Un caso de intolerancia vial quedó registrado en video en el sur de Bogotá. Un taxista fue señalado de conducir en contravía por la calle 55 sur con carrera 24 y de amenazar con un arma cortopunzante a una familia que le reclamó por la maniobra.Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran al conductor transitando en sentido contrario al establecido, mientras otros vehículos circulaban por el sector. La maniobra generó una situación de riesgo y llevó a que una mujer que viajaba en otro automóvil le reclamara por su comportamiento.Según lo registrado en el video, el taxista respondió a la crítica con insultos y continuó la discusión. Sin embargo, el enfrentamiento escaló metros más adelante, cuando se bajó del vehículo e intimidó con un cuchillo a los ocupantes del otro automóvil.¿Qué ocurrió durante la confrontación entre el taxista y la familia?En el video se escucha al hombre amenazar a la familia mientras sostiene el arma cortopunzante. Entre las frases registradas está: “Lo mando para el hospital y ojalá me demande”.De acuerdo con la información que acompaña la grabación, en el automóvil de la familia viajaban niños y el taxi también transportaba pasajeros. Aunque no se reportó una agresión física, las personas involucradas manifestaron temor por lo ocurrido.Finalmente, el conductor regresó al taxi y se retiró del lugar con los pasajeros que llevaba. Una de las personas afectadas lo calificó como un “peligro para la sociedad” y cuestionó que continuara prestando el servicio.¿Qué se sabe del vehículo y de las posibles sanciones?En la grabación quedaron registradas las placas del taxi: TAS 870. Usuarios de redes sociales pidieron al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a la Secretaría Distrital de Movilidad y a la Policía que investiguen el caso.Por ahora, no se conoce si las personas afectadas presentaron una denuncia ni si las autoridades iniciaron actuaciones contra el conductor.Conducir en contravía está contemplado en el Código Nacional de Tránsito como una infracción D03, que puede dar lugar a una multa y a la inmovilización del vehículo, según las condiciones establecidas en la normativa. Por otra parte, las posibles consecuencias legales de las amenazas dependerán de las pruebas y de la valoración que realicen las autoridades competentes.
Un nuevo hecho de violencia sacudió a Floridablanca, Santander. Un taxista fue asesinado en un ataque sicarial ocurrido en el sector conocido como la Zona Rosa, en inmediaciones del motel La Herradura, entre los barrios Bellavista y Los Rosales.La víctima fue identificada por las autoridades como William García, quien, de acuerdo con la información entregada por la Policía, fue atacado a tiros por hombres armados que se movilizaban en una motocicleta. Los agresores le dispararon y, posteriormente, huyeron del lugar.Uno de los aspectos que investigan las autoridades tiene que ver con las circunstancias en las que el taxista llegó a este sector de Floridablanca. Según las primeras versiones, el conductor habría recibido una llamada telefónica de una persona con quien presuntamente acordó encontrarse en ese punto. Esta hipótesis hace parte de las indagaciones para establecer si el encuentro fue utilizado para concretar el homicidio.La Policía Metropolitana de Bucaramanga también confirmó que William García registraba anotaciones judiciales, información que está siendo analizada dentro de la investigación para establecer posibles móviles del crimen y determinar si existen antecedentes de amenazas o conflictos que permitan orientar las pesquisas.Como parte de las labores investigativas, las autoridades adelantan la revisión de las cámaras de seguridad instaladas en el sector, con el propósito de identificar a los responsables, establecer la ruta de escape de los sicarios y reconstruir los movimientos de la víctima antes del ataque.Por ahora, no se reportan capturas relacionadas con este homicidio. Los investigadores buscan establecer quién realizó la llamada que habría llevado al taxista hasta ese punto y si existe alguna relación entre sus antecedentes judiciales y el ataque armado.El caso se suma a los hechos de violencia que son materia de investigación en el área metropolitana de Bucaramanga.
Un taxista resultó herido tras ser atacado con arma de fuego en el barrio Bosa Centro, en el suroccidente de Bogotá. El hecho se registró cerca del centro comercial Gran Plaza Bosa, donde, según las primeras versiones, los responsables habrían disparado contra el vehículo y dejado un panfleto en el lugar. Las autoridades investigan si el ataque estaría relacionado con un posible caso de extorsión.El hecho ocurrió hacia las 12:50 del mediodía. Una patrulla de la Policía fue alertada por ciudadanos sobre los disparos contra el taxi, por lo que agentes llegaron al sector para atender la situación e iniciar las verificaciones correspondientes.Según la información preliminar, el conductor recibió un impacto de bala en una de sus piernas y fue trasladado a un centro médico para recibir atención. Hasta el momento, no se había divulgado información oficial sobre su estado de salud.Las primeras versiones indican que los presuntos responsables se movilizaban en una motocicleta y que, al parecer, dejaron un panfleto en el lugar de los hechos. Este elemento abrió la posibilidad de que el ataque esté relacionado con amenazas o exigencias extorsivas.En las imágenes conocidas del caso se observan al menos dos impactos en la puerta del conductor del taxi, lo que evidencia la violencia del ataque. Entretanto, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos, identificar a los responsables y determinar los motivos detrás de la agresión.Este nuevo episodio de inseguridad genera preocupación en Bosa, especialmente por la posibilidad de que el ataque esté relacionado con extorsiones contra trabajadores del servicio público de transporte. Por ahora, se espera que las indagaciones permitan esclarecer el contenido del presunto panfleto y establecer lo sucedido.
