El precio de un servicio de taxi depende de las tarifas establecidas para su operación y de las condiciones en las que se presta el recorrido. Con la expansión de las aplicaciones digitales, el sector también enfrenta discusiones sobre la regulación de los cobros y las condiciones laborales de los conductores.En ese contexto, el senador Daniel Briceño, junto con otros congresistas, radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que permitiría establecer tarifas dinámicas para los taxis solicitados mediante plataformas digitales. La iniciativa busca ajustar los cobros según la demanda de pasajeros y la cantidad de vehículos disponibles.La propuesta todavía debe avanzar en el trámite legislativo para que se definan sus alcances y las condiciones de una eventual implementación. Por ahora, su radicación no representa un cambio inmediato en las tarifas que pagan los usuarios.¿Cómo funcionarían las tarifas dinámicas para los taxis?Uno de los puntos centrales del proyecto consiste en permitir que el precio de un recorrido cambie según las condiciones de oferta y demanda. Así, cuando aumente el número de personas que soliciten un taxi y haya menos vehículos disponibles, el valor del servicio podría subir.Este mecanismo se aplicaría a los servicios solicitados mediante plataformas digitales y buscaría ofrecer una alternativa de remuneración para los conductores que trabajan con estas herramientas.Sin embargo, el proyecto no establece que todos los recorridos deban tener un aumento ni que las tarifas dinámicas se apliquen automáticamente. Su funcionamiento dependerá de las reglas que se definan durante el trámite legislativo y de las condiciones que se establezcan para su operación.¿Qué otros cambios propone el proyecto de ley para los taxis?La iniciativa también contempla la creación de un registro único de conductores, vehículos habilitados y operadores de plataformas digitales. El propósito es facilitar la identificación de quienes prestan el servicio, así como de los automóviles autorizados para hacerlo.Otro componente está relacionado con la transparencia de los cobros. Según la propuesta, las empresas que operan aplicaciones deberán informar las tarifas cobradas por cada servicio y los porcentajes que descuentan a los conductores por utilizar sus plataformas.Con esta medida, los taxistas podrían conocer con mayor claridad cuánto pagan los usuarios por cada recorrido y qué parte de ese valor corresponde a las comisiones de los intermediarios digitales.¿El proyecto eliminaría los cupos de los taxis en Colombia?Entre los cambios planteados también figura el desmonte de los cupos de los taxis y la simplificación de los procedimientos administrativos que deben cumplir quienes prestan el servicio público de transporte individual.La propuesta busca modificar algunos requisitos relacionados con la operación del sector, aunque sus efectos dependerán del contenido definitivo que llegue a aprobarse.Mientras el proyecto avanza en el Congreso, las tarifas y las condiciones actuales del servicio no cambian por el solo hecho de su radicación. Para que las medidas entren en vigor, la iniciativa deberá surtir el trámite correspondiente y convertirse en ley.
Los conductores que trabajan con aplicaciones de transporte podrían tener nuevas garantías cuando sean detenidos por una autoridad de tránsito si avanza una de las principales propuestas de Daniel Briceño, que busca impedir que los agentes revisen el celular para comprobar si están prestando el servicio mediante una plataforma, cambio que ya genera rechazo entre representantes del sector de los taxistas.El representante a la Cámara Briceño explicó en Mañanas Blu que también impulsa un proyecto para modificar el procedimiento relacionado con el comparendo D12, que contempla una multa de alrededor de $1,2 millones y la inmovilización del vehículo durante cinco días en la primera infracción, 20 en la segunda y hasta 40 en la tercera.Según Briceño, el objetivo no es que las autoridades dejen de controlar a estos conductores, sino que la carga de demostrar la infracción recaiga en el agente de tránsito y se respete el debido proceso.¿Qué cambiaría con el celular de los conductores?Uno de los puntos más polémicos de la propuesta está relacionado con el teléfono celular. Briceño aseguró que algunos conductores han contado que, durante los controles, los agentes les solicitan el celular y terminan revisando su contenido para comprobar si tienen abierta una aplicación de transporte.“¿En qué mundo una autoridad de tránsito puede revisarle a usted el contenido de su celular sin una orden judicial?”, cuestionó el congresista.Según explicó, el conductor puede terminar entregando el dispositivo pese a que, desde su perspectiva, no debería hacerlo, debido a la presión que enfrenta durante el procedimiento.“Se podría negar, pero Ricardo, la realidad es que cuando usted está en un procedimiento de este tipo, usted es un conductor, usted no está haciendo nada malo, se está trabajando honestamente en una plataforma”, afirmó.La propuesta también busca impedir que los pasajeros sean interrogados para determinar qué relación tienen con el conductor. Briceño sostuvo que la autoridad debe buscar las pruebas por sus propios medios y no trasladar esa responsabilidad al usuario o al conductor.Entre las alternativas que mencionó están las cámaras de vigilancia y el seguimiento realizado por las autoridades de tránsito.¿Por qué los taxistas rechazan estos cambios?Hugo Ospina, representante del sector de los taxistas, cuestionó en Mañanas Blu la propuesta y defendió que las autoridades mantengan herramientas para verificar las posibles infracciones.Su posición parte de que los taxis y los vehículos particulares utilizados mediante plataformas no tienen actualmente las mismas obligaciones. Ospina mencionó como ejemplo que los taxis deben someterse a revisiones preventivas cada dos meses y que los conductores tienen que renovar anualmente su licencia de conducción.“Nosotros no queremos que nos equiparen”, sostuvo.Frente al debate por los celulares, Ospina también rechazó que se limite la capacidad de las autoridades para realizar verificaciones durante los controles. Puso como ejemplo casos en los que la Policía puede solicitar información de un teléfono para determinar si este aparece reportado como robado.El dirigente de los taxistas también cuestionó que se modifique el procedimiento para establecer si un conductor está prestando un servicio no autorizado. Según dijo, algunos conductores inmovilizados aseguran posteriormente que el pasajero era un familiar o un amigo, pese a que las autoridades realizan investigaciones sobre estos casos.¿Qué más propone Briceño para las plataformas?El proyecto sobre el D12 hace parte de un paquete de tres iniciativas. Otra busca regular las plataformas de movilidad y establecer condiciones que, según Briceño, permitan “nivelar la cancha” entre estas empresas y los taxistas.Entre las propuestas mencionó que los taxistas puedan acceder a tarifas dinámicas y que se modifiquen las reglas de homologación para permitir que operen vehículos diferentes a los tradicionales modelos que, según el congresista, predominan actualmente.El tercer proyecto plantea modificar el sistema de patios y grúas para que, en determinados casos, los vehículos inmovilizados puedan permanecer en el domicilio del propietario, con mecanismos de rastreo y control.
