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La Suprema Corte de México avaló este jueves la realización de un referéndum planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para decidir sobre el enjuiciamiento de expresidentes del país, aunque algunos magistrados recordaron que las leyes mexicanas no impiden procesarlos.
La propuesta fue aprobada por seis de los 11 integrantes del máximo tribunal y propone investigar, y "en su caso" sancionar a los exjefes de Estado.
La Suprema Corte (SCJN) dio luz verde a la consulta tras debatir el proyecto de uno de sus integrantes, que proponía declararla "inconstitucional", alegando que puede vulnerar la presunción de inocencia, así como afectar la procuración de justicia y el debido proceso.
"No nos corresponde ser una puerta cerrada, sino el puente que permita a los ciudadanos participar en las grandes decisiones nacionales", dijo en contraposición Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, al respaldar el referendo.
En un debate posterior, los jueces modificaron la pregunta original que había planteado López Obrador, y que se refería específicamente a cinco expresidentes: Carlos Salinas (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
La nueva pregunta de la Suprema Corte plantea si se debe emprender "un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos", omitiendo el nombre de los expresidentes.
Expresidentes sin causas abiertas
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Durante el debate sobre la constitucionalidad de la consulta, la jueza Norma Piña dijo que no se requiere el apoyo ciudadano para poder juzgar a los expresidentes del país si cometieron un delito.
"Ni nuestra Constitución, ni nuestras leyes, establecen obstáculo alguno para llevar ante la justicia penal a los expresidentes que hubieren cometido algún delito", explicó la magistrada.
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El artículo 108 de la Constitución afirma que el presidente de México, "durante el tiempo de su encargo", sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.
Al respecto, el analista político Carlos Bravo Regidor dijo que el hecho de que a la fecha no se haya juzgado a expresidentes mexicanos obedece a que no se han presentado pruebas o realizado investigaciones.
Ninguno de los cinco exmandatarios que López Obrador propuso investigar y eventualmente juzgar tiene actualmente causas abiertas actualmente.
Sin "miedo al pueblo"
Aunque López Obrador ha sostenido por años que la corrupción es el principal de los males de México, siempre se ha mostrado reacio a apoyar directamente la investigación y juicio a los exgobernantes, aduciendo que no quiere ser tachado de "vengativo".
Es por ello que desde que asumió el poder instó a que sea "el pueblo" el que decida el posible enjuiciamiento de sus predecesores, mediante una consulta ciudadana.
No hay que tenerle miedo al pueblo, y hay que hacer valer la democracia.
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"No hay que tenerle miedo al pueblo, y hay que hacer valer la democracia", dijo López Obrador este jueves temprano.
"Soy respetuoso del Poder Judicial, pero si no podemos consultar a la gente, entonces ¿nos vamos a conformar con elegir cada seis, cada tres años a las autoridades, y el resto del tiempo, cuando no haya elecciones, vamos a estar callados?", agregó.
Al argumentar por qué consideraba inconstitucional el referendo, la magistrada Piña dijo que "se pretende consultar si el Estado debe cumplir con su deber de investigar y perseguir el delito".
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Anteriormente, López Obrador ha apoyado la realización de consultas populares sobre diversos temas, como la cancelación de la construcción de un nuevo aeropuerto para Ciudad de México o la construcción de un tren turístico en el sureste del país.
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