La Fiscalía General de la República (FGR) informó este viernes de la detención del extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam, vinculado en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa.La “Policía Federal Ministerial cumplimenta orden de aprehensión en contra de Jesús 'M'", dio a conocer la FGR en un tuit.Su arresto ocurre después de que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, de la Secretaría de Gobernación, señaló que la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa, en 2014, fue un "crimen de Estado" en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles y no hay indicios de que estén vivos.Quien fuera titular de la PGR durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue detenido en su casa en la capital mexicana alrededor del mediodía.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca cómo, aparentemente, se debió repartir bastante mermelada para convencer a los partidos de votar por Carlos Hernán Rodríguez a contralor:
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes que investiga al expresidente de México, Enrique Peña Nieto (2012-2018), por al menos tres casos de corrupción por delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delitos de carácter electoral.“En este momento, la FGR está desarrollando los procedimientos de investigación en diversas carpetas por delitos federales, en contra de Enrique 'P'", indicó la Fiscalía en un breve comunicado.De acuerdo con la información, la FGR abrió una carpeta de investigación por diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa española OHL, tanto en los delitos de carácter electoral como patrimoniales.“En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos”, abundó el texto.El segundo caso corresponde a la denuncia que dio a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a principios de julio respecto a un posible lavado de dinero y "transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso”.Además, precisó que existe una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia.“Conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato”, indicó la dependencia.El pasado 7 de julio, la UIF a cargo de Pablo Gómez, reveló que la FGR mexicana había abierto una investigación contra Peña Nieto por posibles "operaciones con recursos de procedencia ilícita" por un monto de más de 26 millones de pesos (unos 1,25 millones de dólares).Las transferencias se hicieron en tres momentos: una por 16 millones de pesos (casi 773.000 dólares) el 21 de agosto de 2019, además de 2 por 5 millones de pesos cada una (más de 241.500 dólares) el 20 de octubre y el 29 de octubre de 2021.La UIF empezó la investigación a partir de estas transferencias hechas en octubre del año pasado.Según Gómez, la familia del expresidente retiró un total de 189 millones de pesos en efectivo (9,1 millones de dólares) y depósitos por 47 millones de pesos (2,2 millones de dólares) entre 2013 y 2022, dinero del que se desconoce la fuente.Le puede interesar: escuche el podcast El Mundo Hoy
La Fiscalía General de la República (FGR) mexicana investiga al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) por posibles "operaciones con recursos de procedencia ilícita" por un monto de más de 26 millones de pesos (unos 1,25 millones de dólares)."La información completa con todos sus detalles y pormenores ha sido entregada a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de la República (que) ha abierto ya una carpeta de investigación", reveló este jueves Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México.La UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda, "detectó un esquema" donde el expresidente "obtuvo beneficios económicos por medio de transferencias internacionales" por un monto total de 26 millones 1.429 pesos (poco más de 1,25 millones de dólares).Tras esta indagatoria, entregó una denuncia a la FGR "por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita".“Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea, desde una cuenta en México hacia España, además, dicha familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario, al enviarle cheques", detalló Gómez en la rueda de prensa diaria del Palacio Nacional.Las transferencias se hicieron en tres momentos: una por 16 millones de pesos (casi 773.000 dólares) el 21 de agosto de 2019, además de dos por cinco millones de pesos cada una (más de 241.500 dólares) el 20 de octubre y el 29 de octubre de 2021.La UIF empezó la investigación a partir de estas transferencias hechas en octubre del año pasado.La familiar del expresidente retiró un total de 189 millones de pesos en efectivo (9,1 millones de dólares) y depósitos por 47 millones de pesos (2,2 millones de dólares) entre 2013 y 2022, dinero del que se desconoce la fuente, según Gómez.Además, la UIF detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos con dos empresas, de las que no reveló su nombre, con "irregularidades fiscales y financieras".“No estamos hablando aquí de hechos relacionados con servidores públicos, sino estamos hablando de cuestiones que pueden tener relación con la función pública, pero eso no está establecido en este momento”, añadió Gómez.La investigación ocurre a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido no buscar "venganza" o "perseguir" a sus predecesores.En su conferencia, el actual mandatario aseveró que su Gobierno tiene la obligación de entregar información a la FGR de personas "expuestas políticamente", pero pidió "no hacer juicios sumarios"."No es para salir a decir: se acusa al expresidente Peña de lavado de dinero, no. Se tiene información de operaciones que llevó a cabo", argumentó López Obrador.Recalcó que los jueces y el Ministerio Público estarán a cargo de establecer si hay un delito.Le puede interesar:
Las autoridades mexicanas identificaron los restos de Jhosivani Guerrero, uno de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, en la denominada barranca de la carnicería, lejos del basurero donde la versión oficial decía que habían sido quemados los jóvenes.Así lo informó este martes a la prensa el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, al salir de una reunión de los padres de los desaparecidos con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional.Este hallazgo llega casi un año después de la identificación de Christian Alfonso Rodríguez, otro de los estudiantes, cuyos restos fueron encontrados en la misma barranca.Durante la reunión con las autoridades de este martes, los familiares fueron informados de que la Universidad de Innsbruck (Austria) identificó una vértebra de Guerrero.El Gobierno anterior, presidido por Enrique Peña Nieto, había anunciado en septiembre de 2015 el hallazgo de restos de Jhosivani, sin embargo, no fue una identificación considerada plena por los padres.Con el anuncio de este martes son ya dos estudiantes identificados plenamente por el Gobierno de López Obrador, que al llegar al poder en 2018 reinició la investigación de lo sucedido.Según la polémica versión del Gobierno de Peña Nieto, los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos el 26 de septiembre de 2014 por policías corruptos en Iguala (Guerrero) y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en un río San Juan.Este relato, conocido como la "verdad histórica", fue cuestionado por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.El Gobierno de López Obrador derrumbó esta versión al identificar en julio del año pasado restos de Christian Alfonso Rodríguez en la barranca de la Carnicería, lejos del basurero.Una línea de investigación reforzada este martes con la identificación de los restos de Jhosivani en la misma barranca.Además de Christian y Jhosivani, en 2014 fue identificado Alexander Mora, con lo que todavía quedan 40 estudiantes en paradero desconocido.El 26 de septiembre de 2020, al cumplirse seis años de la tragedia, el presidente López Obrador pidió disculpas a las familias en nombre del Estado mexicano y anunció órdenes de arresto contra militares, los cuales no estaban vinculados con los hechos según la versión de Peña Nieto.Además de la búsqueda de los estudiantes, el actual Gobierno persigue a los responsables de la investigación de la anterior Administración, que estuvo liderada por Tomás Zerón, actualmente prófugo en Israel.
