Al cumplirse el primer mes del Gobierno de Abelardo De La Espriella, el senador Daniel Briceño hizo un balance de las primeras semanas de la nueva administración y destacó el cambio de enfoque frente a la seguridad y la política de paz. En entrevista con Recap Blu, de Blu Radio, el congresista también cuestionó el funcionamiento de la Comisión de Acusaciones.Uno de los principales puntos abordados por Daniel Briceño fue el cambio en la política de seguridad frente a los grupos armados y estructuras criminales. El senador aseguró que el Gobierno De La Espriella está modificando la lógica que, según él, predominó durante la administración de Gustavo Petro.“El delincuente vuelve a ser delincuente y la gente de bien vuelve a ser gente de bien”, afirmó Briceño al referirse al giro que, a su juicio, está teniendo el Gobierno frente a la llamada Paz Total y el tratamiento de los grupos armados.El senador también se refirió a las reacciones del expresidente Gustavo Petro tras la muerte de alias Bendito Menor, quien había sido reconocido como vocero de paz durante el anterior Gobierno. Briceño dijo estar sorprendido por la indignación expresada por Petro frente a este caso.“Yo estoy muy sorprendido. Bueno, el país está muy sorprendido por las reacciones del señor expresidente Gustavo Petro frente a la caída de alias Bendito Menor”, señaló el congresista durante la entrevista con Recap Blu.Según Briceño, durante el Gobierno Petro hubo una postura diferente frente a hechos de violencia contra otros sectores de la población. Como ejemplo, mencionó el asesinato de Miguel Uribe Turbay y cuestionó las declaraciones que, según él, terminaron revictimizando a la familia del senador asesinado.El congresista también aseguró que esperaba haber visto una reacción similar frente a los asesinatos de líderes sociales. “Tampoco vi yo al señor Petro indignado por los asesinatos de tantos líderes sociales, muchos que eran de su propio partido, de su propio movimiento”, afirmó.Para Briceño, uno de los principales cambios del nuevo Gobierno está relacionado con la forma de abordar a las organizaciones criminales. El senador sostuvo que la política de Paz Total había planteado una lógica en la que algunos integrantes de grupos ilegales pasaban a ser considerados gestores o voceros de paz.En ese contexto, mencionó el caso de Bendito Menor, a quien señaló como una persona que había sido reconocida como vocero de paz mediante un decreto durante el Gobierno Petro. Para Briceño, ese modelo está siendo reemplazado por una política de mayor contundencia contra las estructuras criminales.Además del balance de seguridad, Daniel Briceño habló sobre la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, instancia encargada de investigar a altos funcionarios y aforados constitucionales. Según el senador, la comisión atraviesa una grave crisis presupuestal que está afectando su funcionamiento.Briceño afirmó que la comisión recibió el nuevo periodo legislativo prácticamente sin recursos, después de que la anterior administración gastara en seis meses el presupuesto que, según su denuncia, debía alcanzar para un periodo más amplio.“La crisis de la comisión en este momento es tan grande que ni siquiera nos han repartido el primer proceso”, aseguró el senador, quien explicó que existen alrededor de 2.450 expedientes pendientes de clasificación y reparto.El congresista advirtió que la falta de recursos puede tener consecuencias sobre los procesos porque los términos judiciales continúan corriendo. Según explicó, las prescripciones, caducidades y demás incidencias procesales no quedan suspendidas por la falta de funcionamiento de la Comisión de Acusaciones.“Se está enviando un mensaje de impunidad”, sostuvo Briceño, al cuestionar que, después de un mes de instalada la nueva comisión, los representantes todavía no hayan recibido los expedientes que deberán investigar.El senador también hizo un llamado al Ministerio de Hacienda y a la Presidencia de la Cámara de Representantes para encontrar una solución presupuestal. Según explicó, serían necesarios pocos funcionarios adicionales, principalmente abogados, para clasificar y repartir los miles de procesos acumulados.Briceño aseguró que algunos expedientes todavía se encuentran en formato físico y no han sido digitalizados. Por eso, consideró urgente fortalecer la Secretaría de la Comisión de Acusaciones para evitar que los procesos contra altos funcionarios queden estancados.El senador también señaló que no todos los expedientes corresponden al expresidente Gustavo Petro. Dentro de los 2.450 procesos, explicó, también aparecen investigaciones relacionadas con la fiscal general, magistrados de las altas cortes, expresidentes y otros aforados.En ese sentido, Briceño pidió ampliar la discusión sobre el papel de la Comisión de Acusaciones y recordó casos como el denominado cartel de la toga. A su juicio, la corporación también debe revisar posibles hechos de corrupción y actuaciones irregulares relacionadas con integrantes de las altas cortes.“Puede haber impunidad para cualquiera de ellos si seguimos a este ritmo”, advirtió el senador, al referirse al riesgo que representa la falta de recursos y de reparto de los procesos.Finalmente, Briceño destacó como uno de los aspectos positivos del primer mes del Gobierno De La Espriella la presencia del mandatario en las zonas afectadas por el terremoto y su acercamiento con el sector privado.El senador resaltó especialmente la articulación entre empresarios y Gobierno para avanzar en la reconstrucción de regiones afectadas como el Chocó, el Valle del Cauca y el Eje Cafetero. Aunque reconoció que existen errores y aspectos por mejorar, consideró relevante que la administración haya buscado involucrar al sector privado.“Más que los nombres de los empresarios que haya podido convocar, lo importante es que haya logrado unir al sector privado y al sector público”, concluyó Briceño al hacer su balance de las primeras semanas del Gobierno de Abelardo De La Espriella
