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Álex Saab pide a Cabo Verde cumplir una orden judicial que permite la visita de su familia

“Mi familia puede permanecer conmigo mientras estoy bajo arresto domiciliario restrictivo, por lo que no puede haber excusa para el retraso en la expedición” de la visita, dice la carta enviada por Saab.

Álex Saab
Álex Saab / Foto: cortesía

El empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro , pidió hoy el cumplimiento de una orden judicial que permite a su familia visitarle en Cabo Verde, donde está detenido a petición de Estados Unidos, que lo relama por supuesto blanqueo de dinero.

El Tribunal de Apelaciones de Barlovento, situado en la isla caboverdiana de San Vicente, "ha dictaminado que mi familia puede permanecer conmigo mientras estoy bajo arresto domiciliario restrictivo, por lo que no puede haber excusa para el retraso en la expedición del visado de mi familia", afirmó Saab en una carta divulgada por sus abogados y dirigida al pueblo de Cabo Verde.

"En el caso del visado para mi familia, el Gobierno de Cabo Verde afirma que su presencia en el país 'ejerce una presión indebida sobre el sistema legal', mientras que la Policía habla de 'preocupaciones de seguridad'", alega el empresario.

"Por mucho que lo intente, no puedo ver qué amenazas concretas pueden representar para el sistema judicial de Cabo Verde mi esposa y mis hijas, de 4 años y 18 meses, pueden representar", argumenta.

Sus abogados ya denunciaron la semana pasada que las autoridades caboverdianas se niegan a expedir visados a su esposa y sus dos hijas, a pesar de que lo permite el citado tribunal.

Saab también recordó que el mismo tribunal ordenó el pasado 31 de agosto su traslado desde la isla de Sal, donde se encuentra bajo arresto domiciliario, a la capital caboverdiana, Praia, para recibir atención médica especializada ante el deterioro de su salud.

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"Resulta que siete semanas después, casi dos meses después, sigo detenido en Sal, mientras mi salud se deteriora gradual e irremediable", subraya.

"En resumen, estamos ante dos decisiones judiciales claras y objetivas a las que las autoridades políticas y policiales de Cabo Verde se oponen", concluye el empresario, al agregar que se trata de "dos negativas incomprensible y absolutamente ilegales".

La carta se publicó después de que el pasado martes su equipo legal pidiera al Tribunal de Apelaciones de Barlavento que revise y archive la causa de su extradición a Estados Unidos.

El pasado día 8, la defensa también informó de que presentó una solicitud de nulidad de la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de Cabo Verde de aprobar este septiembre la constitucionalidad de su extradición.

El TC dio la razón a dos instancias inferiores, el Tribunal de Apelaciones de Barlavento y el Tribunal Supremo, y al propio Gobierno caboverdiano, que ya habían autorizado la entrega de Saab.

Hasta la fecha, todos los intentos legales de detener su entrega han resultado fallidos ante la Justicia caboverdiana.

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El empresario fue detenido el 12 de junio de 2020 cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla de Sal, respondiendo así a una petición de EE. UU. cursada a través de Interpol, pero la defensa alega que esa alerta se emitió después del arresto.

Tras su detención, Venezuela aseguró que Saab es un ciudadano venezolano y un "agente" del Gobierno, que se hallaba "en tránsito" en Cabo Verde, por lo que sus abogados sostienen que "tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela".

El nombre del empresario, de 49 años, apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros del presidente venezolano.

Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar alimentos y víveres con sobreprecios a la Administración de Nicolás Maduro.

El empresario y tres hijastros de Maduro se lucraron de estas operaciones con "cientos de millones de dólares", según las autoridades estadounidenses.

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