Corte Constitucional suspende investigaciones contra Dina Boluarte por ser mandataria en ejercicio
Boluarte enfrenta investigaciones en la Fiscalía por muertes de al menos 49 personas durante la ola de protestas acontecida tras su llegada al poder, luego de la detención y encarcelamiento de Pedro Castillo por su fallido intento de golpe de Estado.
Los congresistas del Parlamento de Perú mostraron tanto su rechazo como su apoyo a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó este martes suspender de inmediato todas las investigaciones abiertas contra la presidenta, Dina Boluarte, al considerar que los jefes de Estado no pueden ser investigados en su gestión, salvo por los delitos que permite la Constitución.
Los parlamentarios conservadores respaldaron en su mayoría esta sentencia del TC, conformado por una mayoría de jueces también conservadores, mientras que los legisladores de izquierda fueron críticos con el fallo.
El congresista del partido fujimorista Alejandro Aguinaga dijo que la sentencia es un correctivo frente "al festival de acusaciones que se está realizando contra muchos altos funcionarios".
"Lo que menos podría pensar del máximo intérprete de la Constitución es que haga un blindaje", dijo el parlamentario sobre la posibilidad de que esta sentencia sea una protección a la mandataria.
El congresista conservador Alejandro Cavero defendió al TC al señalar que la sentencia no está pensada en Dina Boluarte, sino en quien esté ejerciendo la Presidencia de la República.
"No es un blindaje a la presidenta, se está cuidando la investidura presidencial, independientemente del nombre", afirmó, por su parte, el ultraconservador José Cueto.
En cambio, los parlamentarios de izquierda se mostraron en contra de la sentencia al afirmar que se trata de un blindaje a la mandataria.
Publicidad
"El Tribunal Constitucional acaba de darle un salvavidas al régimen corrupto y asesino de Dina Boluarte, suspendiendo las investigaciones fiscales en su contra sobre la masacre de 49 peruanos y más de 1.000 heridos durante las protestas de 2022 y 2023", indicó la parlamentaria de izquierda Margot Palacios del partido Juntos por el Perú.
También la criticó el congresista Edward Málaga, quien aseguró que hay que respetar los fallos del TC pero recordó que el Congreso inhabilitó a la entonces fiscal general, Zoraida Ávalos, por no haber investigado al expresidente Pedro Castillo (2021-2022).
"Se puede discrepar, hay que discrepar, porque en este contexto que vivimos con la presidenta Dina Boluarte, este fallo puede y debe ser interpretado como uno político. Se le está dando una mano a la presidenta en las investigaciones plenamente justificadas en su contra", declaró en los pasillos del Legislativo.
Publicidad
El parlamentario del partido centroderechista Acción Popular Elvis Vergara expresó su desacuerdo puesto que "todo funcionario y la presidenta, con más razón, tienen que someterse a las investigaciones, para aclarar los hechos que se le imputan".
Dina Boluarte, presidenta de Perú
Foto: AFP.
Sentencia del TC
El Tribunal Constitucional ordenó suspender todas las investigaciones abiertas contra Boluarte, al considerar que los jefes de Estado no pueden ser investigados durante el ejercicio del poder salvo por los delitos por los que la Constitución permite su destitución.
El máximo tribunal de garantías de Perú declaró así fundada la demanda presentada por el Gobierno que sostenía que la persona que ejerza la Presidencia solo pueda ser investigada durante su mandato por los mismos delitos establecidos en el artículo 117, que permite destituir al jefe o jefa de Estado por traición a la patria, disolver el Congreso (Parlamento) indebidamente o impedir las elecciones.
Actualmente, Boluarte enfrenta numerosas investigaciones en la Fiscalía por las muertes de al menos 49 personas durante la ola de protestas acontecida tras su llegada al poder, luego de la detención y encarcelamiento de Pedro Castillo por su fallido intento de golpe de Estado, además de otras indagaciones por presunto enriquecimiento ilícito, entre otros posibles delitos.
La mandataria, que se encuentra en su último año de mandato como la gobernante más impopular de Latinoamérica al registrar apenas un 3 % de aceptación según varias encuestas, se encuentra también investigada por el caso 'Rolexgate' por haber recibido presuntamente sobornos en forma de regalos de lujo.
Asimismo, Boluarte enfrenta indagaciones por no haber informado públicamente de que estaría temporalmente incapacitada al someterse a una serie de cirugías estéticas y supuestamente haberse falsificado su firma en documentos oficiales durante su estancia en la clínica.