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La justicia española autorizó la extradición a EEUU del exjefe de seguridad de Hugo Chávez

Adrián José Velásquez es señalado de corrupción y blanqueo de capitales junto a su pareja, la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén.

Seguridad Hugo Chávez
Seguridad Hugo Chávez
Foto: AFP - referencia

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en España, autorizó la extradición de Adrián José Velásquez a Estados Unidos para ser juzgado por, supuestamente, formar parte de una trama corrupta junto a su mujer, la extesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, en relación con el cambio de moneda extranjera efectuado para el Gobierno venezolano y el blanqueo de capitales en territorio norteamericano.

De acuerdo con la solicitud de extradición del Tribunal de Distrito Sur de Florida, desde 2008 hasta 2017, el empresario Raúl Gorrín Belisario, Claudia Patricia Díaz Guillén y el reclamado Adrián José Velásquez, participaron en una organización corrupta en relación con el cambio de moneda extranjera efectuado para el Gobierno venezolano.

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En total, Raúl Gorrín pagó cientos de millones de dólares en sobornos para asegurarse el derecho de participar en más de $1 mil millones en moneda de los Estados Unidos, en transacciones de cambio de moneda extranjera, que le reportaron ganancias de cientos de millones de dólares.

A partir de 2011 o alrededor de dicha fecha, Gorrín ofreció, prometió, autorizó y pagó sobornos a la entonces tesorera Claudia Patricia Díaz Guillén, incluso a través de Adrián José Velásquez, para influir e inducir sobre ella con el fin de que el empresario efectuase cambios de moneda extranjera para el gobierno venezolano.

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Además de los sobornos pagados a través de transferencias electrónicas a beneficio del matrimonio, Gorrín también compró y pagó gastos relacionados con aviones privados, yates, mansiones, caballos, relojes y una marca de diseñador de modas.

La Audiencia considera que en este caso se cumplen todos los requisitos necesarios para aprobar la extradición, como que los hechos sean delito en ambos países, que estén castigados con más de un año de prisión, así como que no estén prescritos.

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La decisión final tendrá que tomarla en las próximas fechas el Consejo de ministros, presidido por el presidente español Pedro Sánchez.

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