Los controles de tránsito a conductores que trabajan con aplicaciones de transporte podrían cambiar si avanza una propuesta que llegará al Congreso. El representante a la Cámara Daniel Briceño anunció un proyecto de ley para establecer reglas sobre la forma en que las autoridades deben comprobar si un carro particular está siendo utilizado para prestar un servicio mediante plataformas digitales.Uno de los cambios planteados busca que los agentes de tránsito no revisen el celular del conductor para comprobar si está utilizando una aplicación como Uber, DiDi, etc. Briceño cuestionó que durante estos procedimientos se acceda al contenido del dispositivo y sostuvo que esa verificación debe hacerse respetando las garantías legales correspondientes.“El agente de tránsito no tiene por qué quitarle el celular y meterse en el celular”, afirmó el representante al explicar su propuesta.La iniciativa también contempla límites frente a la información que se obtiene de los pasajeros durante estos controles. Briceño propone que los agentes no los interroguen para establecer si existe una relación entre ellos y el conductor.¿Qué busca cambiar el proyecto en los controles a conductores Uber, DiDi y más?La propuesta apunta a establecer un procedimiento uniforme para los casos en que una autoridad pretenda determinar si un vehículo está siendo utilizado para prestar transporte mediante una plataforma.Según lo planteado por Briceño, durante algunos controles se pregunta a los pasajeros si conocen al conductor o cuál es el vínculo que tienen con él. El proyecto buscaría que este tipo de interrogatorios no sean utilizados como mecanismo para establecer la procedencia de un comparendo.La iniciativa está relacionada con el comparendo D12, que sanciona actualmente a quien destine un vehículo, sin la autorización correspondiente, a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito.¿Qué sanción contempla actualmente la infracción D12?La infracción D12 continúa vigente. El artículo 131 de la Ley 769 de 2002 establece esta infracción para los casos en que un automotor sea destinado, sin autorización, a un servicio diferente del establecido en su licencia de tránsito.Además de la multa, la norma contempla la inmovilización del vehículo. Si se trata de la primera infracción, el automotor puede permanecer inmovilizado durante cinco días; en la segunda, durante 20 días, y en la tercera, durante 40 días.Para 2026, la multa correspondiente al D12 es de 30 salarios mínimos legales diarios vigentes, equivalente a alrededor de $1,26 millones. A esto se suman los costos asociados con la inmovilización del vehículo.La sanción tiene especial relevancia para quienes utilizan el automotor como fuente de ingresos, debido a que la inmovilización también puede impedirles trabajar durante el periodo establecido.¿El proyecto eliminaría las multas para Uber, DiDi y otras plataformas?No. La propuesta anunciada por Briceño se concentra en la manera en que se realizan los controles y se obtiene la evidencia, mientras que la eliminación de la infracción D12 para los conductores de plataformas corresponde a otra discusión.Representantes del sector de aplicaciones han planteado eliminar esta infracción dentro de una eventual reforma al Código Nacional de Tránsito. Alianza In Colombia ha defendido esa posición al señalar que la actividad de los conductores de plataformas permanece en un escenario regulatorio que, según el gremio, no ofrece una solución integral.Briceño también ha manifestado previamente su respaldo a eliminar el D12 para estos casos. Ahora, su nueva iniciativa plantea reglas específicas para los procedimientos en los que las autoridades buscan determinar si un vehículo particular está siendo utilizado mediante una aplicación.Por ahora, ninguno de estos cambios modifica las reglas vigentes.