El precio de un servicio de taxi depende de las tarifas establecidas para su operación y de las condiciones en las que se presta el recorrido. Con la expansión de las aplicaciones digitales, el sector también enfrenta discusiones sobre la regulación de los cobros y las condiciones laborales de los conductores.En ese contexto, el senador Daniel Briceño, junto con otros congresistas, radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que permitiría establecer tarifas dinámicas para los taxis solicitados mediante plataformas digitales. La iniciativa busca ajustar los cobros según la demanda de pasajeros y la cantidad de vehículos disponibles.La propuesta todavía debe avanzar en el trámite legislativo para que se definan sus alcances y las condiciones de una eventual implementación. Por ahora, su radicación no representa un cambio inmediato en las tarifas que pagan los usuarios.¿Cómo funcionarían las tarifas dinámicas para los taxis?Uno de los puntos centrales del proyecto consiste en permitir que el precio de un recorrido cambie según las condiciones de oferta y demanda. Así, cuando aumente el número de personas que soliciten un taxi y haya menos vehículos disponibles, el valor del servicio podría subir.Este mecanismo se aplicaría a los servicios solicitados mediante plataformas digitales y buscaría ofrecer una alternativa de remuneración para los conductores que trabajan con estas herramientas.Sin embargo, el proyecto no establece que todos los recorridos deban tener un aumento ni que las tarifas dinámicas se apliquen automáticamente. Su funcionamiento dependerá de las reglas que se definan durante el trámite legislativo y de las condiciones que se establezcan para su operación.¿Qué otros cambios propone el proyecto de ley para los taxis?La iniciativa también contempla la creación de un registro único de conductores, vehículos habilitados y operadores de plataformas digitales. El propósito es facilitar la identificación de quienes prestan el servicio, así como de los automóviles autorizados para hacerlo.Otro componente está relacionado con la transparencia de los cobros. Según la propuesta, las empresas que operan aplicaciones deberán informar las tarifas cobradas por cada servicio y los porcentajes que descuentan a los conductores por utilizar sus plataformas.Con esta medida, los taxistas podrían conocer con mayor claridad cuánto pagan los usuarios por cada recorrido y qué parte de ese valor corresponde a las comisiones de los intermediarios digitales.¿El proyecto eliminaría los cupos de los taxis en Colombia?Entre los cambios planteados también figura el desmonte de los cupos de los taxis y la simplificación de los procedimientos administrativos que deben cumplir quienes prestan el servicio público de transporte individual.La propuesta busca modificar algunos requisitos relacionados con la operación del sector, aunque sus efectos dependerán del contenido definitivo que llegue a aprobarse.Mientras el proyecto avanza en el Congreso, las tarifas y las condiciones actuales del servicio no cambian por el solo hecho de su radicación. Para que las medidas entren en vigor, la iniciativa deberá surtir el trámite correspondiente y convertirse en ley.