El debate sobre los llamados impuestos saludables volvió al centro de la discusión política en Colombia. El representante a la Cámara Daniel Briceño, del Centro Democrático, anunció junto con la representante Carol Borda, de Salvación Nacional, un proyecto de ley que busca eliminar los gravámenes establecidos sobre las bebidas azucaradas y los productos ultraprocesados, implementados a partir de la reforma tributaria de 2022.Briceño aclaró que la iniciativa no pretende eliminar los sellos negros u octágonos que aparecen en los empaques para advertir a los consumidores sobre los niveles de azúcar, sodio u otros componentes. La propuesta, explicó, busca retirar exclusivamente el componente tributario.“Nuestro proyecto de ley no busca quitar las etiquetas, es decir, la información de que la gente sepa si eso es alto en sodio, si eso tiene unos niveles de azúcar y demás, sino que lo que busca es atacar el impuesto a las bebidas azucaradas y a los ultraprocesados”, aseguró el congresista.Briceño cuestiona el efecto de los impuestos sobre la saludEl principal argumento del representante es que todavía no existe, según su interpretación de la evidencia disponible, una demostración concluyente de que estos impuestos hayan producido una mejora en los indicadores de salud de los colombianos.Briceño sostiene que una medida que incrementa el precio de determinados productos debe demostrar que efectivamente modifica los hábitos de consumo y genera el resultado sanitario que justificó su creación.“Hoy no hay un estudio que diga que ponerle impuestos a la bebida azucarada y a los ultraprocesados mejora la salud de los colombianos”, afirmó durante la entrevista.El congresista también cuestionó que se pretenda esperar varios años para evaluar los efectos sanitarios de una política que ya está generando un recaudo tributario. En su opinión, no debería cobrarse el impuesto durante una década mientras se espera determinar si cumplió o no con sus objetivos.En ese sentido, puso como ejemplo el caso de México, país que suele ser citado en la discusión internacional sobre impuestos a las bebidas azucaradas. Según Briceño, aunque allí se ha registrado una reducción en la compra de determinados productos, también habría ocurrido un desplazamiento hacia otras alternativas.El argumento fiscal: un impuesto que va a la bolsa generalOtro de los puntos centrales de la propuesta es el destino de los recursos recaudados. Durante la entrevista se señaló que el impuesto generó 2,8 billones de pesos en 2024, mientras que en lo corrido del año mencionado en la conversación el recaudo alcanzaba 1,9 billones de pesos, según cifras atribuidas al Ministerio de Hacienda.Para Briceño, el hecho de que estos recursos ingresen a la bolsa general del Estado constituye una razón adicional para cuestionar que sean presentados como una herramienta directamente destinada a mejorar la salud.“Si esto es una fuente de recaudo, pues díganle sobre la mesa, vamos a recaudar plata gravando estos elementos, pero no le mientan a la gente diciendo vamos a mejorar la salud con este recaudo”, sostuvo.El representante también calificó el impuesto como regresivo y afirmó que la carga tendría un mayor impacto sobre los hogares de menores ingresos y sobre los pequeños comerciantes.Según su planteamiento, los tenderos de estratos 1, 2 y 3 también sentirían el efecto debido al aumento de precios de productos que forman parte de su inventario habitual.La respuesta de los epidemiólogosLa posición de Briceño contrasta con la defendida por Yessica Giraldo, epidemióloga y doctora en epidemiología y bioestadística, integrante de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Epidemiología.Giraldo sostuvo que sí existe evidencia científica sobre los efectos de los impuestos saludables y pidió diferenciar entre los resultados que pueden medirse en el corto plazo y aquellos que requieren más años de seguimiento.“La evidencia actual sí es clara y es robusta, y que los impuestos saludables definitivamente tienen un impacto en la salud a nivel masivo, es decir, a nivel colectivo, a nivel de la salud pública”, afirmó.La epidemióloga explicó que los estudios no deben limitarse exclusivamente a medir, después de dos años, si disminuyó la incidencia de enfermedades. Antes de llegar a esos desenlaces, existen indicadores relacionados con el consumo y los cambios de comportamiento.México y Reino Unido, dos referencias en la discusiónGiraldo señaló que la evidencia internacional constituye un elemento fundamental para analizar políticas que en Colombia llevan relativamente poco tiempo de implementación.Como referencia, mencionó el caso de México, donde los impuestos sobre productos asociados al consumo de azúcares llevan varios años. De acuerdo con la especialista, investigaciones publicadas en revistas científicas han encontrado reducciones en las compras de determinados productos.“Está el caso, como bien se ha mencionado, de México, y está publicado ese caso en The British Medical sobre cómo la reducción promedio de compras de estos ultraprocesados ricos en azúcares y grasas disminuyó hasta en un 12% al cuarto año de la medición”, explicó.También citó un estudio publicado en PLOS Medicine sobre Reino Unido, donde, según señaló, se observó una reducción del 8% en la prevalencia de obesidad en niñas después de la implementación de políticas relacionadas con estos productos.La especialista insistió en que la evaluación de los impuestos saludables debe hacerse teniendo en cuenta diferentes niveles de evidencia y escalas de tiempo. Por eso, considera prematuro exigir a Colombia resultados definitivos sobre indicadores de salud apenas dos años después de la implementación.
