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La directora de los servicios secretos españoles, Paz Esteban, cuestionada tras conocerse el espionaje a los teléfonos del presidente del gobierno Pedro Sánchez y numerosos independentistas catalanes, fue destituida este martes, anunció el Ejecutivo.
"El gobierno ha acordado hoy el cambio en la dirección del CNI" (Centro Nacional de Inteligencia), anunció la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la conferencia de prensa posterior al consejo de ministros, admitiendo que "hay deficiencias, hay fallos".
Además, el gobierno anunció que el celular del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, también fue espiado con el programa israelí Pegasus, como los de Sánchez y la propia Robles, tras concluir el examen de los terminales de todos los miembros del Ejecutivo.
El "caso Pegasus" --por el que el independentismo catalán, clave para la estabilidad parlamentaria del gobierno del socialista Pedro Sánchez, había exigido cabezas-- se cobra así la primera gran víctima.
Se ignora aún quien espió al gobierno, y, en cuanto a los independentistas catalanes, según trascendió tras una comisión parlamentaria, el CNI admitió haber vigilado a 18 dirigentes con orden judicial, incluido el presidente regional catalán Pere Aragonés cuando era vicepresidente, pero no a los 65 de los que habla este movimiento.
La secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, sustituirá a Esteban al frente del CNI, anunció Robles.
"No es suficiente"
La destitución de Esteban no aplacó a los independentistas catalanes, e indignó a la oposición.
"No es suficiente", dijo a la prensa Patricia Plaja, portavoz del gobierno catalán, que reclamó en días pasados la dimisión de Robles.
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"Sánchez consuma el esperpento y ofrece la cabeza de la directora del CNI a los independentistas, debilitando una vez más al Estado para buscar su supervivencia", aseguró en Twitter Alberto Núñez Feijóo, líder del primer partido de la oposición, el conservador Partido Popular.
Las explicaciones de Esteban el jueves ante una comisión parlamentaria no convencieron a los aliados parlamentarios del gobierno, la extrema izquierda y los independentistas catalanes y vascos.
El escándalo estalló antes, el 18 de abril, cuando la organización canadiense Citizen Lab identificó a más de 60 personas de la órbita separatista catalana cuyos teléfonos móviles habrían sido infectados entre 2017 y 2020 con el software de espionaje israelí Pegasus.
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¿Quién espía al gobierno?
El asunto dio un vuelco cuando el gobierno anunció la semana pasada que Pedro Sánchez y Margarita Robles, también fueron espiados mediante el mismo programa informático en mayo y junio de 2021.
El gobierno asegura que el pirateo de los teléfonos de Sánchez y de la ministra de Defensa y el del titular de Interior fue producto de un "ataque externo", sin más, aunque la prensa española especula con que Marruecos, con quien Madrid acaba de cerrar una crisis diplomática de casi un año, podría estar detrás.
Pegasus, que permite acceder a los datos o activar remotamente las cámaras y micrófonos de un teléfono, y la compañía israelí que lo creó, NSO, han sido criticados después de que un grupo de medios revelara el año pasado que este software fue usado para espiar a centenares de políticos, periodistas, activistas de derechos humanos y empresarios.
Pedro Sánchez es el primer jefe de gobierno que ha anunciado haber sido espiado mediante Pegasus. Hasta ahora, ningún jefe de Estado ha anunciado haber sido espiado con ese software.
Paz Esteban, de 64 años, licenciada en Filosofía y Letras, especialista en Historia Antigua y Medieval se convirtió en 2020 en la primera mujer en dirigir los servicios de inteligencia, para los que empezó a trabajar hace casi 40 años.
Servicios de inteligencia en la mira
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El CNI rinde cuentas al gobierno, al parlamento --a una comisión de secretos oficiales-- y a la justicia, a la que debe solicitar permiso para intervenir teléfonos.
Los servicios secretos españoles, que han vivido grandes reorganizaciones tras la llegada de la democracia en 1978, han protagonizado varios escándalos en las últimas décadas.
En 1995, unas escuchas telefónicas ilegales acabaron costándole el cargo a dos antecesores de Robles y Esteban, Julián García Vargas y Emilio Alonso Manglano, respectivamente, así como al vicepresidente del gobierno socialista de la época, Narcís Serra.
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Más recientemente, el anterior director del CNI, Félix Sanz Roldán, fue acusado por una examante del rey emérito Juan Carlos I de haberla hostigado para que no revelara secretos, algo que él negó.
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