El representante a la Cámara Daniel Briceño aseguró que las diferencias entre sectores de la derecha deben tramitarse con respeto y planteó la posibilidad de construir acuerdos en algunas regiones de cara a las elecciones de 2027, especialmente donde una división pueda favorecer al petrismo, según su análisis.Briceño se refirió al distanciamiento entre el Centro Democrático y sectores de Salvación Nacional, Creemos y Defensores de la Patria, en medio de las diferencias que se han presentado con Enrique Gómez.El congresista reconoció que existen posiciones distintas y señaló que habrá competencia electoral, pero pidió evitar las confrontaciones personales entre dirigentes.¿Qué propone Daniel Briceño para las elecciones de 2027?El representante sostuvo que la competencia entre sectores políticos puede mantenerse en regiones donde no exista un riesgo de fragmentación electoral, pero planteó que en otros territorios sería necesario conversar.“Nos va a tocar decir: tengo diferencias con usted. Nos toca tragarnos el sapo de que me toca unirme con el que me cae mal en lo personal, pero en algunas zonas nos va a tocar tener la madurez política de entender que si no nos unimos el petrismo va a ganar”, afirmó.Briceño mencionó específicamente a Bogotá, Valle del Cauca, la Costa y otras regiones como lugares donde considera necesario evaluar acuerdos. En contraste, señaló que en Antioquia, Santander, Norte de Santander, Huila y Tolima los sectores de derecha podrían competir con candidaturas diferentes.El congresista también hizo un llamado directo a Enrique Gómez para que las diferencias políticas no se conviertan en enfrentamientos personales.¿Está cerrada la puerta a una coalición entre la derecha?Frente al comunicado del Centro Democrático, que cuestionó la posibilidad de acuerdos con quienes considera que mantienen una visión sectaria, Briceño aseguró que la puerta no está completamente cerrada.“La pelea, yo creo que está entreabierta porque la pelea es con el doctor Enrique Gómez”, sostuvo.Según explicó, existen dirigentes y congresistas de otros sectores que han planteado evitar una confrontación y buscar puntos de encuentro. Briceño aseguró además que líderes regionales están solicitando acuerdos para evitar perder alcaldías y gobernaciones.El representante insistió en que cualquier eventual acercamiento debe partir del respeto entre los sectores.¿El Centro Democrático está en riesgo por la división de la derecha?Briceño descartó que una eventual articulación de otros sectores signifique el fin del Centro Democrático. En su opinión, el escenario puede generar una mayor competencia dentro de la derecha.El congresista señaló tres retos para su partido: continuar con la renovación, consolidar a quienes permanecen en sus filas y recuperar a personas que estarían evaluando otras alternativas políticas.“Los que deciden son los ciudadanos y los ciudadanos son los que toman esas decisiones”, concluyó.
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes atraviesa, según denunció el representante Daniel Briceño en entrevista con Recap Blu, una situación que mantiene paralizados los procesos que están bajo su competencia. El congresista aseguró que, dos meses después del inicio de la nueva legislatura, la corporación continúa sin los recursos necesarios para funcionar y que desde hace dos semanas están suspendidos los términos de más de 2.400 procesos. Vale reocordar que esta comisión tiene entre sus funciones conocer denuncias penales y quejas disciplinarias contra el presidente, el fiscal general y magistrados de las altas cortes.Briceño calificó la situación como preocupante y explicó que la falta de recursos estaría impidiendo avanzar en las investigaciones. “Seguimos sin plata, seguimos sin recursos”, afirmó el representante, quien añadió que actualmente no se estaría ejecutando ninguna actuación dentro de las investigaciones.Procesos contra el expresidente PetroUno de los puntos que más inquieta al congresista es la situación de los expedientes relacionados con el expresidente Gustavo Petro. Briceño aseguró que, como integrante de la comisión, actualmente no puede establecer con precisión cuántas investigaciones contra Petro permanecen activas, cuáles avanzan y cuáles fueron archivadas. “Yo hoy sinceramente no les puedo certificar cuántos casos tiene Petro dentro de la Comisión de Acusaciones porque ni siquiera hemos tenido acceso”, manifestó.Entre los procesos que generan interrogantes está el relacionado con la financiación de la campaña presidencial de Petro y el empresario Euclides Torres. Según explicó, los integrantes de la nueva comisión no tienen acceso a los expedientes hasta que estos sean asignados formalmente por la mesa directiva y la secretaría a los respectivos investigadores.“Hoy ni siquiera sabemos cuál fue el estado en que la comisión de acusaciones pasada dejó todas las investigaciones contra el señor Gustavo Petro”, sostuvo.El representante también mencionó que, según una denuncia de su compañero Hernán Cadavid, al cierre del año pasado habrían sido archivados más de 16 procesos contra Petro. Sin embargo, aclaró que no puede confirmar si entre esos expedientes se encontraba el relacionado con la financiación de la campaña o el de Euclides Torres. La situación expuesta por Briceño se produce mientras la propia Cámara mantiene publicada una resolución del 11 de septiembre de 2026 mediante la cual se suspendieron los términos judiciales y la atención al público en la Comisión de Investigación y Acusación. “Yo espero que por lo menos en un mes estemos hablando de que ya se repartieron los procesos y que ya algo se está impulsando”, concluyó.