En medio del reacomodo político tras las elecciones legislativas de 2026, el representante electo Daniel Briceño aseguró que existen diferencias con figuras de la derecha colombiana. Durante una charla con Recap Blu, Briceño habló de la oposición en Bogotá y el país: “le faltó un poco más de ejercer su papel de oposición”, refiriéndose al desempeño de Juan Daniel Oviedo en su paso por el Concejo de Bogotá.La declaración cobra relevancia porque Oviedo es fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático. Ante esto, el ahora congresista no solo evaluó su gestión pasada, sino que también dejó ver diferencias de enfoque dentro del mismo espectro político.Briceño, quien llega al Congreso con más de 260.000 votos, aseguró que su apuesta será trasladar su trabajo de denuncias a resultados concretos. Según explicó, no basta con exponer irregularidades en redes sociales o medios, sino que es clave hacer seguimiento a las entidades encargadas de investigar.“Lo primero que hay que hacer es controlar a quienes controlan”, afirmó, al cuestionar el papel de organismos como la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía. Para el nuevo congresista, muchas denuncias se quedan sin avances porque estas instituciones no responden con la rapidez o contundencia necesarias.Briceño propone control político y agenda legislativaEn esa línea, explicó que su trabajo en el Congreso buscará cerrar la brecha entre denuncia y acción. “Podemos pasar de la denuncia a la acción y de esa acción a resultados concretos”, dijo, anticipando que impulsará debates de control político a nivel nacional.Además, anunció una agenda legislativa enfocada en educación, movilidad y seguros. Entre sus propuestas están ampliar los colegios en concesión, implementar evaluación docente por resultados, eliminar el sistema de patios y grúas y reformar el modelo del SOAT para premiar a los buenos conductores.El congresista también dejó clara su postura frente a una eventual reforma tributaria del Gobierno, anticipando que será oposición. A su juicio, antes de pensar en nuevos impuestos, el Estado debe reducir el gasto. “Si aquí no hay una reforma donde se reduzca el derroche, va a ser muy difícil acompañarla”, afirmó.Críticas a Oviedo y diferencias dentro del Centro DemocráticoBriceño evaluó la labor de Juan Daniel Oviedo, hoy fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. Aunque reconoció que fue “un buen concejal” y destacó su nivel técnico, insistió en que su rol como opositor quedó corto.“Muchas veces se le olvidó que él era la curul de la oposición”, aseguró Briceño, señalando que en momentos clave faltó mayor firmeza frente a la administración distrital.También evidenció diferencias en temas de educación, especialmente sobre el papel del Estado en la formación de los niños. A pesar de esto, bajó el tono de la crítica y respaldó su nuevo rol en la contienda nacional. “Con mis reservas, me parece que va a hacer un buen papel”, agregó.Finalmente, Briceño dejó claro que su estilo político no cambiará con su llegada al Congreso. Prometió mantener presencia en territorio y una postura crítica frente al Gobierno y las instituciones, con el objetivo de consolidarse como una de las voces visibles de la oposición en el país.