Fue radicado en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca regular el servicio de transporte de pasajeros a través de plataformas digitales. La iniciativa contempla que este servicio se pueda prestar tanto en vehículos particulares como en vehículos de servicio público.Es importante mencionar que según el proyecto, los vehículos particulares no tendrían que convertirse en vehículos de servicio público ni cambiar sus placas. Sin embargo tendrán que estar registrados y cumplir con todas las condiciones de seguridad, como lo seguros y las revisiones técnico mecánicas.La iniciativa, liderada por el representante Mauricio Toro y respaldada por congresistas de diferentes bancadas como Daniel Briceño, Catherine Juvinao, Jaime Arizabaleta, Simón Molina, entre otros, busca establecer un marco legal y modernizar el transporte individual.¿Qué cambiaría para las plataformas y los usuarios?Uno de los principales puntos del proyecto es la creación de un registro único en el que tendrían que registrarse las plataformas digitales al igual que sus operadores, con información sobre los conductores y vehículos que prestan el servicio.Además, el proyecto busca garantizar transparencia en los precios, es decir, las empresas tendrían que informar las tarifas que cobran a los pasajeros y los porcentajes que descuentan a los conductores por utilizar las aplicaciones, sin modificarlos durante el recorrido.“Crea un registro único de plataformas, es decir, que todas las plataformas tendrán que inscribirse ante un registro único para saber cuáles, cómo, dónde operan, pero adicionalmente a eso quiénes son los conductores que están al servicio. En segundo lugar, van a tener la obligación de reportar las tarifas que le cobran al usuario y al conductor y no cambiarlas en la carrera o durante el tránsito de la carrera”, explicó Toro.La propuesta también contempla que las plataformas cuenten con pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual para los pasajeros, conductores y terceros, además de mecanismos de atención para que los usuarios puedan presentar reclamaciones cuando tengan inconvenientes durante un viaje, sin depender únicamente de sistemas automatizados.Otros mecanismos que deben implementar las plataformas serían identificación del conductor y del vehículo, trazabilidad del viaje, canales de denuncia, verificación de documentación, entre otros.¿Qué propone el proyecto para los taxistas?Entre las medidas propuestas para los taxistas está permitirles manejar tarifas dinámicas cuando se opere a través de plataformas. Además, se busca desmontar gradualmente el sistema de cupos para los taxis y reducir los trámites y cargas que enfrentan quienes prestan este servicio.El representante Daniel Briceño, coautor del proyecto, aseguró que el objetivo es “nivelar la cancha” entre los taxistas y los conductores de plataformas.“También le estamos diciendo a los señores taxistas que llegó el momento de que tengan un servicio moderno con menos trámites y, sobre todo, con un sistema que no tenga ese monopolio muchas veces mafioso de los cupos en el país. (…) Pero además, habrá un 1.5%, que es un aporte que se harán por parte de las plataformas a un fondo para que los taxistas tengan mejor profesionalización, mejor participación en temas de salud y, además, pues, tengan un mejor servicio”, aseguró Briceño.Un fondo para beneficiar a los conductoresOtro de los puntos del proyecto es la creación de un fondo financiado con un aporte del 1,5% por parte de las plataformas digitales, cuyos recursos estarían destinados a programas de educación, vivienda, salud y capacitación para taxistas y conductores de aplicaciones, además de mantenimiento de mallas viales.Los autores de la iniciativa aseguraron que el propósito es establecer condiciones para que ambos sectores puedan competir y que los ciudadanos tengan libertad para escoger el servicio de transporte que desean utilizar.
En medio de la discusión en el Congreso sobre la regulación de las plataformas de movilidad, José Daniel López, presidente de Alianza IN, gremio que reúne a estas empresas, planteó que una eventual “nivelación de la cancha” frente a los taxistas también debería incluir una reducción de las obligaciones que tiene actualmente ese sector.López sostuvo en Mañanas Blu que los taxistas enfrentan una serie de cargas que, en su opinión, reducen su competitividad frente a los servicios que se prestan mediante plataformas.“En Colombia es urgente desregular el taxismo”, afirmó el presidente de Alianza IN, que se refirió a los proyectos de ley que buscan establecer nuevas reglas para los servicios de movilidad mediante aplicaciones.¿Qué cargas tienen actualmente los taxistas, según el gremio de plataformas?López señaló que los conductores de taxi deben cumplir obligaciones que, según su posición, son más exigentes que las de otros vehículos.Entre ellas mencionó la realización de revisiones técnico-mecánicas con una frecuencia mayor y la obligación de renovar anualmente la licencia de conducción. También hizo referencia a otros trámites y filtros que, de acuerdo con el dirigente gremial, afectan la competitividad del taxismo.Por eso, consideró que la discusión sobre las plataformas no debería limitarse a establecer nuevas obligaciones para los conductores que utilizan vehículos particulares.“El primer paso para esa nivelación de la cancha, y creo que en eso todos, incluidos un sector muy puntual del taxismo que es muy vocal pero muy puntual, que se opone a la regulación de las plataformas, estaría de acuerdo en que el primer paso es la desregulación y la eliminación de cargas que les restan competitividad hoy al mundo de los taxis”, aseguró.