Al cumplirse el primer mes del Gobierno de Abelardo De La Espriella, el senador Daniel Briceño hizo un balance de las primeras semanas de la nueva administración y destacó el cambio de enfoque frente a la seguridad y la política de paz. En entrevista con Recap Blu, de Blu Radio, el congresista también cuestionó el funcionamiento de la Comisión de Acusaciones.Uno de los principales puntos abordados por Daniel Briceño fue el cambio en la política de seguridad frente a los grupos armados y estructuras criminales. El senador aseguró que el Gobierno De La Espriella está modificando la lógica que, según él, predominó durante la administración de Gustavo Petro.“El delincuente vuelve a ser delincuente y la gente de bien vuelve a ser gente de bien”, afirmó Briceño al referirse al giro que, a su juicio, está teniendo el Gobierno frente a la llamada Paz Total y el tratamiento de los grupos armados.El senador también se refirió a las reacciones del expresidente Gustavo Petro tras la muerte de alias Bendito Menor, quien había sido reconocido como vocero de paz durante el anterior Gobierno. Briceño dijo estar sorprendido por la indignación expresada por Petro frente a este caso.“Yo estoy muy sorprendido. Bueno, el país está muy sorprendido por las reacciones del señor expresidente Gustavo Petro frente a la caída de alias Bendito Menor”, señaló el congresista durante la entrevista con Recap Blu.Según Briceño, durante el Gobierno Petro hubo una postura diferente frente a hechos de violencia contra otros sectores de la población. Como ejemplo, mencionó el asesinato de Miguel Uribe Turbay y cuestionó las declaraciones que, según él, terminaron revictimizando a la familia del senador asesinado.El congresista también aseguró que esperaba haber visto una reacción similar frente a los asesinatos de líderes sociales. “Tampoco vi yo al señor Petro indignado por los asesinatos de tantos líderes sociales, muchos que eran de su propio partido, de su propio movimiento”, afirmó.Para Briceño, uno de los principales cambios del nuevo Gobierno está relacionado con la forma de abordar a las organizaciones criminales. El senador sostuvo que la política de Paz Total había planteado una lógica en la que algunos integrantes de grupos ilegales pasaban a ser considerados gestores o voceros de paz.En ese contexto, mencionó el caso de Bendito Menor, a quien señaló como una persona que había sido reconocida como vocero de paz mediante un decreto durante el Gobierno Petro. Para Briceño, ese modelo está siendo reemplazado por una política de mayor contundencia contra las estructuras criminales.Además del balance de seguridad, Daniel Briceño habló sobre la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, instancia encargada de investigar a altos funcionarios y aforados constitucionales. Según el senador, la comisión atraviesa una grave crisis presupuestal que está afectando su funcionamiento.Briceño afirmó que la comisión recibió el nuevo periodo legislativo prácticamente sin recursos, después de que la anterior administración gastara en seis meses el presupuesto que, según su denuncia, debía alcanzar para un periodo más amplio.“La crisis de la comisión en este momento es tan grande que ni siquiera nos han repartido el primer proceso”, aseguró el senador, quien explicó que existen alrededor de 2.450 expedientes pendientes de clasificación y reparto.El congresista advirtió que la falta de recursos puede tener consecuencias sobre los procesos porque los términos judiciales continúan corriendo. Según explicó, las prescripciones, caducidades y demás incidencias procesales no quedan suspendidas por la falta de funcionamiento de la Comisión de Acusaciones.“Se está enviando un mensaje de impunidad”, sostuvo Briceño, al cuestionar que, después de un mes de instalada la nueva comisión, los representantes todavía no hayan recibido los expedientes que deberán investigar.El senador también hizo un llamado al Ministerio de Hacienda y a la Presidencia de la Cámara de Representantes para encontrar una solución presupuestal. Según explicó, serían necesarios pocos funcionarios adicionales, principalmente abogados, para clasificar y repartir los miles de procesos acumulados.Briceño aseguró que algunos expedientes todavía se encuentran en formato físico y no han sido digitalizados. Por eso, consideró urgente fortalecer la Secretaría de la Comisión de Acusaciones para evitar que los procesos contra altos funcionarios queden estancados.El senador también señaló que no todos los expedientes corresponden al expresidente Gustavo Petro. Dentro de los 2.450 procesos, explicó, también aparecen investigaciones relacionadas con la fiscal general, magistrados de las altas cortes, expresidentes y otros aforados.En ese sentido, Briceño pidió ampliar la discusión sobre el papel de la Comisión de Acusaciones y recordó casos como el denominado cartel de la toga. A su juicio, la corporación también debe revisar posibles hechos de corrupción y actuaciones irregulares relacionadas con integrantes de las altas cortes.“Puede haber impunidad para cualquiera de ellos si seguimos a este ritmo”, advirtió el senador, al referirse al riesgo que representa la falta de recursos y de reparto de los procesos.Finalmente, Briceño destacó como uno de los aspectos positivos del primer mes del Gobierno De La Espriella la presencia del mandatario en las zonas afectadas por el terremoto y su acercamiento con el sector privado.El senador resaltó especialmente la articulación entre empresarios y Gobierno para avanzar en la reconstrucción de regiones afectadas como el Chocó, el Valle del Cauca y el Eje Cafetero. Aunque reconoció que existen errores y aspectos por mejorar, consideró relevante que la administración haya buscado involucrar al sector privado.“Más que los nombres de los empresarios que haya podido convocar, lo importante es que haya logrado unir al sector privado y al sector público”, concluyó Briceño al hacer su balance de las primeras semanas del Gobierno de Abelardo De La Espriella
El debate sobre los llamados impuestos saludables volvió al centro de la discusión política en Colombia. El representante a la Cámara Daniel Briceño, del Centro Democrático, anunció junto con la representante Carol Borda, de Salvación Nacional, un proyecto de ley que busca eliminar los gravámenes establecidos sobre las bebidas azucaradas y los productos ultraprocesados, implementados a partir de la reforma tributaria de 2022.Briceño aclaró que la iniciativa no pretende eliminar los sellos negros u octágonos que aparecen en los empaques para advertir a los consumidores sobre los niveles de azúcar, sodio u otros componentes. La propuesta, explicó, busca retirar exclusivamente el componente tributario.“Nuestro proyecto de ley no busca quitar las etiquetas, es decir, la información de que la gente sepa si eso es alto en sodio, si eso tiene unos niveles de azúcar y demás, sino que lo que busca es atacar el impuesto a las bebidas azucaradas y a los ultraprocesados”, aseguró el congresista.Briceño cuestiona el efecto de los impuestos sobre la saludEl principal argumento del representante es que todavía no existe, según su interpretación de la evidencia disponible, una demostración concluyente de que estos impuestos hayan producido una mejora en los indicadores de salud de los colombianos.Briceño sostiene que una medida que incrementa el precio de determinados productos debe demostrar que efectivamente modifica los hábitos de consumo y genera el resultado sanitario que justificó su creación.