En medio de una creciente tensión política, el representante electo por el Centro Democrático, Daniel Briceño, ha respondido de manera contundente a los señalamientos del gerente de RTVC, Holman Morris, quien lo acusó de construir "tribunales mediáticos" en redes sociales sin acudir a las autoridades competentes. Briceño, conocido por su activo control político en plataformas digitales, aseguró que su ejercicio no se limita a la opinión pública, sino que constituye el primer paso de un proceso legal formal contra la presunta corrupción y el mal manejo de recursos públicos.La controversia escaló luego de que Morris afirmara que Briceño evitaba interponer denuncias ante la Procuraduría o la Contraloría. Ante esto, el representante electo fue enfático en señalar que sus publicaciones en la red social X son puramente informativas y que siempre van acompañadas de acciones legales. "Cada vez que yo saco una denuncia en redes sociales, eso viene después acompañado con denuncias a los órganos de control dependiendo quién sea el competente", afirmó Briceño, subrayando que su equipo adelanta quejas disciplinarias, denuncias ante la Fiscalía e incluso acciones populares.Briceño reveló que su labor de fiscalización es constante y rigurosa, al punto que debe asistir semanalmente a las instituciones de justicia. "Yo sí estoy muy tranquilo porque cada cosa que yo saco en redes sociales va acompañado o bien de una queja disciplinaria o una denuncia ante la Fiscalía o también de un reporte a la Contraloría", puntualizó.Presuntas irregularidades en contratos de RTVCUno de los puntos centrales de la entrevista fue la denuncia sobre gastos de alimentación y lujos en RTVC que estarían siendo cubiertos con dineros del Estado. Briceño cuestionó la legalización de gastos por cerca de 100 millones de pesos a través de un contrato de prestación de servicios de una persona natural, cuyo valor inicial era de apenas 30 millones. Según el representante, este mecanismo es "supremamente extraño", ya que RTVC cuenta con operadores logísticos especializados para eventos y recepciones.Sobre las facturas en restaurantes, Briceño advirtió que esto podría ser solo la punta del iceberg de una práctica sistemática. "Se están legalizando muchos gastos que deberían ir por operador logístico y se están haciendo, que son lujos de funcionarios públicos dentro de RTVC", denunció.Cuestionamientos a la Cancillería y la opacidad estatalEl control político de Briceño se ha extendido a otras entidades, como la Cancillería, donde denunció gastos superiores a los 100 millones de pesos en salas VIP del aeropuerto El Dorado durante la gestión de Luis Gilberto Murillo. El representante lamentó la falta de transparencia del Gobierno, señalando que muchas veces se le niega la información bajo el argumento de confidencialidad."Llevo 7 meses, le pedí al Inpec que me dijeran con quién se había reunido la senadora Isabel Zuleta en sus entradas a las cárceles y ni siquiera con la orden de tutela me han querido responder", relató Briceño.
En Bogotá no hubo una reconfiguración política total en cuanto a la representación en la Cámara, pero sí se notan los cambios después de las elecciones de ayer. El más significativo fue generado por los votos que alcanzó Daniel Briceño, quien se convirtió en el congresista más votado del país en los comicios legislativos y en el tercero con más apoyos en la historia de la corporación, solo superado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y Antanas Mockus.Aunque el Pacto Histórico obtuvo más curules, con 8, solo aumentó una, pero el Centro Democrático pasó de 2 en la actualidad a tener 6 a partir del próximo 20 de julio, cuando inicie la nueva legislatura 2026-2030.También ahora tendrá una curul por Bogotá Salvación Nacional. En contraste, Cambio Radical quedó sin representación.Los electosPor el Pacto Histórico resultaron electos Heráclito Landínez, María Fernanda Carrascal Rojas, Gabriel Becerra, Laura Daniela Beltrán (Lalis), María del Mar Pizarro, Daniel Mauricio Monroy Hernández, Claudia Teresa Romero Nader y Jairo León Vargas.El Centro Democrático, que ahora tendrá 6 curules, estará representado por Daniel Briceño, José Jaime Uscátegui, Nelly Patricia Mosquera, David Gerardo Cote, Luz Marina Gordillo y Josías Fiesco. Este último va ganando con 28 votos sobre Jesús Lorduy, por lo que se espera que se definirá en el escrutinio el nombre final.La Alianza Verde tendrá una curul menos en Bogotá y solo serán dos representantes: Catherine Juvinao y Mauricio Toro.El Partido Liberal mantiene una curul con Bleidy Pérez Ballestas y Salvación Nacional tendrá como congresista a Carol Stefanny Borda Acevedo.De los 18 representantes a la Cámara electos por Bogotá, solo 6 lograron la reelección: cuatro del Pacto Histórico —Heráclito Landínez, María Fernanda Carrascal, Gabriel Becerra y María del Mar Pizarro—; por el Centro Democrático, José Jaime Uscátegui; y por la Alianza Verde, Catherine Juvinao.No alcanzaron la votación necesaria Carolina Arbeláez, de Cambio Radical; Irma Luz Herrera, del partido MIRA; Julia Miranda, del Nuevo Liberalismo; y Carlos Alberto Carreño, de Comunes (exFarc), colectividad que no alcanzó el umbral requerido para optar a una curul.