¿Qué propone el gremio para competir con las plataformas?El planteamiento de López aparece mientras avanzan proyectos de ley que buscan regular los servicios de transporte mediante plataformas.Uno de ellos, según explicó, es el que prepara el representante Mauricio Toro, que estaría orientado a regular la actividad económica relacionada con el transporte de pasajeros en vehículos particulares a través de plataformas, con estándares y obligaciones en materia de seguridad, seguros y registro para las empresas y los conductores.El otro proyecto mencionado por el presidente de Alianza IN es el del representante Daniel Briceño, que busca establecer garantías para los conductores mientras se define la regulación de fondo.Según López, esta iniciativa contempla mecanismos de debido proceso para evitar que a los conductores les quiten el teléfono o interroguen a los pasajeros para determinar si están prestando un servicio mediante una plataforma.Para el dirigente gremial, ambos proyectos pueden servir para abordar una discusión que lleva años enfrentando a los servicios mediante aplicaciones con el sector tradicional de taxis.López reconoció que existe un reto para equiparar las condiciones entre ambos modelos de transporte, pero sostuvo que las diferencias no se solucionan únicamente aumentando las obligaciones para las plataformas.También destacó que muchos taxistas ya utilizan aplicaciones para conseguir pasajeros y generar ingresos, por lo que considera que las plataformas no necesariamente deben verse como un sector contrario al taxismo.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Los conductores que trabajan con aplicaciones de transporte podrían tener nuevas garantías cuando sean detenidos por una autoridad de tránsito si avanza una de las principales propuestas de Daniel Briceño, que busca impedir que los agentes revisen el celular para comprobar si están prestando el servicio mediante una plataforma, cambio que ya genera rechazo entre representantes del sector de los taxistas.El representante a la Cámara Briceño explicó en Mañanas Blu que también impulsa un proyecto para modificar el procedimiento relacionado con el comparendo D12, que contempla una multa de alrededor de $1,2 millones y la inmovilización del vehículo durante cinco días en la primera infracción, 20 en la segunda y hasta 40 en la tercera.Según Briceño, el objetivo no es que las autoridades dejen de controlar a estos conductores, sino que la carga de demostrar la infracción recaiga en el agente de tránsito y se respete el debido proceso.¿Qué cambiaría con el celular de los conductores?Uno de los puntos más polémicos de la propuesta está relacionado con el teléfono celular. Briceño aseguró que algunos conductores han contado que, durante los controles, los agentes les solicitan el celular y terminan revisando su contenido para comprobar si tienen abierta una aplicación de transporte.“¿En qué mundo una autoridad de tránsito puede revisarle a usted el contenido de su celular sin una orden judicial?”, cuestionó el congresista.Según explicó, el conductor puede terminar entregando el dispositivo pese a que, desde su perspectiva, no debería hacerlo, debido a la presión que enfrenta durante el procedimiento.“Se podría negar, pero Ricardo, la realidad es que cuando usted está en un procedimiento de este tipo, usted es un conductor, usted no está haciendo nada malo, se está trabajando honestamente en una plataforma”, afirmó.La propuesta también busca impedir que los pasajeros sean interrogados para determinar qué relación tienen con el conductor. Briceño sostuvo que la autoridad debe buscar las pruebas por sus propios medios y no trasladar esa responsabilidad al usuario o al conductor.Entre las alternativas que mencionó están las cámaras de vigilancia y el seguimiento realizado por las autoridades de tránsito.¿Por qué los taxistas rechazan estos cambios?Hugo Ospina, representante del sector de los taxistas, cuestionó en Mañanas Blu la propuesta y defendió que las autoridades mantengan herramientas para verificar las posibles infracciones.Su posición parte de que los taxis y los vehículos particulares utilizados mediante plataformas no tienen actualmente las mismas obligaciones. Ospina mencionó como ejemplo que los taxis deben someterse a revisiones preventivas cada dos meses y que los conductores tienen que renovar anualmente su licencia de conducción.“Nosotros no queremos que nos equiparen”, sostuvo.Frente al debate por los celulares, Ospina también rechazó que se limite la capacidad de las autoridades para realizar verificaciones durante los controles. Puso como ejemplo casos en los que la Policía puede solicitar información de un teléfono para determinar si este aparece reportado como robado.El dirigente de los taxistas también cuestionó que se modifique el procedimiento para establecer si un conductor está prestando un servicio no autorizado. Según dijo, algunos conductores inmovilizados aseguran posteriormente que el pasajero era un familiar o un amigo, pese a que las autoridades realizan investigaciones sobre estos casos.¿Qué más propone Briceño para las plataformas?El proyecto sobre el D12 hace parte de un paquete de tres iniciativas. Otra busca regular las plataformas de movilidad y establecer condiciones que, según Briceño, permitan “nivelar la cancha” entre estas empresas y los taxistas.Entre las propuestas mencionó que los taxistas puedan acceder a tarifas dinámicas y que se modifiquen las reglas de homologación para permitir que operen vehículos diferentes a los tradicionales modelos que, según el congresista, predominan actualmente.El tercer proyecto plantea modificar el sistema de patios y grúas para que, en determinados casos, los vehículos inmovilizados puedan permanecer en el domicilio del propietario, con mecanismos de rastreo y control.