“Hoy no hay un estudio que diga que ponerle impuestos a la bebida azucarada y a los ultraprocesados mejora la salud de los colombianos”, afirmó durante la entrevista.El congresista también cuestionó que se pretenda esperar varios años para evaluar los efectos sanitarios de una política que ya está generando un recaudo tributario. En su opinión, no debería cobrarse el impuesto durante una década mientras se espera determinar si cumplió o no con sus objetivos.En ese sentido, puso como ejemplo el caso de México, país que suele ser citado en la discusión internacional sobre impuestos a las bebidas azucaradas. Según Briceño, aunque allí se ha registrado una reducción en la compra de determinados productos, también habría ocurrido un desplazamiento hacia otras alternativas.El argumento fiscal: un impuesto que va a la bolsa generalOtro de los puntos centrales de la propuesta es el destino de los recursos recaudados. Durante la entrevista se señaló que el impuesto generó 2,8 billones de pesos en 2024, mientras que en lo corrido del año mencionado en la conversación el recaudo alcanzaba 1,9 billones de pesos, según cifras atribuidas al Ministerio de Hacienda.Para Briceño, el hecho de que estos recursos ingresen a la bolsa general del Estado constituye una razón adicional para cuestionar que sean presentados como una herramienta directamente destinada a mejorar la salud.“Si esto es una fuente de recaudo, pues díganle sobre la mesa, vamos a recaudar plata gravando estos elementos, pero no le mientan a la gente diciendo vamos a mejorar la salud con este recaudo”, sostuvo.El representante también calificó el impuesto como regresivo y afirmó que la carga tendría un mayor impacto sobre los hogares de menores ingresos y sobre los pequeños comerciantes.Según su planteamiento, los tenderos de estratos 1, 2 y 3 también sentirían el efecto debido al aumento de precios de productos que forman parte de su inventario habitual.La respuesta de los epidemiólogosLa posición de Briceño contrasta con la defendida por Yessica Giraldo, epidemióloga y doctora en epidemiología y bioestadística, integrante de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Epidemiología.Giraldo sostuvo que sí existe evidencia científica sobre los efectos de los impuestos saludables y pidió diferenciar entre los resultados que pueden medirse en el corto plazo y aquellos que requieren más años de seguimiento.“La evidencia actual sí es clara y es robusta, y que los impuestos saludables definitivamente tienen un impacto en la salud a nivel masivo, es decir, a nivel colectivo, a nivel de la salud pública”, afirmó.La epidemióloga explicó que los estudios no deben limitarse exclusivamente a medir, después de dos años, si disminuyó la incidencia de enfermedades. Antes de llegar a esos desenlaces, existen indicadores relacionados con el consumo y los cambios de comportamiento.México y Reino Unido, dos referencias en la discusiónGiraldo señaló que la evidencia internacional constituye un elemento fundamental para analizar políticas que en Colombia llevan relativamente poco tiempo de implementación.Como referencia, mencionó el caso de México, donde los impuestos sobre productos asociados al consumo de azúcares llevan varios años. De acuerdo con la especialista, investigaciones publicadas en revistas científicas han encontrado reducciones en las compras de determinados productos.“Está el caso, como bien se ha mencionado, de México, y está publicado ese caso en The British Medical sobre cómo la reducción promedio de compras de estos ultraprocesados ricos en azúcares y grasas disminuyó hasta en un 12% al cuarto año de la medición”, explicó.También citó un estudio publicado en PLOS Medicine sobre Reino Unido, donde, según señaló, se observó una reducción del 8% en la prevalencia de obesidad en niñas después de la implementación de políticas relacionadas con estos productos.La especialista insistió en que la evaluación de los impuestos saludables debe hacerse teniendo en cuenta diferentes niveles de evidencia y escalas de tiempo. Por eso, considera prematuro exigir a Colombia resultados definitivos sobre indicadores de salud apenas dos años después de la implementación.
En medio del reacomodo político tras las elecciones legislativas de 2026, el representante electo Daniel Briceño aseguró que existen diferencias con figuras de la derecha colombiana. Durante una charla con Recap Blu, Briceño habló de la oposición en Bogotá y el país: “le faltó un poco más de ejercer su papel de oposición”, refiriéndose al desempeño de Juan Daniel Oviedo en su paso por el Concejo de Bogotá.La declaración cobra relevancia porque Oviedo es fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático. Ante esto, el ahora congresista no solo evaluó su gestión pasada, sino que también dejó ver diferencias de enfoque dentro del mismo espectro político.Briceño, quien llega al Congreso con más de 260.000 votos, aseguró que su apuesta será trasladar su trabajo de denuncias a resultados concretos. Según explicó, no basta con exponer irregularidades en redes sociales o medios, sino que es clave hacer seguimiento a las entidades encargadas de investigar.“Lo primero que hay que hacer es controlar a quienes controlan”, afirmó, al cuestionar el papel de organismos como la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía. Para el nuevo congresista, muchas denuncias se quedan sin avances porque estas instituciones no responden con la rapidez o contundencia necesarias.Briceño propone control político y agenda legislativaEn esa línea, explicó que su trabajo en el Congreso buscará cerrar la brecha entre denuncia y acción. “Podemos pasar de la denuncia a la acción y de esa acción a resultados concretos”, dijo, anticipando que impulsará debates de control político a nivel nacional.Además, anunció una agenda legislativa enfocada en educación, movilidad y seguros. Entre sus propuestas están ampliar los colegios en concesión, implementar evaluación docente por resultados, eliminar el sistema de patios y grúas y reformar el modelo del SOAT para premiar a los buenos conductores.El congresista también dejó clara su postura frente a una eventual reforma tributaria del Gobierno, anticipando que será oposición. A su juicio, antes de pensar en nuevos impuestos, el Estado debe reducir el gasto. “Si aquí no hay una reforma donde se reduzca el derroche, va a ser muy difícil acompañarla”, afirmó.Críticas a Oviedo y diferencias dentro del Centro DemocráticoBriceño evaluó la labor de Juan Daniel Oviedo, hoy fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. Aunque reconoció que fue “un buen concejal” y destacó su nivel técnico, insistió en que su rol como opositor quedó corto.“Muchas veces se le olvidó que él era la curul de la oposición”, aseguró Briceño, señalando que en momentos clave faltó mayor firmeza frente a la administración distrital.También evidenció diferencias en temas de educación, especialmente sobre el papel del Estado en la formación de los niños. A pesar de esto, bajó el tono de la crítica y respaldó su nuevo rol en la contienda nacional. “Con mis reservas, me parece que va a hacer un buen papel”, agregó.Finalmente, Briceño dejó claro que su estilo político no cambiará con su llegada al Congreso. Prometió mantener presencia en territorio y una postura crítica frente al Gobierno y las instituciones, con el objetivo de consolidarse como una de las voces visibles de la oposición en el país.
