La Fiscalía General de la República (FGR) informó este viernes de la detención del extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam, vinculado en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa.La “Policía Federal Ministerial cumplimenta orden de aprehensión en contra de Jesús 'M'", dio a conocer la FGR en un tuit.Su arresto ocurre después de que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, de la Secretaría de Gobernación, señaló que la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa, en 2014, fue un "crimen de Estado" en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles y no hay indicios de que estén vivos.Quien fuera titular de la PGR durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue detenido en su casa en la capital mexicana alrededor del mediodía.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca cómo, aparentemente, se debió repartir bastante mermelada para convencer a los partidos de votar por Carlos Hernán Rodríguez a contralor:
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes que investiga al expresidente de México, Enrique Peña Nieto (2012-2018), por al menos tres casos de corrupción por delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delitos de carácter electoral.“En este momento, la FGR está desarrollando los procedimientos de investigación en diversas carpetas por delitos federales, en contra de Enrique 'P'", indicó la Fiscalía en un breve comunicado.De acuerdo con la información, la FGR abrió una carpeta de investigación por diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa española OHL, tanto en los delitos de carácter electoral como patrimoniales.“En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos”, abundó el texto.El segundo caso corresponde a la denuncia que dio a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a principios de julio respecto a un posible lavado de dinero y "transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso”.Además, precisó que existe una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia.“Conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato”, indicó la dependencia.El pasado 7 de julio, la UIF a cargo de Pablo Gómez, reveló que la FGR mexicana había abierto una investigación contra Peña Nieto por posibles "operaciones con recursos de procedencia ilícita" por un monto de más de 26 millones de pesos (unos 1,25 millones de dólares).Las transferencias se hicieron en tres momentos: una por 16 millones de pesos (casi 773.000 dólares) el 21 de agosto de 2019, además de 2 por 5 millones de pesos cada una (más de 241.500 dólares) el 20 de octubre y el 29 de octubre de 2021.La UIF empezó la investigación a partir de estas transferencias hechas en octubre del año pasado.Según Gómez, la familia del expresidente retiró un total de 189 millones de pesos en efectivo (9,1 millones de dólares) y depósitos por 47 millones de pesos (2,2 millones de dólares) entre 2013 y 2022, dinero del que se desconoce la fuente.Le puede interesar: escuche el podcast El Mundo Hoy
La Fiscalía General de la República (FGR) mexicana investiga al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) por posibles "operaciones con recursos de procedencia ilícita" por un monto de más de 26 millones de pesos (unos 1,25 millones de dólares)."La información completa con todos sus detalles y pormenores ha sido entregada a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de la República (que) ha abierto ya una carpeta de investigación", reveló este jueves Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México.La UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda, "detectó un esquema" donde el expresidente "obtuvo beneficios económicos por medio de transferencias internacionales" por un monto total de 26 millones 1.429 pesos (poco más de 1,25 millones de dólares).Tras esta indagatoria, entregó una denuncia a la FGR "por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita".“Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea, desde una cuenta en México hacia España, además, dicha familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario, al enviarle cheques", detalló Gómez en la rueda de prensa diaria del Palacio Nacional.Las transferencias se hicieron en tres momentos: una por 16 millones de pesos (casi 773.000 dólares) el 21 de agosto de 2019, además de dos por cinco millones de pesos cada una (más de 241.500 dólares) el 20 de octubre y el 29 de octubre de 2021.La UIF empezó la investigación a partir de estas transferencias hechas en octubre del año pasado.La familiar del expresidente retiró un total de 189 millones de pesos en efectivo (9,1 millones de dólares) y depósitos por 47 millones de pesos (2,2 millones de dólares) entre 2013 y 2022, dinero del que se desconoce la fuente, según Gómez.Además, la UIF detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos con dos empresas, de las que no reveló su nombre, con "irregularidades fiscales y financieras".“No estamos hablando aquí de hechos relacionados con servidores públicos, sino estamos hablando de cuestiones que pueden tener relación con la función pública, pero eso no está establecido en este momento”, añadió Gómez.La investigación ocurre a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido no buscar "venganza" o "perseguir" a sus predecesores.En su conferencia, el actual mandatario aseveró que su Gobierno tiene la obligación de entregar información a la FGR de personas "expuestas políticamente", pero pidió "no hacer juicios sumarios"."No es para salir a decir: se acusa al expresidente Peña de lavado de dinero, no. Se tiene información de operaciones que llevó a cabo", argumentó López Obrador.Recalcó que los jueces y el Ministerio Público estarán a cargo de establecer si hay un delito.Le puede interesar:
Las autoridades mexicanas identificaron los restos de Jhosivani Guerrero, uno de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, en la denominada barranca de la carnicería, lejos del basurero donde la versión oficial decía que habían sido quemados los jóvenes.Así lo informó este martes a la prensa el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, al salir de una reunión de los padres de los desaparecidos con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional.Este hallazgo llega casi un año después de la identificación de Christian Alfonso Rodríguez, otro de los estudiantes, cuyos restos fueron encontrados en la misma barranca.Durante la reunión con las autoridades de este martes, los familiares fueron informados de que la Universidad de Innsbruck (Austria) identificó una vértebra de Guerrero.El Gobierno anterior, presidido por Enrique Peña Nieto, había anunciado en septiembre de 2015 el hallazgo de restos de Jhosivani, sin embargo, no fue una identificación considerada plena por los padres.Con el anuncio de este martes son ya dos estudiantes identificados plenamente por el Gobierno de López Obrador, que al llegar al poder en 2018 reinició la investigación de lo sucedido.Según la polémica versión del Gobierno de Peña Nieto, los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos el 26 de septiembre de 2014 por policías corruptos en Iguala (Guerrero) y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en un río San Juan.Este relato, conocido como la "verdad histórica", fue cuestionado por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.El Gobierno de López Obrador derrumbó esta versión al identificar en julio del año pasado restos de Christian Alfonso Rodríguez en la barranca de la Carnicería, lejos del basurero.Una línea de investigación reforzada este martes con la identificación de los restos de Jhosivani en la misma barranca.Además de Christian y Jhosivani, en 2014 fue identificado Alexander Mora, con lo que todavía quedan 40 estudiantes en paradero desconocido.El 26 de septiembre de 2020, al cumplirse seis años de la tragedia, el presidente López Obrador pidió disculpas a las familias en nombre del Estado mexicano y anunció órdenes de arresto contra militares, los cuales no estaban vinculados con los hechos según la versión de Peña Nieto.Además de la búsqueda de los estudiantes, el actual Gobierno persigue a los responsables de la investigación de la anterior Administración, que estuvo liderada por Tomás Zerón, actualmente prófugo en Israel.
El expresidente de México Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) del país de jugar un papel central en el caso Odebrecht, por lo que lo acusa de los delitos de cohecho, traición a la patria y delito electoral, informaron este jueves medios locales.De acuerdo con información publicada por los periódicos mexicanos El Universal y Reforma, basada en una presunta solicitud de orden de aprehensión contra Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y Exteriores, la cual fue devuelta, la FGR considera que Peña Nieto cometió los ilícitos utilizando a Videgaray y también a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex.Ambos rotativos señalaron que en la solicitud, la Fiscalía consideró que el expresidente mexicano fue "autor mediato" de los delitos mencionados y los de carácter electoral.Además, acusó que Peña Nieto se "apartó del Estado de derecho" y utilizó el cargo para el que fue electo con el fin de delinquir.El organismo dijo que, con su actuar ilícito, Peña Nieto no sólo obtuvo beneficio personal sino que procuró "también el beneficio de la empresa Odebrecht, quien los había ya hecho objeto de cohecho, traicionando a la patria con su mal desempeño".APARATO DE PODER CRIMINALSegún los diarios, la Fiscalía señaló que Peña Nieto contó con "su propio aparato de poder criminal", a partir del cual implementó una estrategia de cooptación a legisladores para la aprobación de las reformas estructurales en materia energética y mediante la obtención de dinero, principalmente de la constructora brasileña Odebrecht, que sirvió para el pago de sobornos a diputados y senadores.El Universal apuntó que la FGR basa la probable intervención de Peña Nieto, como autor mediato, en la llamada "teoría del control o dominio de la voluntad por medio de un aparato de poder organizado".Según la teoría, el hombre de atrás (Peña Nieto) dominó la voluntad de los autores directos de los sobornos en el caso Odebrecht -Videgaray y Lozoya- mediante un aparato de poder organizado, "que en el caso concreto lo era el Gobierno federal".En tanto, Reforma dijo que a instancias de Peña Nieto, Videgaray "distribuyó de manera espontánea y por interpósita personas" 121 millones 500.000 pesos (unos 5,9 millones de dólares) a legisladores del conservador Partido Acción Nacional (PAN).Indicó que el delito de cohecho se configuró con las entregas en efectivo a los políticos del PAN y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), mientras que la traición a la patria habría ocurrido al impulsar las reformas estructurales para otorgar beneficios a empresas extranjeras como Odebrecht.Y aunque la solicitud