El amarillo terminó convirtiéndose en una señal para reconocer un taxi entre el tráfico, pero no fue una elección que se hiciera de la misma manera en todas las ciudades. Su historia está relacionada con la necesidad de hacer visibles estos vehículos, diferenciarlos del resto y, posteriormente, convertir ese color en parte de su identidad.La asociación es tan fuerte que hoy basta con ver un automóvil amarillo en algunas ciudades para relacionarlo inmediatamente con un taxi. Sin embargo, esa relación no es universal y tiene un origen que se remonta a comienzos del siglo XX.¿Por qué los taxis comenzaron a utilizar el amarillo?Una de las principales ventajas del amarillo es su alta visibilidad. Un vehículo de este color puede distinguirse con mayor facilidad entre automóviles negros, grises, plateados y de otras tonalidades.Esto resulta especialmente importante para un taxi que busca pasajeros en la calle. La persona que espera no necesita identificar primero la marca, el modelo o la matrícula: el color permite reconocer rápidamente el tipo de vehículo.La característica también explica por qué el amarillo aparece en otros elementos que deben llamar la atención, como señales de advertencia, buses escolares y equipos de construcción.Para los taxis, esta ventaja fue especialmente relevante antes de que los pasajeros pudieran solicitar un vehículo mediante una aplicación y conocer desde el teléfono cuál automóvil estaba llegando.La empresa que convirtió el amarillo en una marca de taxisEl color comenzó a adquirir una asociación más fuerte con los taxis en Estados Unidos gracias a una compañía creada en Chicago. En 1915, John Hertz fundó la Yellow Cab Company y utilizó vehículos amarillos para que su flota pudiera identificarse fácilmente. De esa manera, el color funcionaba como una especie de marca visible en medio del tráfico.La estrategia no significaba que todos los taxis tuvieran que ser amarillos. Lo que ocurrió fue que una empresa consiguió hacer reconocible su servicio mediante una característica muy sencilla: todos sus vehículos tenían una apariencia común.Con el tiempo, esa identificación ayudó a que el amarillo se asociara cada vez más con los taxis en otras ciudades estadounidenses.¿Por qué los taxis amarillos se volvieron tan famosos en Nueva York?Nueva York terminó convirtiendo al taxi amarillo en uno de los elementos más reconocibles de su paisaje urbano.En una ciudad con un volumen enorme de vehículos, mantener una apariencia estandarizada facilita que los pasajeros puedan distinguir un taxi autorizado entre el resto del tráfico. El color cumple así funciones que van más allá de la estética.Entre ellas están:Visibilidad: permite localizar el vehículo con mayor facilidad.Identificación: el pasajero reconoce rápidamente que se trata de un taxi.Uniformidad: los vehículos de una misma categoría mantienen una apariencia común.Regulación: facilita diferenciar los taxis autorizados de otros automóviles.Marca: con los años, el color pasó a formar parte de la identidad de la ciudad.La combinación de estas funciones hizo que el amarillo dejara de ser simplemente el color de una flota y terminara convirtiéndose en una referencia cultural asociada con los taxis.¿Todos los taxis del mundo son amarillos?No. El color de los taxis depende de las reglas y tradiciones de cada ciudad. Aunque en Colombia es normal ver taxis amarillos, y algunos blancos como los eléctricos.Londres, por ejemplo, es conocido por sus taxis negros, mientras que otras ciudades utilizan vehículos blancos, crema, rojos, verdes o con distintas combinaciones de colores y distintivos.Las autoridades locales pueden establecer requisitos sobre la apariencia de estos vehículos para facilitar su identificación. En algunos lugares se exige un color determinado, mientras que en otros se permiten diferentes tonalidades siempre que el taxi tenga los distintivos correspondientes.Por eso, no existe una única respuesta para explicar por qué los taxis son amarillos. En los lugares donde se adoptó ese color, la combinación de visibilidad, identificación y regulación ayudó a convertirlo en una de las señales más reconocibles del transporte público individual.
Un caso de sicariato se registró este miércoles, 30 de septiembre, en el barrio Ciudad Verde, en Soacha, donde un taxista fue asesinado cuando se movilizaba en el vehículo de servicio público. De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, la víctima, un ciudadano venezolano de 33 años, fue interceptada por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta y posteriormente huyeron del lugar.El hecho ocurrió en la transversal 24B No. 17-209, frente al conjunto residencial Sándalo. Según la Policía Nacional, el taxista se movilizaba en un Hyundai Atos de placas SOR-940 cuando los dos sujetos, que se desplazaban en una motocicleta NKD de color blanco, habrían atentado contra su vida.Tras el ataque, unidades policiales activaron los protocolos correspondientes y personal de criminalística realizó las labores de investigación y levantamiento del cuerpo sin vida.La Policía informó que investigadores de la SIJIN y funcionarios de la SIPOL adelantan las labores para establecer los móviles del homicidio e identificar a los responsables. Entre las acciones se encuentra la revisión y análisis de cámaras de circuito cerrado de televisión ubicadas en el sector, con el propósito de obtener elementos materiales probatorios que permitan avanzar en el esclarecimiento del crimen. La institución también hizo un llamado a la comunidad para entregar información a través de la línea 123.Rechazo por el crimenPor su parte, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, aseguró que ordenó a la Policía iniciar de inmediato las investigaciones para identificar y capturar a los dos hombres señalados de cometer el asesinato. Además, solicitó a las secretarías de Gobierno y Movilidad adelantar una mesa de trabajo con el sector de taxistas para abordar las condiciones de seguridad de quienes prestan este servicio. “Toda nuestra solidaridad con la familia y los seres queridos de la víctima. En Soacha, la vida se respeta y este crimen no puede quedar impune”, afirmó el mandatario en su cuenta de X.