El expresidente de México Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) del país de jugar un papel central en el caso Odebrecht, por lo que lo acusa de los delitos de cohecho, traición a la patria y delito electoral, informaron este jueves medios locales.De acuerdo con información publicada por los periódicos mexicanos El Universal y Reforma, basada en una presunta solicitud de orden de aprehensión contra Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y Exteriores, la cual fue devuelta, la FGR considera que Peña Nieto cometió los ilícitos utilizando a Videgaray y también a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex.Ambos rotativos señalaron que en la solicitud, la Fiscalía consideró que el expresidente mexicano fue "autor mediato" de los delitos mencionados y los de carácter electoral.Además, acusó que Peña Nieto se "apartó del Estado de derecho" y utilizó el cargo para el que fue electo con el fin de delinquir.El organismo dijo que, con su actuar ilícito, Peña Nieto no sólo obtuvo beneficio personal sino que procuró "también el beneficio de la empresa Odebrecht, quien los había ya hecho objeto de cohecho, traicionando a la patria con su mal desempeño".APARATO DE PODER CRIMINALSegún los diarios, la Fiscalía señaló que Peña Nieto contó con "su propio aparato de poder criminal", a partir del cual implementó una estrategia de cooptación a legisladores para la aprobación de las reformas estructurales en materia energética y mediante la obtención de dinero, principalmente de la constructora brasileña Odebrecht, que sirvió para el pago de sobornos a diputados y senadores.El Universal apuntó que la FGR basa la probable intervención de Peña Nieto, como autor mediato, en la llamada "teoría del control o dominio de la voluntad por medio de un aparato de poder organizado".Según la teoría, el hombre de atrás (Peña Nieto) dominó la voluntad de los autores directos de los sobornos en el caso Odebrecht -Videgaray y Lozoya- mediante un aparato de poder organizado, "que en el caso concreto lo era el Gobierno federal".En tanto, Reforma dijo que a instancias de Peña Nieto, Videgaray "distribuyó de manera espontánea y por interpósita personas" 121 millones 500.000 pesos (unos 5,9 millones de dólares) a legisladores del conservador Partido Acción Nacional (PAN).Indicó que el delito de cohecho se configuró con las entregas en efectivo a los políticos del PAN y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), mientras que la traición a la patria habría ocurrido al impulsar las reformas estructurales para otorgar beneficios a empresas extranjeras como Odebrecht.Y aunque la solicitud de orden de aprehensión se centra únicamente en Videgaray como "autor material" de los actos criminales, la Fiscalía de México dejó en claro que Peña Nieto fue el orquestador y promovente de las acciones delictivas.VIDEGARAY, EN LA MIRAEl pasado 3 de noviembre, el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que la FGR pidió una orden de arresto por el caso Odebrecht contra Luis Videgaray.Sin embargo, por la tarde de ese día, la Fiscalía emitió un comunicado donde aseguraba que el Ministerio Público federal no había recibido de un juez de control "ningún rechazo a petición de orden de aprehensión en contra de Luis 'V'".Según medios locales, la FGR busca imputar a Videgaray por el caso Odebrecht y lo acusaría de traición a la patria, por presuntamente operar en el financiamiento ilegal de campañas del PRI por parte de la empresa brasileña.Estas imputaciones derivan de la detención en febrero del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) del 2012 al 2016 Emilio Lozoya, extraditado desde España a México a mediados de julio.En calidad de testigo colaborador, Lozoya denunció ante la Fiscalía al expresidente Peña Nieto y a Videgaray.Los acusó de "ordenarle" recibir 10,5 millones de dólares de Odebrecht para la campaña electoral y para sobornar legisladores del PAN en favor de la reforma energética que abrió el sector a la inversión privada en 2013.Pero Lozoya también apuntó al sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) por presuntos privilegios para la petroquímica Etileno XXI, vinculada con una compañía mexicana socia de Odebrecht.
