Los senadores republicanos Marco Rubio, Rick Scott y Jim Risch pidieron al presidente Joe Bidenmantener restricciones a empresas de Estados Unidospara que no comercialicen con entidades militares cubanas y reconocer al Gobierno de la isla "como uno de los principales patrocinadores estatales del terrorismo en el mundo".
En una carta de dos páginas dirigida este martes a Biden, los tres senadores aseguran que, en cumplimiento con la seguridad nacional de EE.UU. y el apoyo histórico a la búsqueda de la libertad del pueblo cubano, democracia y el respeto por los derechos humanos, la Administración de Biden no debe rescindir la Ley para la Democracia en Cuba (1992), conocida como Ley Torricelli.
Tampoco de la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas, de 1996, conocida como Ley Helms-Burton, que, ambas, establecen que las restricciones económicas solo se levantarán cuando se celebren elecciones libres.
Los congresistas denuncian que el Gobierno de La Habana permite al ELNy a las Farc utilizar la isla para planear atentados terroristas en Colombia.
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Aseguran que ahora excluir a las empresas de EE.UU. de la lista de entidades restringidas "será visto como una recompensa al régimen por su opresión de los manifestantes pacíficos, incluyendo menores de edad".
"En ningún momento durante la Administración de Obama el régimen -cubano- hizo esfuerzos para respetar la libertad de expresión, celebrar elecciones libres o deshacer sus atroces programas de trabajos forzados para profesionales médicos", indican.
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Los senadores recuerdan en la misiva que en respuesta a "los flagrantes abusos a los derechos humanos del régimen de Castro/Díaz-Canel", en enero de 2018 Estados Unidos le prohibió a los estadounidenses participar en transacciones financieras con entidades militares y de inteligencia cubanas.
Le recuerdan a Biden que al inicio de su presidencia, la Administración que lidera anunció una política exterior centrada en la defensa de la democracia y la protección de los derechos humanos y que el 9 de diciembre del 2022 se comprometió "a seguir responsabilizando a los funcionarios cubanos por la violencia contra protestas pacíficas".
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