En la noche de este miércoles, 23 de septiembre, hubo un tiroteo a las afueras del aeropuerto El Dorado de Bogotá. En videos que circulan en redes sociales se puede evidenciar la tensión y momentos de incertidumbre luego de escuchar los disparos en esta zona de la capital.Información preliminar señala que hubo una discusión entre taxistas que desencadenó en los disparos. De hecho, la Policía Metropolitana de Bogotá detalló que un taxista fue el que sacó un arma traumática y disparó contra el piso a otros tres taxistas. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.Después de lo sucedido, un esquema de un general que estaba en la zona reaccionó y también disparó.Las autoridades capturaron al taxista para que responda por lo sucedido en la localidad de Teusaquillo. Según el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el hombre disparó contra los agentes antes de ser interceptado mediante un plan candado.Video luego del tiroteo:
El Gobierno Nacional ha prometido recortar un 15 % el tamaño del Estado gracias a la ley de rescate económico que está siendo discutida en el Congreso, y uno de sus frentes de batalla será el recorte de ‘otras transferencias’ y de ‘fondos especiales’.Según el Ministerio de Hacienda, en el presupuesto del próximo año hay 23 billones de pesos dispersos en 262 renglones del presupuesto agrupados bajo el concepto de transferencias y unos 19 billones más en fondos especiales. Este recorte de transferencias en Colombia no incluye a los establecimientos públicos, que completan los 63 billones de pesos que el ministro Miguel Gómez ha calificado como ‘mal usados’. La ley de rescate económico le daría al Gobierno la potestad de aplazar o recortar las transferencias que no tengan aval en 2027 y de no programarlas en el resto del mandato de Abelardo De La Espriella. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda no planea hacer un ‘recorte indiscriminado’ de todos esos gastos, sino una evaluación caso a caso.“Dentro de estas partidas hay transferencias que financian actividades productivas de empresas públicas o mixtas que deberían ser autosostenibles, estudios de alto costo o programas que deberían financiarse con recursos propios de las entidades. La propuesta busca revisar si estas asignaciones siguen siendo necesarias, si cumplen los objetivos para los cuales fueron creadas y si existen duplicidades o posibilidades de utilizar mejor los recursos públicos”, dijo la entidad en respuesta a Blu Radio.Quedan excluidas de los recortes las transferencias directas por seguridad social, educación y transferencias territoriales definidas por la Constitución.Más allá de la ley que está en trámite, el Gobierno está pensando en medidas “complementarias” para recortar los gastos, que podrían incluir cambios a los subsidios en servicios públicos.“El proyecto no contempla una modificación específica al esquema de subsidios de los servicios públicos domiciliarios, pero es un tema que tenemos previsto seguir trabajando en el marco de nuestro plan de Gobierno, particularmente en el Plan Nacional de Desarrollo”, agregó la entidad.La ley de rescate económico no contempla medidas adicionales para controlar el déficit en materia de precios de la gasolina y el ACPM; sin embargo, el Gobierno ya tiene las “herramientas legales necesarias” para hacer ajustes graduales y su objetivo sigue siendo ‘avanzar’ hacia la neutralidad del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.