La ‘Operación Padrino’, como bautizó la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) a la investigación contra Salvador Cienfuegos, exministro de Defensa de México, ha tumbado la presunta red de narcotráfico del general retirado en EE.UU.El que fuese ministro de Defensa (2012-2018) del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto fue acusado este viernes de narcotráfico y blanqueo de dinero, horas después de ser detenido en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.Los crímenes, según la acusación, se habrían cometido hace tres años, de 2015 a 2017, cuando Cienfuegos estaba al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional de MéxicoCuatro cargos por narcotráficoEn total, la Fiscalía Federal del distrito este de Nueva York acusó este viernes a Cienfuegos de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico y el blanqueo de dinero.Tres de los cargos están relacionados con la producción, tráfico y distribución de estupefacientes y un cuarto con el blanqueo de capitales, según un documento de la Fiscalía.El gran jurado que debía determinar si había pruebas suficientes para juzgar a Cienfuegos, cuya detención se considera un nuevo golpe al legado de Peña Nieto, ha decidido imputarlo de cuatro cargos.El primero de los cargos de narcotráfico es por conspirar para la producción y distribución internacional de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana; el segundo por conspirar para importar estupefacientes y el tercero por conspirar para distribuirlos.LA "OPERACIÓN PADRINO" DE LA DEADe acuerdo a los documentos judiciales, la "Operación Padrino" está asociada con el proceso judicial contra un exfiscal mexicano, Édgar Veytia, que fue sentenciado a 20 años de prisión en septiembre del año pasado en Estados Unidos.En el momento de los hechos de los que se le acusa, el exfiscal era el principal representante de la ley en el estado mexicano de Nayarit.Según la Justicia estadounidense, Veytia ayudó e instigó a los narcotraficantes que traían sus productos a Estados Unidos a cambio de sobornos.También se alega que utilizó su posición para obstruir las investigaciones y procesamientos de narcotraficantes en México, incluida la liberación ilegal de los acusados y el bloqueo de la detención de otros traficantes.Ahora, EE.UU. acusa a Cienfuegos de haber tenido lazos con H-2, Juan Francisco Patrón Sánchez, líder del cártel de los Beltrán Leyva.“Gracias a la asistencia corrupta del acusado, el cártel del H-2 llevó a cabo su actividad criminal sin interferencia significativa del ejército mexicano e importó miles de kilos de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a los EE.UU.”, señaló la Fiscalía en su acusación.LA SEGURIDAD DE MÉXICO, EN ENTREDICHOEl escrito de la Fiscalía, firmado por el titular del Distrito este de Nueva York, Richard Donoghue, acusa a Cienfuegos de estar implicado en la producción, tráfico y distribución de 1.000 kilogramos de marihuana, 500 gramos o más de metanfetamina, 5 kilos o más de cocaína y 1 kilo de heroína entre diciembre de 2015 y febrero de 2017.Antes de conocer los cargos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el poder con la promesa de limpiar la corrupción de los gobiernos anteriores, aseguró que el arresto "es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen".En conferencia de prensa este viernes, calificó de "lamentable" la noticia y la comparó con el arresto el año pasado, también en Estados Unidos, de Genaro García Luna, secretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), por recibir supuestos sobornos del narcotráfico.El arresto de García Luna, el jefe de la Policía que habría protegido al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos, y ahora el de Cienfuegos, máximo responsable del Ejército, pone en cuestión la estrategia de seguridad llevada a cabo en México durante más de una década.
La captura del exministro de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos (2012-2018) en Estados Unidos está relacionada con delitos de narcotráfico, dijo este viernes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador."Es un hecho muy lamentable el que un exsecretario de la Defensa sea detenido acusado por vínculos con el narcotráfico", declaró López Obrador en su conferencia matutina, al asegurar que en México no hay investigación alguna contra Cienfuegos.El mandatario no precisó sin embargo los hechos concretos por los que fue detenido Cienfuegos el jueves al llegar a Los Angeles, y dijo que será en la tarde de este viernes cuando Estados Unidos anuncie los detalles de la acusación.Explicó que hace dos semanas la embajada de México en Estados Unidos ya le había informado que había una investigación en contra de Cienfuegos, quien fue secretario de Defensa durante todo el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).López Obrador dijo que se trata de una situación inédita, pues se suma a la captura, en diciembre de 2019, del exsecretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna, acusado de conspiración para traficar al menos 53 toneladas de cocaína a Estados Unidos y actualmente encarcelado en Nueva York."Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública la función gubernamental en el país durante el período neoliberal (...) Se podría hablar de un narcogobierno y sin duda de un gobierno mafioso", afirmó el líder izquierdista.También advirtió que los posibles involucrados con Cienfuegos que sigan activos en el Ejército "van a ser suspendidos, retirados, y si es el caso, puestos a disposición de las autoridades competentes".Escuche este informe en Mañanas BLU:
