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En la misiva dicen que la funcionaria simplemente está haciendo uso de sus facultades constitucionales y legales al investigar los distintos hechos delictivos, suscitados durante los meses de abril, mayo y junio de 2017 en medio de las protestas.
También repudian "los actos de hostigamiento, presión, injerencia, amenaza de poderes, públicos o privados, así como cualquier pretensión de remoción ilegal o arbitraria contra la Fiscal, los Fiscales y demás funcionarios que integran el Ministerio Público".
Además, expresan su solidaridad con estos funcionarios y sus actuaciones legales.
Así mismo, los procuradores y/o Fiscales manifiestan su preocupación por las declaraciones expresadas públicamente en contra de la labor del Ministerio Público de ese país y reafirman el rol que deben cumplir los Ministerios Públicos para mantener el Estado de derecho en los diversos países, "especialmente en momentos de convulsión social que ameritan la actuación de sus instituciones de justicia de forma oportuna, independiente y transparente para esclarecer todos los hechos que vulneren o pongan en riesgo bienes jurídicos superiores, como son la vida e integridad personal".
Finalmente, piden que se resguarde el rol de esta Fiscalía venezolana y de todos los Ministerios Públicos especialmente para salvaguardar los derechos y garantías del debido proceso, su independencia y autonomía.
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