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El ministro de Estado de Asuntos Exteriores saudí, Adel al Yubeir, cuestionó la credibilidad de la investigación publicada este miércoles por la ONU, que vincula al príncipe heredero Mohamed bin Salman con el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado de su país en Estambul.
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"El informe incluye contradicciones claras y acusaciones sin fundamento que hacen cuestionar su credibilidad", aseveró Al Yubeir en su cuenta oficial de Twitter, en la primera reacción oficial del reino saudí ante las acusaciones contra el príncipe y otros altos cargos de la monarquía por el asesinato del periodista crítico el pasado octubre.
Añadió, además, que el informe de cien páginas presentado por la relatora de Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales, Agnes Callamard, "no es nada nuevo" y "repite en su informe no vinculante" datos ya publicados en los medios de comunicación.
Khashoggi, columnista del diario "The Washington Post" y crítico con la monarquía de su país, fue presuntamente asesinado y descuartizado por agentes saudíes en el consulado de Arabia Saudí en Estambul el 2 de octubre del año pasado, un suceso que generó una amplia condena en la comunidad internacional.
La muerte del periodista "constituye un crimen en el que otros Estados pueden aplicar la jurisdicción internacional, por lo que pido a éstos que tomen las medidas necesarias", subrayó en el texto la relatora, quien también citó la existencia de "evidencias creíbles" para investigar la responsabilidad de Bin Salman.
En el documento, que la próxima semana será presentado oficialmente ante el Consejo de Derechos Humanos, Callamard pide a la comunidad internacional que aumente las sanciones contra el príncipe saudí y sus propiedades, "hasta que pueda probar que no tiene ninguna responsabilidad".
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Al Yubeir indicó que a los juicios en marcha en el caso del asesinato de Khashoggi asisten representantes de las embajadas de los cinco países miembros permanentes del Consejo de Seguridad (China, Estados Unidos, Francia, Rusia y el Reino Unido), además de Turquía y organizaciones de derechos humanos saudíes, que no mencionó.
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El pasado 3 de enero, se inició la primera sesión del juicio contra los once acusados formalmente por el crimen. La Fiscalía saudí ha pedido la pena de muerte para cinco de ellos, sin identificarlos.
"El reino ordenó la realización de las investigaciones necesarias que llevaron a la detención de varias personas acusadas por el caso y los interrogatorios continúan y los juicios siguen su curso", aseveró Al Yubeir.
El informe de Naciones Unidas también critica la respuesta internacional al crimen, que considera "poco efectiva", y señala que sanciones como las impuestas por Estados Unidos contra 17 altos cargos saudíes (entre los que no se encuentra el príncipe Bin Salman) son "insuficientes" y deben ser incrementadas.
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Entre los sancionados por Estados Unidos sí se encuentran el antiguo asesor de la monarquía saudí Saud al-Qahtani, considerado el principal autor intelectual del asesinato, y Mohamad al Otaibi, cónsul en Estambul en el momento del crimen.
Al Yubeir rechazó "firmemente cualquier intento de perjudicar al liderazgo del reino o de sacar el caso del camino de la justicia del reino o de influir en él de la forma que sea", y agregó que "la soberanía del reino y el mando de sus instituciones judiciales en este caso es un tema que no se cuestiona"
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