En medio de una creciente tensión política, el representante electo por el Centro Democrático, Daniel Briceño, ha respondido de manera contundente a los señalamientos del gerente de RTVC, Holman Morris, quien lo acusó de construir "tribunales mediáticos" en redes sociales sin acudir a las autoridades competentes. Briceño, conocido por su activo control político en plataformas digitales, aseguró que su ejercicio no se limita a la opinión pública, sino que constituye el primer paso de un proceso legal formal contra la presunta corrupción y el mal manejo de recursos públicos.La controversia escaló luego de que Morris afirmara que Briceño evitaba interponer denuncias ante la Procuraduría o la Contraloría. Ante esto, el representante electo fue enfático en señalar que sus publicaciones en la red social X son puramente informativas y que siempre van acompañadas de acciones legales. "Cada vez que yo saco una denuncia en redes sociales, eso viene después acompañado con denuncias a los órganos de control dependiendo quién sea el competente", afirmó Briceño, subrayando que su equipo adelanta quejas disciplinarias, denuncias ante la Fiscalía e incluso acciones populares.Briceño reveló que su labor de fiscalización es constante y rigurosa, al punto que debe asistir semanalmente a las instituciones de justicia. "Yo sí estoy muy tranquilo porque cada cosa que yo saco en redes sociales va acompañado o bien de una queja disciplinaria o una denuncia ante la Fiscalía o también de un reporte a la Contraloría", puntualizó.Presuntas irregularidades en contratos de RTVCUno de los puntos centrales de la entrevista fue la denuncia sobre gastos de alimentación y lujos en RTVC que estarían siendo cubiertos con dineros del Estado. Briceño cuestionó la legalización de gastos por cerca de 100 millones de pesos a través de un contrato de prestación de servicios de una persona natural, cuyo valor inicial era de apenas 30 millones. Según el representante, este mecanismo es "supremamente extraño", ya que RTVC cuenta con operadores logísticos especializados para eventos y recepciones.Sobre las facturas en restaurantes, Briceño advirtió que esto podría ser solo la punta del iceberg de una práctica sistemática. "Se están legalizando muchos gastos que deberían ir por operador logístico y se están haciendo, que son lujos de funcionarios públicos dentro de RTVC", denunció.Cuestionamientos a la Cancillería y la opacidad estatalEl control político de Briceño se ha extendido a otras entidades, como la Cancillería, donde denunció gastos superiores a los 100 millones de pesos en salas VIP del aeropuerto El Dorado durante la gestión de Luis Gilberto Murillo. El representante lamentó la falta de transparencia del Gobierno, señalando que muchas veces se le niega la información bajo el argumento de confidencialidad."Llevo 7 meses, le pedí al Inpec que me dijeran con quién se había reunido la senadora Isabel Zuleta en sus entradas a las cárceles y ni siquiera con la orden de tutela me han querido responder", relató Briceño.
En Bogotá no hubo una reconfiguración política total en cuanto a la representación en la Cámara, pero sí se notan los cambios después de las elecciones de ayer. El más significativo fue generado por los votos que alcanzó Daniel Briceño, quien se convirtió en el congresista más votado del país en los comicios legislativos y en el tercero con más apoyos en la historia de la corporación, solo superado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y Antanas Mockus.Aunque el Pacto Histórico obtuvo más curules, con 8, solo aumentó una, pero el Centro Democrático pasó de 2 en la actualidad a tener 6 a partir del próximo 20 de julio, cuando inicie la nueva legislatura 2026-2030.También ahora tendrá una curul por Bogotá Salvación Nacional. En contraste, Cambio Radical quedó sin representación.Los electosPor el Pacto Histórico resultaron electos Heráclito Landínez, María Fernanda Carrascal Rojas, Gabriel Becerra, Laura Daniela Beltrán (Lalis), María del Mar Pizarro, Daniel Mauricio Monroy Hernández, Claudia Teresa Romero Nader y Jairo León Vargas.El Centro Democrático, que ahora tendrá 6 curules, estará representado por Daniel Briceño, José Jaime Uscátegui, Nelly Patricia Mosquera, David Gerardo Cote, Luz Marina Gordillo y Josías Fiesco. Este último va ganando con 28 votos sobre Jesús Lorduy, por lo que se espera que se definirá en el escrutinio el nombre final.La Alianza Verde tendrá una curul menos en Bogotá y solo serán dos representantes: Catherine Juvinao y Mauricio Toro.El Partido Liberal mantiene una curul con Bleidy Pérez Ballestas y Salvación Nacional tendrá como congresista a Carol Stefanny Borda Acevedo.De los 18 representantes a la Cámara electos por Bogotá, solo 6 lograron la reelección: cuatro del Pacto Histórico —Heráclito Landínez, María Fernanda Carrascal, Gabriel Becerra y María del Mar Pizarro—; por el Centro Democrático, José Jaime Uscátegui; y por la Alianza Verde, Catherine Juvinao.No alcanzaron la votación necesaria Carolina Arbeláez, de Cambio Radical; Irma Luz Herrera, del partido MIRA; Julia Miranda, del Nuevo Liberalismo; y Carlos Alberto Carreño, de Comunes (exFarc), colectividad que no alcanzó el umbral requerido para optar a una curul.
