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La crisis inédita entre Brasil y Estados Unidos escaló este miércoles con las nuevas sanciones del Gobierno de Donald Trump contra el Supremo brasileño y la confirmación del arancel del 50 %, en represalia por el juicio que enfrenta el expresidente Jair Bolsonaro por golpismo.
La ofensiva de Trump contra la mayor economía de América Latina continúa y este miércoles avanzó por varios flancos al mismo tiempo.
En primer lugar, el Departamento del Tesoro de EE.UU. encuadró al juez del Supremo brasileño Alexandre De Moraes, instructor de los procesos contra Bolsonaro, en la Ley Magnitsky.
La ley autoriza al Gobierno a sancionar a ciudadanos extranjeros implicados en actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.
A efectos prácticos, a De Moraes le embargan los posibles bienes y propiedades que tenga en EE.UU. Sin embargo, el magistrado no tiene ni siquiera cuentas bancarias allí, según la prensa local.
Poco después, el segundo golpe. Trump firmó la orden ejecutiva para materializar la amenaza del pasado 9 de julio: un arancel del 50 % sobre las importaciones brasileñas.
En la exposición de motivos, el dirigente republicano afirmó que el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva constituye "una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de EE.UU.".
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También aludió nuevamente al juicio de acusado de "liderar" un complot para anular las elecciones de 2022, impedir la investidura de Lula y mantenerse en el poder, con el apoyo de altos mandos militares, según la Fiscalía.
A pesar de los indicios que pesan contra el líder ultraderechista, basados en documentos, audios y testimonios, para Trump es un proceso "político" que entraña "graves abusos contra los derechos humanos" cometidos, en su opinión, por De Moraes.
Con todo, la Administración Trump anexó al decreto una enorme lista con cientos de excepciones a los que no se les aplicará el arancel del 50 %, entre las cuales figuran piezas de aviones, petróleo, zumo de naranja, fertilizantes y castañas.
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Según cálculos de la Cámara Americana de Comercio en Brasil, las exportaciones exentas representaron 18.400 millones de dólares en 2024, un 43,4 % de todo lo que se vendió a EE.UU, que es el tercer mayor socio comercial de Brasil, tras China y la Unión Europea.
Sin embargo, otros importantes sectores estratégicos brasileños, como el cafetero o el cárnico, no se libraron de la sanción.
La respuesta de Brasil llegó desde dos sitios: Brasilia y Washington.
En la capital estadounidense, el canciller brasileño, Mauro Vieira, se reunió por sorpresa con su homólogo Marco Rubio.
Vieira estaba en Nueva York, tras participar en la conferencia internacional sobre el conflicto entre Israel y Palestina, y viajó hasta Washington para encontrarse con Rubio, en medio de esta crisis sin precedentes entre ambos países.
En el encuentro, el jefe de la diplomacia brasileña defendió la "independencia" del Poder Judicial y, en una declaración ante los periodistas, subrayó que su país "no se curvará ante presiones externas", además de guardarse el derecho a responder.
Mientras, en Brasilia, Lula convocaba una reunión con el núcleo duro de su gabinete en el Palacio de Planalto, sede del Gobierno brasileño.
Al término de la misma, el líder progresista divulgaba una dura nota -una más- contra la "inaceptable interferencia del Gobierno de EE.UU. en la Justicia brasileña".
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"Uno de los fundamentos de la democracia y del respeto a los Derechos Humanos en Brasil es la independencia del Poder Judicial, y cualquier intento para debilitarlo constituye una amenaza al propio régimen democrático. La Justicia no se negocia", dijo el mandatario en el comunicado, titulado 'Brasil es un país soberano y democrático'.
Lula subrayó que en Brasil "la ley es para todos" y que usar "argumentos políticos" para imponer aranceles es "injustificable".
"La motivación política de las medidas contra Brasil atenta contra la soberanía nacional", sostuvo.
La Corte Suprema también reaccionó y aseguró que "no se apartará de su papel de cumplir la Constitución". El alto tribunal recordó además que hay "indicios graves" contra Bolsonaro y el resto de acusados por golpismo, a los que garantizó un "juicio justo".
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La incógnita que queda es saber si Brasil tomará contramedidas.
Lula ya tiene encima de la mesa varias alternativas. Este miércoles adelantó que estudia medidas para "apoyar y proteger a los trabajadores, a las empresas y a las familias brasileñas", sin dar mayores detalles.
Aunque ya hay voces que le recomiendan no tomar represalias y seguir negociando, como ha hecho la Confederación Nacional de la Industria, la principal patronal del sector en el país.
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