Sigue la conmoción luego de que hace meses las autoridades del estado de Arizona confirmaran la muerte de Rebekah Baptiste, una niña de 10 años, quien falleció tres días después de haber sido encontrada inconsciente en una carretera de Holbrook, el pasado 27 de julio. Según la Fiscalía, la menor murió como consecuencia de maltrato prolongado, calificado judicialmente como tortura.
Por estos hechos fueron capturados Richard Baptiste, padre de la menor, de 32 años, y su pareja Anicia Woods, de 29, quienes enfrentan cargos por asesinato en primer grado, secuestro y abuso infantil. Ambos permanecen bajo custodia de las autoridades con una fianza de un millón de dólares, mientras avanza la investigación.
“Ella afirmó haber sido golpeada en los pies con un cepillo y un cinturón y mostraba hematomas y marcas rojas en ambos pies”, dice el informe.
Hace poco se conocieron los informes forenses, que indicaron que la menor presentaba desnutrición severa, deshidratación y múltiples lesiones físicas, evidencias que, de acuerdo con los fiscales, apuntan a un patrón sostenido de abuso.
Las autoridades también confirmaron que la niña había tenido contactos previos con el sistema de protección infantil, luego de un episodio ocurrido en octubre de 2023, cuando pidió auxilio tras escapar de su vivienda. En ese momento, pese a las denuncias, fue devuelta al cuidado de sus responsables legales.
“Ella saltó por una ventana de dos pisos en el complejo de apartamentos”, dijo en su declaración el ayudante del policía.
El caso ha generado cuestionamientos al Departamento de Seguridad Infantil (DCS) de Arizona. La institución educativa de la menor reportó haber realizado hasta 12 alertas entre finales de 2023 y comienzos de 2024, mientras que la agencia estatal sostiene que solo recibió cinco reportes formales y que varios no cumplían los criterios legales para iniciar una investigación.
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El proceso judicial contra los dos acusados fue fijado para junio de 2026. Paralelamente, familiares de la víctima y organizaciones comunitarias exigen explicaciones por posibles fallas institucionales en la atención y protección de la menor.
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