de orden de aprehensión se centra únicamente en Videgaray como "autor material" de los actos criminales, la Fiscalía de México dejó en claro que Peña Nieto fue el orquestador y promovente de las acciones delictivas.VIDEGARAY, EN LA MIRAEl pasado 3 de noviembre, el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que la FGR pidió una orden de arresto por el caso Odebrecht contra Luis Videgaray.Sin embargo, por la tarde de ese día, la Fiscalía emitió un comunicado donde aseguraba que el Ministerio Público federal no había recibido de un juez de control "ningún rechazo a petición de orden de aprehensión en contra de Luis 'V'".Según medios locales, la FGR busca imputar a Videgaray por el caso Odebrecht y lo acusaría de traición a la patria, por presuntamente operar en el financiamiento ilegal de campañas del PRI por parte de la empresa brasileña.Estas imputaciones derivan de la detención en febrero del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) del 2012 al 2016 Emilio Lozoya, extraditado desde España a México a mediados de julio.En calidad de testigo colaborador, Lozoya denunció ante la Fiscalía al expresidente Peña Nieto y a Videgaray.Los acusó de "ordenarle" recibir 10,5 millones de dólares de Odebrecht para la campaña electoral y para sobornar legisladores del PAN en favor de la reforma energética que abrió el sector a la inversión privada en 2013.Pero Lozoya también apuntó al sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) por presuntos privilegios para la petroquímica Etileno XXI, vinculada con una compañía mexicana socia de Odebrecht.
La ‘Operación Padrino’, como bautizó la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) a la investigación contra Salvador Cienfuegos, exministro de Defensa de México, ha tumbado la presunta red de narcotráfico del general retirado en EE.UU.El que fuese ministro de Defensa (2012-2018) del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto fue acusado este viernes de narcotráfico y blanqueo de dinero, horas después de ser detenido en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.Los crímenes, según la acusación, se habrían cometido hace tres años, de 2015 a 2017, cuando Cienfuegos estaba al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional de MéxicoCuatro cargos por narcotráficoEn total, la Fiscalía Federal del distrito este de Nueva York acusó este viernes a Cienfuegos de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico y el blanqueo de dinero.Tres de los cargos están relacionados con la producción, tráfico y distribución de estupefacientes y un cuarto con el blanqueo de capitales, según un documento de la Fiscalía.El gran jurado que debía determinar si había pruebas suficientes para juzgar a Cienfuegos, cuya detención se considera un nuevo golpe al legado de Peña Nieto, ha decidido imputarlo de cuatro cargos.El primero de los cargos de narcotráfico es por conspirar para la producción y distribución internacional de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana; el segundo por conspirar para importar estupefacientes y el tercero por conspirar para distribuirlos.LA "OPERACIÓN PADRINO" DE LA DEADe acuerdo a los documentos judiciales, la "Operación Padrino" está asociada con el proceso judicial contra un exfiscal mexicano, Édgar Veytia, que fue sentenciado a 20 años de prisión en septiembre del año pasado en Estados Unidos.En el momento de los hechos de los que se le acusa, el exfiscal era el principal representante de la ley en el estado mexicano de Nayarit.Según la Justicia estadounidense, Veytia ayudó e instigó a los narcotraficantes que traían sus productos a Estados Unidos a cambio de sobornos.También se alega que utilizó su posición para obstruir las investigaciones y procesamientos de narcotraficantes en México, incluida la liberación ilegal de los acusados y el bloqueo de la detención de otros traficantes.Ahora, EE.UU. acusa a Cienfuegos de haber tenido lazos con H-2, Juan Francisco Patrón Sánchez, líder del cártel de los Beltrán Leyva.“Gracias a la asistencia corrupta del acusado, el cártel del H-2 llevó a cabo su actividad criminal sin interferencia significativa del ejército mexicano e importó miles de kilos de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a los EE.UU.”, señaló la Fiscalía en su acusación.LA SEGURIDAD DE MÉXICO, EN ENTREDICHOEl escrito de la Fiscalía, firmado por el titular del Distrito este de Nueva York, Richard Donoghue, acusa a Cienfuegos de estar implicado en la producción, tráfico y distribución de 1.000 kilogramos de marihuana, 500 gramos o más de metanfetamina, 5 kilos o más de cocaína y 1 kilo de heroína entre diciembre de 2015 y febrero de 2017.Antes de conocer los cargos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el poder con la promesa de limpiar la corrupción de los gobiernos anteriores, aseguró que el arresto "es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen".En conferencia de prensa este viernes, calificó de "lamentable" la noticia y la comparó con el arresto el año pasado, también en Estados Unidos, de Genaro García Luna, secretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), por recibir supuestos sobornos del narcotráfico.El arresto de García Luna, el jefe de la Policía que habría protegido al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos, y ahora el de Cienfuegos, máximo responsable del Ejército, pone en cuestión la estrategia de seguridad llevada a cabo en México durante más de una década.
