como ejemplo que los taxis deben someterse a revisiones preventivas cada dos meses y que los conductores tienen que renovar anualmente su licencia de conducción.
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“Nosotros no queremos que nos equiparen”, sostuvo.
Frente al debate por los celulares, Ospina también rechazó que se limite la capacidad de las autoridades para realizar verificaciones durante los controles. Puso como ejemplo casos en los que la Policía puede solicitar información de un teléfono para determinar si este aparece reportado como robado.
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El dirigente de los taxistas también cuestionó que se modifique el procedimiento para establecer si un conductor está prestando un servicio no autorizado. Según dijo, algunos conductores inmovilizados aseguran posteriormente que el pasajero era un familiar o un amigo, pese a que las autoridades realizan investigaciones sobre estos casos.
¿Qué más propone Briceño para las plataformas?
El proyecto sobre el D12 hace parte de un paquete de tres iniciativas. Otra busca regular las plataformas de movilidad y establecer condiciones que, según Briceño, permitan “nivelar la cancha” entre estas empresas y los taxistas.
Entre las propuestas mencionó que los taxistas puedan acceder a tarifas dinámicas y que se modifiquen las reglas de homologación para permitir que operen vehículos diferentes a los tradicionales modelos que, según el congresista, predominan actualmente.
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El tercer proyecto plantea modificar el sistema de patios y grúas para que, en determinados casos, los vehículos inmovilizados puedan permanecer en el domicilio del propietario, con mecanismos de rastreo y control.