El representante electo Daniel Briceño, del partido Centro Democrático, se convirtió en una de las figuras políticas más comentadas tras las elecciones del 8 de marzo, luego de obtener 262.000 votos, la cifra más alta alcanzada por un congresista en la historia política de Colombia.En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el abogado de 34 años habló sobre su trayectoria personal, sus prioridades legislativas y el significado político de su votación histórica en Bogotá. Briceño aseguró que el respaldo ciudadano representa una responsabilidad mayor para continuar con el trabajo de control político y formulación de proyectos legislativos.“Lo importante es seguir trabajando en lo que venimos haciendo: control permanente a todos. No solo al Gobierno nacional, también a quienes lleguen desde nuestro propio partido”, afirmó Briceño.El congresista explicó que su agenda legislativa se centrará en tres ejes principales: el control político, la defensa de los recursos de Bogotá y la presentación de iniciativas que, según él, respondan a las necesidades de la ciudadanía.Una votación histórica en BogotáCon 262.000 votos, Daniel Briceño logró un récord electoral que lo posiciona como el representante a la Cámara con mayor respaldo en la historia reciente del país. Para el político, el resultado es consecuencia de una estrategia basada en la opinión pública y la presencia constante en las calles.“Nosotros creemos en la opinión y nunca nos hemos salido de ahí. Cuando uno le habla a la gente con claridad y coherencia, la gente lo entiende”, explicó.El dirigente también señaló que el trabajo de denuncia y control político que realizó previamente como concejal de Bogotá contribuyó a consolidar su proyecto político.La decisión de competir por la Cámara y no por el SenadoDurante la entrevista, Briceño reveló que tuvo la posibilidad de aspirar al Senado con el respaldo del expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático. Sin embargo, optó por continuar su proyecto político en la capital del país.Según explicó, la decisión se tomó tras conversaciones internas en el partido, donde se consideró estratégico fortalecer la representación en la Cámara por Bogotá.“El presidente Uribe siempre tuvo la apertura para que yo fuera a la lista al Senado. Pero entendimos que lo importante era consolidar un proyecto en Bogotá y buscar la votación más alta en la ciudad”, señaló.La apuesta dio resultado. El Centro Democrático logró seis curules en la Cámara por Bogotá, lo que modifica el equilibrio político en la capital.Prioridades legislativas: seguridad, obras y movilidadEntre sus compromisos legislativos, el representante electo destacó tres iniciativas clave relacionadas con Bogotá. La primera está enfocada en fortalecer las herramientas contra la impunidad, permitiendo que las autoridades actúen con mayor eficacia frente a delincuentes capturados que posteriormente quedan en libertad.La segunda prioridad será defender los recursos destinados a grandes obras de infraestructura, entre ellas el metro de Bogotá y otros proyectos estratégicos para la ciudad. “No vamos a permitir que se paralicen los recursos del metro ni de las grandes obras. Bogotá necesita seguir avanzando en infraestructura”, sostuvo.El tercer frente estará relacionado con las licencias ambientales, que según el congresista han frenado proyectos importantes como la ampliación de la autopista Norte y el desarrollo de infraestructura energética.Una historia personal marcada por dificultadesMás allá de la política, uno de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando Briceño relató aspectos de su historia personal. El congresista contó que cursó su educación en varios colegios públicos de Bogotá y que incluso fue expulsado de tres de ellos.“Estudié en cuatro colegios públicos. Me echaron de tres”, relató.Finalmente terminó sus estudios en el Colegio La Giralda, una institución pública administrada bajo el modelo de concesión educativa, sistema que el político defiende y que busca ampliar a más instituciones de la ciudad.Su historia familiar también estuvo marcada por el esfuerzo de su madre y su abuelo, quienes lo acompañaron en su proceso de formación. “Mi mamá y mi abuelo están muy felices, pero también preocupados porque saben que esto es una responsabilidad enorme”, dijo.Del Externado al CongresoBriceño estudió Derecho en la Universidad Externado de Colombia, carrera que pudo financiar gracias a una situación inesperada relacionada con la pensión de su abuelo. Según relató, su abuelo fue declarado muerto por error durante varios años después de que su cédula fuera encontrada junto a un habitante de calle fallecido. Cuando logró demostrar que estaba vivo, recibió un retroactivo que coincidió con el ingreso de Briceño a la universidad.Ideología y visión económicaEl nuevo congresista también explicó por qué se identifica con posiciones de derecha pese a provenir de una familia de clase media. Para Briceño, el desarrollo económico depende principalmente de la iniciativa privada y de la libertad económica.“Para mí, un empresario que genera un empleo es más importante que cualquier político. La riqueza se genera en el sector privado”, afirmó.Los primeros proyectos en el CongresoEl representante aseguró que ya tiene listos 16 proyectos de ley para radicar en el Congreso. Entre ellos destacan:La ampliación del modelo de colegios en concesión.La eliminación del sistema de patios y grúas para vehículos inmovilizados.Un nuevo modelo de cobro del SOAT, que premie a los conductores que no registren accidentes.“La gente que no se accidenta no tiene por qué pagar el SOAT completo. Debe recibir un descuento por buen comportamiento”, explicó. Con una votación histórica y una agenda legislativa definida, Daniel Briceño inicia su etapa en el Congreso con el reto de traducir el respaldo electoral en resultados concretos para Bogotá y el país.