Un avión de la aerolínea AirCaribe que cubría la ruta entre Quito (Ecuador) y Curazao se declaró en emergencia este jueves 12 de noviembre tras reportar problemas en el tren de aterrizaje y aterrizó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.Según las autoridades, la aeronave aterrizó en la pista 14 del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, luego de que la tripulación adelantara el procedimiento de quema de combustible antes de iniciar la aproximación. Hasta el momento no se reporta ninguna persona lesionada.¿Por qué el avión quema combustible antes de aterrizar?Aunque puede generar preocupación entre pasajeros y familiares, quemar combustible es un procedimiento habitual en este tipo de emergencias. Indica que la tripulación tiene la situación bajo control y prepara el aterrizaje con calma. No significa que el peligro esté aumentando.El procedimiento cumple tres objetivos. Primero, reducir el peso, pues un avión despega con más peso del que puede soportar con seguridad al aterrizar; si el vuelo lleva poco tiempo en el aire, la aeronave debe bajar de peso para no superar el peso máximo de aterrizaje. Luego, poder aterrizar a menor velocidad: con menos peso, la velocidad de aterrizaje baja. Así el avión necesita menos pista y puede mantener la nariz levantada por más tiempo antes de apoyarla en el suelo, algo clave cuando hay dudas sobre el tren de aterrizaje.El último objetivo de la quema de combustible en un aeronave es disminuir el riesgo de incendio, pues con menos combustible a bordo, hay menos material que pueda arder si se producen chispas al tocar tierra.Las autoridades aeroportuarias activaron los protocolos de emergencia y los equipos de bomberos aeronáuticos permanecen en alerta en la pista.
Luto en el fútbol argentino tras conocerse la muerte de Carlos Babington, leyenda de ese fútbol y que pasó por el Junior de Barranquilla en la década de los 80s. A lo largo de su carrera, se ganó el corazón de miles de aficionados que lo recuerdan con cariño. Huracán y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fueron los primeros en pronunciarse al respecto y lamentaron su muerte, en especial el 'Globo', club en donde se hizo leyenda: "El Club Atlético Huracán lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, campeón de 1973, técnico, presidente de la Institución y uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino", expresaron.Junior también recordó con cariño el pasado del futbolista que defendió los colores de Argentina en el Mundial de 1974. Conocido como 'El Lord', en su pasó por la Arenosa fue subcampeón del fútbol colombiano y fue figura en Copa Libertadores en 1984."Hoy despedimos a un jugador que hizo parte de nuestra historia y que siempre guardó un especial recuerdo de su paso por Barranquilla. Paz en su tumba y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y al fútbol argentino", expresó el cuadro barranquillero.Muchos llegaron a comparar su calidad con Garrincha y es que, dicen, manejaba la pelota parecido al astro brasileño y tenía un estilo de juego que pocos futbolistas tenían en ese momento en el FPC. Con la camiseta del Tiburón disputó 34 partidos y anotó 26 goles, un registro extraordinario para un mediocampista ofensivo.Se desconoce con exactitud la causa de su fallecimiento este miércoles, 11 de noviembre, pero, según medios locales, habría sido en el interior de su vivienda en total tranquilidad y fue un tema de edad. La noticia ha dejado un luto importante en Argentina y los corazones rojiblancos de un futbolista que dejaba todo en la cancha.
De las palabras a las pruebas.Ese es el camino que comienza a recorrer la Fiscalía para intentar determinar la veracidad de las acusaciones de la exconsejera presidencial Eva Ferrer en contra de la ex primera Dama de la Nación Verónica Alcocer.El hecho más reciente en este caso es la decisión de una fiscal de la unidad especializada contra el narcotráfico, revelada por Blu Radio, que citó a declarar a Ferrer el próximo 24 de noviembre en el marco de una investigación por “tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”.Esta citación confirma que la Fiscalía ya comenzó una indagación, que hasta ahora no se conocía, para determinar la veracidad de las acusaciones de la catalana Ferrer en entrevista con la revista Semana, el pasado 10 de octubre, según las cuales, Verónica Alcocer habría estado involucrada en un supuesto caso de tráfico de drogas a Venezuela en el avión oficial que se dejó a su disposición como primera dama.En esa citación, Ferrer tendrá que relatar en detalle lo que sabe sobre ese episodio y en caso de que tenga elementos adicionales que puedan demostrarlo, tendrá que aportarlos a la Fiscalía. Hasta ahora no se sabe si la catalana tiene fotos, videos u otro tipo de documentos para sustentar sus afirmaciones.Sobre esta citación, el abogado Ricardo Gaviria, defensor de la exprimera Dama Verónica Alcocer, emitió un comunicado en el que afirmó que se ha declarado siempre dispuesto a comparecer ante la justicia para esclarecer las acusaciones por narcotráfico en su contra, las cuales insiste en señalar que “jamás ocurrieron”.Esta investigación es diferente a la que ya adelanta la Fiscalía con base en unos audios de conversaciones de Ferrer con un interlocutor no identificado, en los que habla de posibles casos de corrupción y de irregularidades en contratos durante el gobierno de Gustavo Petro.Sobre esos casos, Ferrer, quien recientemente estuvo declarando ante las autoridades judiciales estadounidenses, aportó en Colombia una copia de conversaciones de chat con varias personas, entre ellas el expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa y con el expresidente Gustavo Petro.
