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Un nuevo ataque contra la prensa sacudió a Perú este fin de semana. El periodista Fernando Núñez Guevara, director del portal Kamila TV y dirigente de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) en Chepén, fue asesinado el sábado 6 de diciembre cuando regresaba de una cobertura en la provincia de Pacasmayo, en la región de La Libertad. El crimen ocurrió en un punto conocido como la Curva La Barranca, sobre la carretera Panamericana Norte.
Núñez Guevara se movilizaba en motocicleta junto a su hermano cuando hombres armados los interceptaron y les dispararon. El periodista murió en el lugar, mientras que su hermano permanece en estado crítico. Para la ANP, lo ocurrido representa una nueva alerta sobre el riesgo que viven quienes ejercen el oficio en zonas donde la violencia avanza sin freno.
La ANP confirmó que este es el tercer asesinato de un periodista en lo que va del año, después de los casos de Gastón Medina, en Ica, y Raúl Celis, en Iquitos. El gremio expresó su “profundo pesar” y condenó el crimen, al señalar que cada ataque a la prensa es también un golpe a la democracia y al derecho de la ciudadanía a estar informada.
El comunicado del gremio fue enfático al exigir a las autoridades una investigación exhaustiva y transparente. Además, pidió que la principal línea de indagación sea la relacionada con el trabajo periodístico de Núñez Guevara, como ha ocurrido en otros casos donde las víctimas habían denunciado situaciones de riesgo o corrupción en sus regiones.
Para la ANP, es fundamental que el Ministerio Público y la Policía Nacional actúen con celeridad para evitar que el caso termine engrosando la lista de crímenes sin resolver, una situación que, según advirtió, alimenta nuevos ataques y eleva el riesgo estructural que enfrentan los comunicadores en el país.
El asesinato de Núñez Guevara ocurre en un contexto marcado por la presión del crimen organizado y por denuncias recurrentes de amenazas a periodistas en zonas alejadas de Lima. Los ataques contra Medina y Celis —ambos perpetrados también por presuntos sicarios— evidencian que el riesgo se ha extendido a distintas regiones, desde la costa hasta la Amazonía.
Mientras el hermano del periodista continúa luchando por su vida, organizaciones defensoras de la libertad de prensa insisten en que el Estado debe garantizar protección efectiva a reporteros que trabajan en campo, especialmente en lugares donde las mafias y las economías ilegales han ganado terreno.
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