Una seguidilla de temblores se registró durante la mañana de este jueves 24 de septiembre en el departamento del Tolima, donde el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó dos movimientos sísmicos con pocos minutos de diferencia.El primero ocurrió a las 11:40 de la mañana y tuvo una magnitud de 3.4. De acuerdo con el reporte, el evento tuvo una profundidad superficial y fue localizado en Chaparral, Tolima.Cinco minutos después, a las 11:46 de la mañana, se presentó un segundo movimiento, esta vez de magnitud 4.1. El SGC también estableció una profundidad superficial para este sismo, cuyo punto de referencia fue Chaparral.Dos temblores en pocos minutosEl segundo movimiento fue percibido en diferentes ciudades del país. Según el Servicio Geológico Colombiano, el temblor de magnitud 4.1 se sintió en Armenia, Ibagué, Cali, Neiva y Pereira, entre otros puntos.El evento tuvo como referencia el municipio de Chaparral y ocurrió a 14 kilómetros de Roncesvalles, en el departamento del Tolima. El SGC ubicó el movimiento en una latitud de 3.88 y una longitud de -75.61.La cercanía en el tiempo entre ambos eventos llamó la atención, pues los dos fueron registrados en la misma zona de referencia y con una diferencia de apenas seis minutos.Colombia registra actividad sísmica de manera frecuente debido a su ubicación geológica. Por ello, el Servicio Geológico Colombiano realiza seguimiento permanente a los movimientos que se presentan en diferentes regiones del territorio nacional.Hasta el momento, la información suministrada corresponde a los reportes disponibles sobre estos dos eventos registrados durante la mañana de este jueves en el Tolima.
Amazonas registra la mayor tasa de evasión de la revisión tecnomecánica en Colombia: durante 2026, el 96,95 % de los vehículos del departamento no ha cumplido con esta revisión obligatoria, según las cifras del informe sobre el estado del parque automotor nacional.El dato significa que casi 97 de cada 100 vehículos en esta región aparecen como evasores de la tecnomecánica. Amazonas encabeza así un listado en el que también aparecen otros departamentos con niveles de incumplimiento superiores al 90 %.Guainía registra una evasión del 93,79 %, concentrada en Inírida, mientras que Vichada alcanza el 93,42 %, con el incumplimiento concentrado en Puerto Carreño.¿Cuántos vehículos evaden la tecnomecánica en Colombia?El caso de Amazonas hace parte de un problema que se extiende por todo el país. Colombia tiene actualmente 22.161.912 vehículos matriculados, de los cuales más de 10 millones evaden la RTMyEC.A esa cifra se suman más de 3 millones de vehículos que todavía no están obligados a realizar la revisión, debido a su reciente matrícula o a las exenciones contempladas en la normativa.Durante el primer semestre de 2026, la tasa nacional de evasión llegó al 55,98 %, manteniéndose por encima del 50 % durante los últimos cinco años.La falta de renovación acumulada en ese periodo corresponde a 5.927.092 vehículos particulares, 192.871 de servicio público, 69.532 oficiales y 992 diplomáticos.¿En qué otras zonas hay altos niveles de evasión?El incumplimiento no se limita a los departamentos con menor cantidad de vehículos. A nivel municipal también aparecen cifras elevadas.Aguachica registra una evasión del 90,93 %, mientras que La Dorada llega al 74,48 %. Estos datos muestran que los mayores niveles de incumplimiento también se presentan en municipios ubicados sobre corredores de circulación importantes.En contraste, Bogotá concentra el mayor número de inspecciones realizadas durante 2026, con 747.140 revisiones. De ese total, 663.252 correspondieron a vehículos particulares, 77.172 a transporte público, 6.715 a vehículos oficiales y una a servicio diplomático.Más de la mitad de las motos rechazadas no supera la revisiónEl informe también muestra diferencias según el tipo de vehículo que llega a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA).Las motocicletas son el grupo con mayor cantidad de inspecciones rechazadas en lo corrido de 2026, con 167.170 unidades que no superaron la revisión.Por departamentos, el Archipiélago de San Andrés y Providencia presenta el mayor porcentaje de revisiones rechazadas, con 51,83 %. Le siguen Chocó, con 31,42 %, y Arauca, con 26,39 %.La evasión de la tecnomecánica supera el 50 % en ColombiaAunque el panorama mantiene niveles elevados de incumplimiento, el número de vehículos certificados aumentó durante el último año. En el primer semestre de 2026 hubo 3.810.725 vehículos con la tecnomecánica al día, frente a 3.629.782 durante el mismo periodo de 2025.Esto representa un incremento de 180.943 vehículos certificados, equivalente a cerca del 5 %.El país cuenta actualmente con una red de 930 líneas de inspección para motocicletas, 432 para vehículos livianos, 294 mixtas y 13 exclusivas para vehículos pesados. Sin embargo, la capacidad instalada permanece ampliamente subutilizada