La Dirección Nacional de Inteligencia desde el pasado siete de agosto, ha venido adelantando una serie de tareas para evaluar las actuaciones adelantadas durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro y desde el comienzo, estaba en la mira el nombre de Carlos Andrés Oyola, quien estaría presuntamente involucrado en varias irregularidades.Según información de fuentes oficiales, Oyola habría intentado evitar su declaratoria de insubsistencia de su cargo como funcionario de la DNI por medio de incapacidades médicas de una reconocida clínica de Neiva, cuya autenticidad está siendo verificada por las autoridades. El presunto hacker habría decidido instalarse en la capital del Huila una vez terminó el gobierno de Gustavo Petro y de acuerdo con datos de inteligencia, estaría buscando fugarse hacia Brasil.Fuentes enteradas del asunto, indicaron que desde el pasado 7 de agosto, la DNI venía trabajando de la mano con la Fiscalía y específicamente con el CTI y por eso mantenía seguimiento y ubicación permanente a Carlos Oyola, hasta el viernes pasado cuando fue capturado en la capital del Huila.De acuerdo con personas que han formado parte de la investigación, mientras la DNI proveía información estratégica sobre la ubicación de Oyola, el CTI se desplazó a Neiva para adelantar las tareas investigativas relacionadas con el proceso penal en contra del exfuncionario.Según información de fuentes oficiales, el presidente Abelardo De La Espriella ha estado enterado permanentemente de las irregularidades presuntamente cometidas por Oyola y de la gravedad de las implicaciones de la posible fuga de información por esa vía.¿Qué actuaciones irregulares habría cometido Oyola en la DNI?Aunque hay certeza en la DNI que no se llevó la totalidad de las copias de la información de inteligencia, Carlos Andrés Oyola sí habría tenido acceso a elementos de interés, entre ellos discos duros, archivos digitales y copias de seguridad. Ahora se busca establecer qué clase de información estuvo comprometida y quiénes tuvieron acceso. No se descarta que eventualmente agencias de inteligencia rusas estén involucradas.Dentro de las funciones que Carlos Andrés Oyola habría cumplido en la DNI, se investiga si estaba la posibilidad de torpedear la cooperación en materia de inteligencia con Estados Unidos, Israel y Reino Unido, por instrucciones superiores.Pero lo más delicado que se investiga es si Carlos Oyola formó parte de una estructura con capacidades de inteligencia para afectar el proceso de las elecciones presidenciales de este año. Oyola habría tenido acceso a la información de la Registraduría sobre candidatos a la presidencia y también habría tenido la función de atacar al Registrador Nacional Hernán Penagos, cuestionar el software y deslegitimar el resultado de las elecciones, además de promover la desobediencia frente a los resultados.Finalmente, las autoridades tratan de investigar la posible venta de información de inteligencia por parte de Oyola a terceros países o a particulares.
El Gobierno Nacional le respondió al expresidente Gustavo Petro por los cuestionamientos sobre la falta de sistemas antidrones para proteger a las tropas y defendió su gestión frente a la amenaza que representan estos dispositivos en los ataques contra la Fuerza Pública.El ministro de Defensa aseguró que el escudo antidrones anunciado por la anterior administración, por 6,2 billones de pesos, nunca llegó a convertirse en un proyecto estructurado, con financiación garantizada y viabilidad técnica. "Que quede claro, anunciar billones no es garantizar presupuesto. Coleccionar sellos en el pasaporte, no es gestionar y apilar estudios técnicos, no detiene los explosivos que caen sobre nuestros soldados", añadió el general en retiro Jorge Mora.El pronunciamiento se conoce en medio de la preocupación por el ataque ocurrido el fin de semana en Santa Rosa del Sur, Bolívar, donde integrantes del Ejército fueron atacados con explosivos lanzados desde drones contra un cantón militar. El hecho dejó tres militares muertos y más de 40 heridos, y volvió a poner sobre la mesa la necesidad de contar con capacidades para detectar y neutralizar estas amenazas.Frente a este panorama, el expresidente Gustavo Petro aseguró que durante su administración se habían dejado recursos para adquirir equipos antidrones, pero que no se concretó la compra."A pesar de dejar el dinero para compra de antídrones para este año. No se hizo ninguna operación de compra de antidrones. Así queda la tropa expuesta a morir sin posibilidad de defensa", señaló en X el exmandatario.Sin embargo, el ministro de Defensa controvirtió esa afirmación y cuestionó que los viajes realizados por funcionarios del gobierno anterior a India, República Checa, Turquía, Catar, Londres, Washington y Nueva York, supuestamente para buscar tecnología, no se tradujeran en soluciones concretas para proteger a los soldados y policías."Mientras los criminales perfeccionaban el uso de drones para vigilar, intimidar y atacar a nuestros soldados y policía, los alto funcionarios del gobierno pasado se dedicaban a viajar y a lanzar anuncios vacíos", indicó el ministro de Defensa.El ministro también puso en duda la financiación del proyecto y señaló que, aunque se habían anunciado 800 mil millones de pesos para poner en marcha su primera fase, no quedaron recursos asegurados para ejecutarla durante 2026.Por todo esto, el jefe de la cartera rechazó las versiones según las cuales el actual Gobierno habría cancelado un contrato o frenado una compra que ya estuviera adjudicada.Según explicó, la administración recibió una iniciativa sin las condiciones necesarias para materializarse y tuvo que asumir su reorganización. El funcionario insistió en que no se puede hablar de la cancelación de un sistema que, según su versión, nunca llegó a existir como un proyecto viable y listo para su ejecución.Como respuesta a esta amenaza, el Gobierno anunció la puesta en marcha de un plan de choque para comenzar a dotar a las tropas con equipos y capacidades que permitan detectar y contrarrestar los ataques con drones. Estos recursos, aseguró, se están financiando con los presupuestos ordinarios del sector Defensa.Finalmente, el ministro confirmó que se trabaja en un documento CONPES para garantizar una financiación sostenible de esta estrategia y en una ley que permita controlar la importación y el uso de drones en Colombia.