La captura del exministro de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos (2012-2018) en Estados Unidos está relacionada con delitos de narcotráfico, dijo este viernes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador."Es un hecho muy lamentable el que un exsecretario de la Defensa sea detenido acusado por vínculos con el narcotráfico", declaró López Obrador en su conferencia matutina, al asegurar que en México no hay investigación alguna contra Cienfuegos.El mandatario no precisó sin embargo los hechos concretos por los que fue detenido Cienfuegos el jueves al llegar a Los Angeles, y dijo que será en la tarde de este viernes cuando Estados Unidos anuncie los detalles de la acusación.Explicó que hace dos semanas la embajada de México en Estados Unidos ya le había informado que había una investigación en contra de Cienfuegos, quien fue secretario de Defensa durante todo el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).López Obrador dijo que se trata de una situación inédita, pues se suma a la captura, en diciembre de 2019, del exsecretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna, acusado de conspiración para traficar al menos 53 toneladas de cocaína a Estados Unidos y actualmente encarcelado en Nueva York."Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública la función gubernamental en el país durante el período neoliberal (...) Se podría hablar de un narcogobierno y sin duda de un gobierno mafioso", afirmó el líder izquierdista.También advirtió que los posibles involucrados con Cienfuegos que sigan activos en el Ejército "van a ser suspendidos, retirados, y si es el caso, puestos a disposición de las autoridades competentes".Escuche este informe en Mañanas BLU:
La Suprema Corte de México avaló este jueves la realización de un referéndum planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para decidir sobre el enjuiciamiento de expresidentes del país, aunque algunos magistrados recordaron que las leyes mexicanas no impiden procesarlos.La propuesta fue aprobada por seis de los 11 integrantes del máximo tribunal y propone investigar, y "en su caso" sancionar a los exjefes de Estado.La Suprema Corte (SCJN) dio luz verde a la consulta tras debatir el proyecto de uno de sus integrantes, que proponía declararla "inconstitucional", alegando que puede vulnerar la presunción de inocencia, así como afectar la procuración de justicia y el debido proceso."No nos corresponde ser una puerta cerrada, sino el puente que permita a los ciudadanos participar en las grandes decisiones nacionales", dijo en contraposición Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, al respaldar el referendo.En un debate posterior, los jueces modificaron la pregunta original que había planteado López Obrador, y que se refería específicamente a cinco expresidentes: Carlos Salinas (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).La nueva pregunta de la Suprema Corte plantea si se debe emprender "un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos", omitiendo el nombre de los expresidentes.Expresidentes sin causas abiertasDurante el debate sobre la constitucionalidad de la consulta, la jueza Norma Piña dijo que no se requiere el apoyo ciudadano para poder juzgar a los expresidentes del país si cometieron un delito."Ni nuestra Constitución, ni nuestras leyes, establecen obstáculo alguno para llevar ante la justicia penal a los expresidentes que hubieren cometido algún delito", explicó la magistrada.El artículo 108 de la Constitución afirma que el presidente de México, "durante el tiempo de su encargo", sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.Al respecto, el analista político Carlos Bravo Regidor dijo que el hecho de que a la fecha no se haya juzgado a expresidentes mexicanos obedece a que no se han presentado pruebas o realizado investigaciones.Ninguno de los cinco exmandatarios que López Obrador propuso investigar y eventualmente juzgar tiene actualmente causas abiertas actualmente.Sin "miedo al pueblo"Aunque López Obrador ha sostenido por años que la corrupción es el principal de los males de México, siempre se ha mostrado reacio a apoyar directamente la investigación y juicio a los exgobernantes, aduciendo que no quiere ser tachado de "vengativo".Es por ello que desde que asumió el poder instó a que sea "el pueblo" el que decida el posible enjuiciamiento de sus predecesores, mediante una consulta ciudadana."No hay que tenerle miedo al pueblo, y hay que hacer valer la democracia", dijo López Obrador este jueves temprano."Soy respetuoso del Poder Judicial, pero si no podemos consultar a la gente, entonces ¿nos vamos a conformar con elegir cada seis, cada tres años a las autoridades, y el resto del tiempo, cuando no haya elecciones, vamos a estar callados?", agregó.Al argumentar por qué consideraba inconstitucional el referendo, la magistrada Piña dijo que "se pretende consultar si el Estado debe cumplir con su deber de investigar y perseguir el delito".Anteriormente, López Obrador ha apoyado la realización de consultas populares sobre diversos temas, como la cancelación de la construcción de un nuevo aeropuerto para Ciudad de México o la construcción de un tren turístico en el sureste del país.
La desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, trágico episodio que marcó la historia reciente en México, cumple este sábado seis años con destellos que dan cierta luz al caso.Tras la polémica versión del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), en los dos primeros años de la administración de Andrés Manuel López Obrador, la investigación parece haberse encaminado para saber qué pasó la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.Estas son cinco claves para adentrarse en el tema:1.- ¿Qué sucedió aquella noche?La noche del 26 de septiembre de 2014 decenas de estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa se apoderaron de varios autobuses para trasladarse, en días posteriores, a la manifestación del 2 de octubre en la capital mexicana y debido a ello fueron atacados a tiros por policías en la ciudad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero.En los ataques murieron seis personas, entre ellas tres alumnos, y 43 estudiantes fueron detenidos por los policías municipales y entregados a miembros del cartel Guerreros Unidos, quienes presuntamente los asesinaron y quemaron en el basurero del municipio vecino de Cocula, según la versión de la Administración Peña Nieto, llamada la "verdad histórica".2.- ¿Por qué fue refutada la llamada "verdad histórica"?Tras una investigación de seis meses y casi un año después del episodio, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH negó la hipótesis ofrecida por el Gobierno mexicano de que los estudiantes habían sido quemados en un basurero.El GIEI argumentó que el fuego que desprende una pira como la que se hubiera generado en el vertedero de basura habría provocado una columna de humo de 300 metros que no podría pasar desapercibida para ningún habitante de los alrededores."No existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis", dijeron los expertos del GIEI que fueron nombrados por la CIDH y además denunciaron graves fallos en las investigaciones.3.- ¿Qué avances registra la investigación?Con el caso como uno de grandes pendientes a resolver, en medio de un clima de violencia e inseguridad en el país, en diciembre de 2018, recién iniciado su Gobierno, el presidente López Obrador ordenó la creación de una Comisión de la Verdad.Seis meses después, en junio de 2019, la Fiscalía estableció una unidad especial autónoma e independiente a cargo de Omar Gómez Trejo, un defensor de derechos humanos con experiencia en el caso y cuya designación tuvo el respaldo de los familiares de las víctimas.Posteriormente, en febrero de 2020, López Obrador ordenó reponer la investigación con ayuda de la Fiscalía y la Suprema Corte y un mes después firmó un acuerdo con la Corte y la Fiscalía para esclarecer la desaparición de los estudiantes.A finales de junio pasado, la Fiscalía ordenó la detención de 46 funcionarios del sureño estado de Guerrero por su presunta relación con la desaparición de los estudiantes y en los primeros días de julio las autoridades mexicanas identificaron los restos de uno de los 43 jóvenes lejos del basurero de Cocula, hecho que tumbó la versión oficial del Gobierno anterior y abrió camino a la certeza.4.- ¿Cómo hallaron la prueba más reciente?A inicios de julio, Omar Gómez Trejo informó que la identificación de una pieza ósea correspondía a Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.El joven fue el tercer estudiante identificado por el Instituto de Genética de la Universidad de Innsbruck ya que durante la investigación del gobierno anterior se hallaron restos de Alexander Mora y de Jhosivani Guerrero, también desaparecidos.El funcionario explicó que se identificó al estudiante mediante restos de su cuerpo encontrados en el municipio de Cocula, pero a un kilómetro del basurero donde, según la criticada versión oficial, fueron incinerados."La pieza no fue tirada ni encontrado en el basurero de Cocula, ni en el río San Juan, como se decía en la versión que sostuvo la anterior administración. La verdad histórica se acabó y el caso sigue abierto", señaló Gómez Trejo.5.- ¿En qué etapa está la investigación?El presidente de México aseguró a inicios de septiembre que la investigación del caso estaba "en el momento crucial para avanzar"."Son, diría yo, buenos los resultados (de las pesquisas). No puedo hablar más por el sigilo que requiere toda la investigación que está abierta, yo les diría que en el momento crucial para avanzar", dijo en una de su conferencia de todos los días.Mientras que esta semana, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la dependencia a su cargo tenía información "sobre lo verdaderamente ocurrido" la noche de la desaparición de los estudiantes.