El Gobierno de Estados Unidos se opuso formalmente a la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa de Cilia Flores, esposa del despuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, al considerar que existe un riesgo de fuga "extremo" y que representa un "peligro para el público", según documentos judiciales presentados en las últimas horas.En un memorando presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales federales solicitaron al juez que desestime la moción de la defensa para conceder a Flores la libertad previa al inicio del proceso judicial que enfrenta junto a Maduro.La Fiscalía argumentó que ningún tipo de fianza garantizaría adecuadamente la comparecencia de Flores ante los tribunales y destacó sus recursos, conexiones internacionales y la gravedad de las acusaciones formuladas en su contra.Destacó también la capacidad que seguiría teniendo el entorno de Flores para ejercer violencia o intimidar a posibles testigos, tanto en Venezuela como en el extranjero, mediante redes estatales y grupos irregulares organizados.La defensa de Flores, de 69 años, pidió a principios de mes que fuera trasladada a una residencia privada en Nueva York y sometida a un régimen de arresto domiciliario, con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.Flores asegura que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel federal en la que permanece recluida desde el 3 de enero, cuando fue capturada junto a Maduro por fuerzas especiales estadounidenses, no reúne las condiciones necesarias para su recuperación.El juicio conjunto contra Flores y Maduro está previsto que comience el 1 de junio de 2027. Ambos enfrentan cargos que incluyen conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en el marco de una trama de narcoterrorismo y corrupción que, según la acusación, abarca más de dos décadas.De ser declarada culpable, Flores se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y a un máximo de cadena perpetua.
La vivienda turística en Medellín se ha consolidado como una industria que mueve cerca de $76.000 millones mensuales, en medio del crecimiento de las rentas cortas y el alojamiento para visitantes.En Antioquia hay más de 15.143 propiedades listadas, cifra que representa cerca del 22 % de la oferta nacional, según cálculos de Confecámaras con base en datos del Registro Nacional de Turismo (RNT).Ante este panorama, la ciudad enfrenta el reto de lograr que el crecimiento de la oferta esté acompañado por mayores niveles de formalización, profesionalización y estándares para la operación de los alojamientos turísticos.Por tercera ocasión, la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos (ASOHOST) y la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín lanzarán el programa INN Host Medellín.La iniciativa ofrece formación gratuita para 150 prestadores de servicios turísticos que, en conjunto, podrían representar más de 1.000 Registros Nacionales de Turismo activos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre.Los interesados deberán contar con un RNT vigente y desarrollar actividades relacionadas con vivienda turística, rentas cortas u oficinas de representación turística en Medellín. El programa comenzará el próximo 13 de octubre.Juan Camilo Vargas, director de ASOHOST, señaló que Medellín atraviesa una transformación en este sector y destacó la necesidad de avanzar en la profesionalización de quienes participan en el mercado de vivienda turística.“Medellín es hoy uno de los mercados más dinámicos del país en vivienda turística, pero ese crecimiento exige más profesionalización y mejores estándares de operación”, afirmó Vargas.El programa contempla capacitación en el marco regulatorio de la vivienda turística en Colombia, aspectos fiscales y contables, preparación de propiedades, tecnologías avanzadas e inteligencia artificial aplicada a la gestión de alojamientos.También incluye formación en finanzas estratégicas para proyectos de alojamiento y herramientas orientadas a mejorar la operación y la rentabilidad de los establecimientos turísticos.Entre los beneficios para los participantes están el acceso durante un año a una plataforma de aprendizaje, un manual digital interactivo, certificaciones impresas y tecnologías para la gestión de rentas cortas.La formación también contempla herramientas como un PMS, un channel manager, una plataforma de experiencias turísticas con inteligencia artificial y el Sello Vivienda Turística Responsable.Este distintivo busca acreditar ante autoridades, plataformas digitales e inversionistas el cumplimiento legal de los operadores que hacen parte de la iniciativa.Desde ASOHOST señalaron que la profesionalización también busca prevenir problemas asociados con la informalidad, las malas prácticas, la convivencia y la pérdida de confianza en el sector.En materia de rentabilidad, las estimaciones ubican el retorno neto entre el 8 % y el 12 % en zonas de alta demanda como El Poblado, específicamente Provenza.En estos sectores, los ingresos brutos mensuales por unidad pueden alcanzar los $16 millones, mientras que en zonas como Laureles-Estadio las rentabilidades netas estimadas están entre el 6 % y el 9 %.La dinámica de este mercado también ha impulsado la expansión del modelo hacia otros municipios del Valle de Aburrá, como Envigado y Sabaneta, y más recientemente hacia diferentes sectores del Oriente antioqueño.El crecimiento de la vivienda