Más de 72 horas desaparecidas completan Kelly Acosta Restrepo y Sonia Margarita Sanjuan, dos amigas a las que misteriosamente se les perdió todo rastro después de que ambas estuvieron compartiendo un café y comprando alimentos en una pastelería del norte de Barranquilla.Familiares de Kelly contaron que ella, quien se desempeña como asesora en el Congreso de la República, habló con su hija mayor la mañana del pasado viernes para informarle que le había comprado unos deditos y que se los dejaría en su colegio, que está ubicado justo al frente de la pastelería donde se les vio a las mujeres por última vez.Justamente, las cámaras de seguridad de la pastelería grabaron al par de amigas a las 8:54 de la mañana en el parqueadero del lugar. Allí, ambas se embarcaron en una camioneta Toyota de alta gama, propiedad de Kelly; cruzaron al colegio y le entregaron el paquete de deditos al vigilante. A partir de ahí se desconoce el paradero de las dos.Cuenta Yuly Acosta, hermana de Kelly, que las alarmas sobre la desaparición se encendieron al mediodía de ese viernes, cuando notaron que ella no fue a buscar a sus hijas al colegio y su amiga Sonia tampoco llegó al almacén donde trabaja como administradora, en el norte de la ciudad."Las niñas salían del colegio a la 1:50 de la tarde y mi hermana era muy cumplida, solía ir por sus hijas antes del tiempo o de la hora. Ya cuando ellas querían salir, ella estaba ahí esperándolas, pero esta vez no, mi hermana no llegó", contó Yuly."Por favor, suplico que me ayuden a encontrar a mi hermana, quiero que regrese", clamó desesperada.El caso fue denunciado ante las autoridades, quienes analizan las cámaras de seguridad para dar con el paradero de las mujeres. Por el momento no hay pistas ni de ellas ni de la camioneta blanca, de placas LWS 687, en la que se movilizaban.
Las jornadas de descuentos como Black Friday aumentan las compras por internet, pero también pueden surgir inconvenientes cuando los productos no llegan dentro del plazo establecido. Ante esta situación, los consumidores en Colombia tienen herramientas legales para reclamar al vendedor y, si se cumplen determinadas condiciones, recuperar el dinero que pagaron.Daniel Amado Murillo, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, explicó que los compradores deben conocer sus derechos y conservar los soportes de la transacción para respaldar cualquier reclamación.Uno de los aspectos que deben tener en cuenta es el tiempo de entrega. Si el comercio no informó una fecha o un plazo específico, tiene un máximo de 30 días calendario para entregar el producto, contados desde el día siguiente a la compra.¿Qué hacer si compró en Black Friday y no recibió el pedido?Si el vendedor incumple el plazo acordado o supera los 30 días calendario sin entregar el producto, el consumidor puede terminar unilateralmente el contrato y solicitar la devolución de todo el dinero pagado, sin descuentos ni retenciones.La Ley 2439 de 2024 establece que, para estos casos de comercio electrónico, el reembolso debe hacerse efectivo en un plazo máximo de 15 días calendario. Además, el proveedor y el portal de contacto deben informar cuando el producto no esté disponible.Por eso, el primer paso es presentar una reclamación directamente ante el comercio y guardar la confirmación de compra, los comprobantes de pago y las comunicaciones relacionadas con el pedido.¿Cómo solicitar la reversión del pago por una compra que no llegó?Otra alternativa es la reversión del pago, un mecanismo que aplica a determinadas compras realizadas por medios electrónicos y pagadas con tarjeta de crédito, débito u otro instrumento de pago electrónico.Esta opción puede utilizarse cuando el producto no llega, existe fraude, se realiza una operación no solicitada o el artículo recibido no corresponde al comprado o presenta defectos.Para solicitarla, el consumidor debe presentar la reclamación al proveedor y notificar al emisor del medio de pago dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que debió recibir el producto o conoció la situación que da lugar a la solicitud. Cuando corresponda, también deberá devolver el artículo.¿Qué otros derechos tiene el consumidor al comprar por internet?La legislación también contempla el derecho de retracto, reconocido en la Ley 1480 de 2011. Este permite desistir de determinadas compras realizadas a distancia, incluidas las efectuadas por internet, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la entrega, siempre que se cumplan los requisitos legales.Esta posibilidad tiene excepciones: no aplica, por ejemplo, a ciertos productos perecederos, personalizados o de uso personal. Cuando procede, el comprador debe devolver el artículo y asumir los costos de transporte correspondientes.“Conservar los comprobantes de pago, la confirmación del pedido y las comunicaciones con el vendedor resulta fundamental para respaldar la reclamación”, recordó Amado Murillo.