La noticia del divorcio del expresidente Enrique Peña Nieto de su esposa, la actriz Angélica Rivera, ha desatado una ola de comentarios, especialmente relacionados con Tania Ruiz, la modelo que señalan de ser la razón de la ruptura.Vea también Ángélica Rivera se divorcia del expresidente de México Enrique Peña NietoDías antes del anuncio de la separación habían circulado unas fotografías de Ruiz con Peña Nieto y a partir de ese momento comenzaron las especulaciones.Ninguno de los dos ha negado o afirmado algo sobre el supuesto romance. Sin embargo, en una entrevista reciente Tania Ruiz aseguró que “está soltera y que no le ha hecho daño a nadie”.
Durante cerca de cinco horas, más de 530 silleteros y silleteras de Santa Elena llevaron sobre sus espaldas esas enormes composiciones florales por un recorrido de más de 2.4 kilómetros que arrancó pasadas las 2 de la tarde en una jornada en la que la tradición, el trabajo campesino y la creatividad volvieron a convertirse en protagonistas para emocionar a los miles de asistentes propios y foráneos que llegaron a la capital antioqueña para vivir una de sus más importantes tradiciones.La edición de este año también dejó nombres propios: John Jairo Grajales Gómez, de la vereda El Porvenir, se quedó con el título de ganador absoluto del desfile con su silleta tradicional. También había obtenido este mismo premio en 2019."No tengo palabras, demasiado emocionado. Es una labor, es una tradición que la llevo en el corazón por ser. En homenajeado con estos galardones, y bendito dios, a nuestro señor, a los jurados, a todo mundo que está viendo la labor que uno hace. No es fácil, son siete, ocho meses de trabajar duro para poder producir esta silleta y sacarla en la ciudad de Medellín", manifestó Grajales.GanadoresEn otras categorías los ganadores fueron Mateo Londoño Ospina, de la vereda San Ignacio, en la Comercial; en la Monumental el galardón fue para David Santiago Grisales Gómez, de la vereda Piedra Gorda. Mientras tanto, la mejor propuesta en Emblemática correspondió a Juan Gabriel Velásquez Grajales, también de El Porvenir, y de ese mismo lugar del corregimiento, Víctor Julio Ruiz se destacó en la categoría Artística; Isabela Londoño Grajales, de la vereda El Cerro, obtuvo reconocimiento en la categoría Infantil e Isabela Grajales Grajales, de la vereda Piedra Gorda, en Junior.El principal evento de la Feria contó con por segunda vez en la historia de un presidente de la República. Abelardo de la Espriella estuvo acompañado de su familia, del vicepresidente José Manuel Restrepo, el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón."Feliz de estar aquí en Medellín, en este desfile, en esta feria, que es patrimonio de Colombia, pero tenemos que hacerlo patrimonio de la humanidad, y ese es el compromiso", apuntó el jefe de Estado. Por su parte, el vicepresidente Restrepo habló sobre la elección de Medellín para la primera visita oficial de los nuevos mandatarios."Lo que significa enderrama económica para el municipio, para el departamento, en quien se dedica al jardín, en quien hace la silleta, en quienes traen las flores de otros territorios de Colombia. Vincula el país alrededor de las flores. Y las flores, ¿ustedes saben lo que significa incluso en tradición exportadora de Colombia?", aseguró. El vicepresidente Restrepo también destacó que el Desfile de Silleteros es un evento que, además de estar muy arraigado a la tradición antioqueña, es un ícono del país en el mundo."De Colombia, de Antioquia, de Medellín, que hay que acompañar, porque estos estos, estas silletas y los silleteros representan, además, mire la hermosura de lo que significa esta tierra, de lo que tiene Colombia también para mostrarle al mundo. Y tenemos que acompañarlo, esto es una tradición cultural de enorme importancia para el país", expuso Restrepo.Según el alcalde Federico Gutiérrez, durante los 10 días de Feria, la ciudad alcanzó una ocupación hotelera superior al 80% y una derrama económica superior a 60 millones de dólares.