turística se suma al comportamiento del turismo en Medellín. Durante 2025, la ciudad registró cerca de $4 billones en gasto turístico medido mediante transacciones con tarjeta.De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, esas operaciones representaron alrededor de 16 millones de transacciones. Debido a que Credibanco procesa aproximadamente el 45 % de los pagos con tarjeta, el Distrito estimó que el gasto turístico total podría acercarse a $9 billones.La cifra estimada no incluye los pagos realizados en efectivo, por lo que el impacto económico del turismo en la ciudad sería mayor al registrado mediante las transacciones con tarjeta.Para ASOHOST, la profesionalización es clave para que la industria de vivienda turística continúe creciendo con responsabilidad y mejores estándares de servicio.El proceso busca que los prestadores conozcan la normativa, cumplan sus obligaciones, mejoren la atención a los huéspedes, incorporen tecnología y gestionen de manera más eficiente sus ingresos.La iniciativa plantea además la necesidad de diferenciar entre los operadores que cumplen las reglas y aquellas prácticas que pueden generar impactos negativos en la convivencia, el mercado inmobiliario o la seguridad.En ese contexto, ASOHOST considera que la profesionalización de los actores de la vivienda turística es una de las principales herramientas para acompañar el crecimiento de esta industria en Medellín y Antioquia.
La Corte Suprema de Justicia puso un nuevo límite a la forma en que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tramita los procesos judiciales de protección al consumidor. La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural determinó que la entidad debe admitir obligatoriamente el llamamiento en garantía cuando una de las partes lo solicite y se cumplan los requisitos legales.En términos sencillos, el llamamiento en garantía permite que una persona o empresa demandada vincule al mismo proceso a un tercero que podría tener responsabilidad en el problema. Por ejemplo, si un consumidor demanda a una compañía por una falla y esta considera que el daño fue causado por uno de sus proveedores, puede pedir que ese proveedor participe en el mismo juicio y, si corresponde, responda directamente o reembolse el dinero que la empresa tenga que pagar.La Corte señaló que los procesos de protección al consumidor que adelanta la SIC en ejercicio de funciones judiciales deben seguir las mismas reglas procesales que aplican ante los jueces ordinarios. Esto significa que la condición de autoridad administrativa de la SIC no puede convertirse en una razón para limitar las herramientas de defensa que tienen las partes dentro de un proceso judicial.El pronunciamiento también cuestiona la práctica de la SIC y de algunos tribunales que habían rechazado esta figura o restringido su utilización casi exclusivamente a casos relacionados con el sector turístico. Para la Corte, no es jurídicamente válido establecer mediante interpretaciones limitaciones o trabas que no están contempladas expresamente en la ley.Puntualmente, el alto tribunal le exige a la SIC aplicar de manera rigurosa el artículo 24 del Código General del Proceso, norma que establece las reglas para el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de determinadas autoridades. La Corte busca garantizar que las partes tengan las mismas oportunidades para defenderse, presentar pruebas y ejercer sus derechos, independientemente de que el proceso sea tramitado ante la SIC o ante un juez.El caso que llevó a esta decisión surgió por una tutela presentada por dos empresas constructoras y una sociedad fiduciaria, demandadas ante la SIC por supuestas fallas relacionadas con un inmueble. Las compañías pidieron que fuera vinculada al proceso la empresa encargada de elaborar el estudio de suelos de la obra, pero esa solicitud fue negada.La Corte Suprema protegió entonces su derecho de defensa y ordenó al Tribunal Superior emitir una nueva decisión en la que estudie la vinculación de esa empresa. Con este pronunciamiento, el alto tribunal deja establecido que las posibles responsabilidades entre los distintos integrantes de una cadena de consumo pueden discutirse dentro del mismo expediente, bajo las garantías procesales previstas por la ley.Para los consumidores y ciudadanos, la decisión no elimina ni reduce la responsabilidad que tienen los productores y proveedores frente a sus clientes. La responsabilidad solidaria que establece la ley se mantiene. Es decir, cuando corresponda, el consumidor podrá continuar reclamando frente a los responsables de la cadena de producción o comercialización, aunque durante el proceso se incorpore a otros actores que puedan tener responsabilidades internas.Para las empresas, proveedores, fabricantes, contratistas y demás integrantes de la cadena comercial, el fallo representa la posibilidad de discutir dentro de un mismo proceso quién debe asumir finalmente las consecuencias económicas de una eventual condena. Esto puede evitar que una empresa tenga que iniciar posteriormente otro pleito para intentar recuperar de un proveedor o contratista el dinero que tuvo que pagar al consumidor.