El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, visitó a los militares que permanecen hospitalizados en el Hospital Universitario de Santander, en Bucaramanga, luego de resultar heridos en el ataque con drones contra las instalaciones del Batallón de Selva N.º 48, ocurrido el pasado 7 de noviembre en Santa Rosa del Sur, Bolívar.Al centro asistencial fueron trasladados inicialmente 15 soldados. Sin embargo, ocho de ellos ya recibieron el alta médica, mientras que los otros siete continúan bajo atención del personal de salud, que acompaña su proceso de recuperación.Durante el recorrido, el ministro agradeció al equipo médico y asistencial del HUS por el trabajo realizado para atender a los uniformados y destacó el compromiso de la institución, del gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, y del gerente del hospital, Ricardo Arturo Hoyos Lanziano.“Sabemos el esfuerzo que ustedes han hecho para ayudarnos a sacar adelante a nuestros soldados. La patria y el pueblo colombiano no les dejará de agradecerles esto”, manifestó Mora López durante su visita.El funcionario también resaltó la calidad humana del personal médico y recordó las condiciones de vulnerabilidad de algunas de las familias de los militares heridos, quienes han recibido acompañamiento durante esta situación.La visita contó con la presencia de representantes del Ejército Nacional y se convirtió en un espacio para reconocer la labor del personal de salud que ha participado en la atención de los uniformados, mientras avanzan en su recuperación tras el ataque terrorista.
Juliana Návila Gómez Anaya, representante de Sucre en el Concurso Nacional de Belleza 2026, rompió su silencio luego de convertirse en protagonista de una discusión en redes sociales. La candidata respondió a los cuestionamientos que surgieron por un video grabado durante una de las actividades del certamen en Cartagena.La controversia comenzó por una escena registrada antes de una fotografía oficial, en la que también participaban Valery Martínez, señorita Tolima, y Valentina Duque, representante del Valle del Cauca. En el fragmento, Gómez Anaya aparece realizando movimientos con sus brazos mientras las tres aspirantes se organizaban para posar.La difusión del material provocó distintas interpretaciones entre los internautas, especialmente por la manera en que la candidata sucreña interactuó con sus compañeras. Algunos usuarios consideraron que habría intentado modificar la ubicación de las otras participantes para conseguir mayor protagonismo frente a las cámaras.Sin embargo, con la grabación no se puede establecer de manera concluyente la intención con la que la participante por Sucre del movimiento que terminó generando la polémica. Mientras una parte de los comentarios cuestionó a la aspirante, otros usuarios advirtieron, precisamente, que no es posible determinar lo ocurrido únicamente con las imágenes conocidas.¿Por qué están criticando a la señorita Sucre en redes sociales?Frente a la controversia, Juliana Návila decidió dirigirse a quienes han comentado el episodio y explicó que su pronunciamiento buscaba transmitir su perspectiva sin confrontaciones. "Decidí hacer este video de la forma más sencilla, más honesta, más humana posible", aseguró por medio de sus redes sociales.La candidata también reconoció que la situación ha sido difícil de afrontar emocionalmente, debido a la cantidad de mensajes y cuestionamientos que ha recibido. "Estoy triste, es algo que, al final de cuentas, no somos de hierro", manifestó, explicando cómo se ha sentido durante los últimos días.Uno de los aspectos que quiso aclarar fue la percepción de arrogancia que surgió después de la viralización del video. "No soy tan egocéntrica como todo el mundo me ha querido hacer ver", expresó Gómez Anaya, al rechazar las interpretaciones que la señalaron por supuestamente querer sobresalir sobre las demás candidatas.La representante sucreña insistió en que el episodio no afectó la convivencia entre las participantes y aseguró que no existe ningún problema personal con Martínez ni Duque. "Yo con mis compañeras estamos absolutamente bien. La verdad es que no pasó nada", afirmó durante su intervención.Además de defender su relación con las otras aspirantes, Gómez Anaya lamentó que la discusión también haya generado comentarios negativos contra ellas. "Me duele por ellas, porque sé que a ellas también les están escribiendo cosas que tampoco se lo merecen", dijo, pidiendo que no se conviertan en blanco de ataques.La señorita Sucre invitó a los internautas a considerar que detrás de las imágenes hay personas y circunstancias que no necesariamente quedan reflejadas en una grabación. "Al final del día solo somos tres mujeres maravillosas que vinieron a un reinado de belleza a gozárselo", expresó, al descartar que exista una rivalidad.¿Seguirá la señorita Sucre en el Concurso Nacional de Belleza?En la parte final de su mensaje, la candidata recordó que un fragmento breve no representa necesariamente la personalidad ni las acciones de alguien. "Una imagen, un video de cinco segundos, no define a una persona", señaló, al referirse a las conclusiones que se han difundido sobre su comportamiento.Gómez Anaya también dejó claro que seguirá adelante con su participación en el Concurso Nacional de Belleza 2026, pese a la controversia que se generó en plataformas digitales. La aspirante manifestó que no permitirá que la situación afecte el esfuerzo y la preparación que ha dedicado al certamen durante varios meses."Quiero seguir dando todo de mí en este reinado y no voy a permitir que un segundo, que cinco segundos dañen lo que he venido construyendo desde hace muchos meses", sostuvo. Finalmente, expresó su confianza en superar este momento y recordó las palabras de apoyo que recibió de su madre: "Después de la tormenta siempre viene la calma", finalizó.