La memoria de Johan Sebastián Durán Guerrero, el joven bumangués de 25 años que murió tras recibir varios disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), empieza a quedar plasmada en las calles de Biddeford, Maine.Dos artistas locales comenzaron a pintar un mural en el centro de esta ciudad para homenajear al colombiano, quien murió el pasado 13 de julio durante un procedimiento de agentes de inmigración. La obra está ubicada en el número 5 de Alfred Street y muestra a Johan junto a su pequeña hija.El mural fue autorizado tanto por los propietarios del edificio como por el negocio que funciona en el lugar, Stem & Vine. Su propietaria, Brianne Emhiser, aseguró que se siente honrada de que la fachada de su establecimiento sea el espacio escogido para mantener viva la memoria del joven colombiano.De acuerdo con los artistas, la obra estaría terminada aproximadamente en las próximas 48 horas.El homenaje se suma a las distintas expresiones de duelo que han surgido en Biddeford desde la muerte de Johan. En los días posteriores al tiroteo, residentes levantaron memoriales improvisados en el sitio donde ocurrió el hecho, mientras familiares, amigos y organizaciones defensoras de los migrantes han reclamado respuestas sobre las circunstancias de su muerte.Johan Sebastián Durán Guerrero había llegado a Estados Unidos en busca de oportunidades y se había establecido en Biddeford junto con su familia. Era padre de una niña de tres años y, según organizaciones de apoyo a migrantes, contaba con autorización para trabajar y un número de Seguro Social.El 13 de julio, Johan salió de su vivienda en un vehículo cuando fue interceptado por agentes de ICE. La versión oficial sostiene que el joven intentó escapar y que habría dirigido el automóvil hacia uno de los funcionarios, quien entonces disparó al considerar que existía una amenaza para su seguridad.Sin embargo, el caso ha estado rodeado de cuestionamientos. El senador independiente Angus King afirmó que, de acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional, Johan no era el objetivo de la operación. Además, se ha señalado que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales. La Fiscalía General de Maine mantiene abierta la investigación y el funcionario que disparó fue puesto en licencia administrativa.Videos de cámaras de seguridad y testimonios de personas que estaban en el sector también han generado interrogantes frente a la versión oficial. Medios estadounidenses han reportado que el agente identificado como David Brouillette disparó contra Johan y que posteriormente surgieron antecedentes sobre el comportamiento violento del funcionario, información que ahora también hace parte del escrutinio público sobre el caso.La muerte del joven bumangués provocó además una fuerte reacción en Biddeford. Su compañera, Karolina Rojas Álvarez, describió a Johan como un hombre trabajador, dedicado a su familia y con sueños por cumplir. Durante una declaración pública, recordó especialmente el vínculo que tenía con su hija de tresEl alcalde de Biddeford, Liam LaFountain, también ha reclamado una investigación transparente y ha insistido en que Johan era parte de la comunidad. En una proclamación presentada ante el Concejo Municipal, pidió justicia y rendición de cuentas por su muerte y expresó solidaridad con la familia y con los habitantes migrantes de la ciudad.Ahora, mientras avanza la investigación en Estados Unidos, el rostro de Johan quedará plasmado en un muro de Biddeford. Una imagen junto a su hija que busca convertir el dolor de una comunidad en memoria y recordar la historia del joven colombiano que salió de Bucaramanga buscando un mejor futuro y terminó muriendo durante un operativo de inmigración.
Luego de una semana pedagógica por la rotación de los nuevos dígitos, este lunes 10 de agosto comenzará a regir el periodo sancionatorio del pico y placa para vehículos particulares y motocicletas.La disposición, producto de un estudio técnico de acuerdo al número de registros y vehículos activos, seguirá teniendo como base el último dígito de la placa para carros particulares, mientras que para las motocicletas de dos y cuatro tiempos se determina por el primer dígito de la placa.De igual manera seguirá, rigiendo de manera continua entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, así:Lunes: 5 y 8Martes: 1 y 4Miércoles: 0 y 2Jueves: 3 y 6Viernes: 7 y 9Con estos dígitos funcionará la medida hasta el 27 de enero de 2027.Continúan como vías exentas de la medida la vía Las Palmas, vía 4.1 occidente antioqueño, conexión de la avenida 33 entre la autopista sur y la avenida Las Palmas, calle 10 entre el Eje vial del Río y la terminal del sur y los corregimientos; además de la autopista Sur y avenida Regional, excepto en el municipio de Bello, donde la restricción rige en todas las vías, según las autoridades locales con el fin de descongestionar la glorieta de Niquía."La entidad invita a la ciudadanía a consultar previamente las placas con restricción, verificar los horarios y planear sus desplazamientos con anticipación. Desde la secretaría reiteramos que esta medida busca mejorar la movilidad en la ciudad", manifestó el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz.Vale la pena recordar que el pico y placa busca sacar cerca de 200.000 vehículos diariamente de circulación en la subregión, a pesar de la identificación de una saturación en la vías de entre el 100 y el 170%. Según esta dependencia de la Alcaldía de Medellín hay días en los que esa tarea es más difícil, por la cantidad de motos y carros que hay matriculados con ciertos dígitos: 0,1 y 5.
A menos de 48 horas de haberse posesionado como presidente, Abelardo De La Espriella anunció las primeras afectaciones a grupos armados que delinquen en Antioquia tras los resultados reportados por la fuerza pública en las subregiones de Urabá y el Nordeste.Tras su asistencia al tradicional Desfile de Silleteros que cerró la Feria de las Flores en Medellín, antes de dejar la capital antioqueña el mandatario anunció que en medio de combates con tropas de la Décima Cuarta Brigada fueron abatidos dos integrantes del Clan del Golfo en la vereda Liberia del municipio de Anorí.La operación, según el presidente, también permitió la incautación de seis fusiles y abundante material de guerra e intendencia.Los hombres, entre ellos uno de sus cabecillas en la zona, hacían parte de la subestructura Jorge Mario Valle y eran señalados de diferentes acciones terroristas en contra de la población civil, pero también de la fuerza pública."Esta comisión terrorista a la que se le propinó este duro golpe es la misma que en el año 2024 había asesinado a cuatro de nuestros valientes soldados que adelantaban operaciones en esa región del departamento",dijo el mandatario.De la Espriella también aseguró que en otras acciones desplegadas en el Urabá antioqueño, en el municipio de Necoclí, fueron capturados cuatro presuntos integrantes de la subestructura Gabriel Poveda Ramos del mismo grupo ilegal dedicados al narcotráfico y al componente financiero.En las operaciones desarrolladas por parte de la Armada y la Décima Séptima Brigada, los uniformados incautaron armas de fuego, municiones y material de interés para las labores de inteligencia militar.
La senadora María Clara Posada solicitó a la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, ordenar una auditoría forense a Colpensiones para revisar el manejo de los recursos de la entidad durante los últimos cuatro años.La congresista argumenta que existen numerosas denuncias sobre presuntas irregularidades en materia de contratación y consideró necesario establecer cómo fueron ejecutados los recursos públicos. “El país necesita saber cómo ejecutaron los recursos públicos”, afirmó.Entre los hechos que cuestiona, Posada menciona la presunta contratación del principal financiador del Pacto Histórico y aseguró que en junio se destinaron 25.300 millones de pesos para garantizar hasta octubre la contratación de una nómina paralela de 1.000 trabajadores temporales.También reprocha la ejecución de 238.587 millones de pesos para el cambio del data center, proceso que, según indicó, estuvo relacionado con fallas en la prestación del servicio durante junio y julio.A esto sumó un gasto de 87.621 millones de pesos en publicidad y señaló que no se han publicado las facturas correspondientes a los viajes de los directivos de la entidad.Colpensiones cuenta con un presupuesto anual de 75,6 billones de pesos, por lo que la senadora insiste en que su administración debe estar sometida a criterios de transparencia y control.Posada pide que la nueva administración de la entidad comience con un “corte de cuentas claro” que permita establecer qué ocurrió con los recursos públicos y cómo fueron utilizados durante los últimos años.