La Suprema Corte de México avaló este jueves la realización de un referéndum planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para decidir sobre el enjuiciamiento de expresidentes del país, aunque algunos magistrados recordaron que las leyes mexicanas no impiden procesarlos.La propuesta fue aprobada por seis de los 11 integrantes del máximo tribunal y propone investigar, y "en su caso" sancionar a los exjefes de Estado.La Suprema Corte (SCJN) dio luz verde a la consulta tras debatir el proyecto de uno de sus integrantes, que proponía declararla "inconstitucional", alegando que puede vulnerar la presunción de inocencia, así como afectar la procuración de justicia y el debido proceso."No nos corresponde ser una puerta cerrada, sino el puente que permita a los ciudadanos participar en las grandes decisiones nacionales", dijo en contraposición Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, al respaldar el referendo.En un debate posterior, los jueces modificaron la pregunta original que había planteado López Obrador, y que se refería específicamente a cinco expresidentes: Carlos Salinas (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).La nueva pregunta de la Suprema Corte plantea si se debe emprender "un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos", omitiendo el nombre de los expresidentes.Expresidentes sin causas abiertasDurante el debate sobre la constitucionalidad de la consulta, la jueza Norma Piña dijo que no se requiere el apoyo ciudadano para poder juzgar a los expresidentes del país si cometieron un delito."Ni nuestra Constitución, ni nuestras leyes, establecen obstáculo alguno para llevar ante la justicia penal a los expresidentes que hubieren cometido algún delito", explicó la magistrada.El artículo 108 de la Constitución afirma que el presidente de México, "durante el tiempo de su encargo", sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.Al respecto, el analista político Carlos Bravo Regidor dijo que el hecho de que a la fecha no se haya juzgado a expresidentes mexicanos obedece a que no se han presentado pruebas o realizado investigaciones.Ninguno de los cinco exmandatarios que López Obrador propuso investigar y eventualmente juzgar tiene actualmente causas abiertas actualmente.Sin "miedo al pueblo"Aunque López Obrador ha sostenido por años que la corrupción es el principal de los males de México, siempre se ha mostrado reacio a apoyar directamente la investigación y juicio a los exgobernantes, aduciendo que no quiere ser tachado de "vengativo".Es por ello que desde que asumió el poder instó a que sea "el pueblo" el que decida el posible enjuiciamiento de sus predecesores, mediante una consulta ciudadana."No hay que tenerle miedo al pueblo, y hay que hacer valer la democracia", dijo López Obrador este jueves temprano."Soy respetuoso del Poder Judicial, pero si no podemos consultar a la gente, entonces ¿nos vamos a conformar con elegir cada seis, cada tres años a las autoridades, y el resto del tiempo, cuando no haya elecciones, vamos a estar callados?", agregó.Al argumentar por qué consideraba inconstitucional el referendo, la magistrada Piña dijo que "se pretende consultar si el Estado debe cumplir con su deber de investigar y perseguir el delito".Anteriormente, López Obrador ha apoyado la realización de consultas populares sobre diversos temas, como la cancelación de la construcción de un nuevo aeropuerto para Ciudad de México o la construcción de un tren turístico en el sureste del país.
La desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, trágico episodio que marcó la historia reciente en México, cumple este sábado seis años con destellos que dan cierta luz al caso.Tras la polémica versión del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), en los dos primeros años de la administración de Andrés Manuel López Obrador, la investigación parece haberse encaminado para saber qué pasó la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.Estas son cinco claves para adentrarse en el tema:1.- ¿Qué sucedió aquella noche?La noche del 26 de septiembre de 2014 decenas de estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa se apoderaron de varios autobuses para trasladarse, en días posteriores, a la manifestación del 2 de octubre en la capital mexicana y debido a ello fueron atacados a tiros por policías en la ciudad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero.En los ataques murieron seis personas, entre ellas tres alumnos, y 43 estudiantes fueron detenidos por los policías municipales y entregados a miembros del cartel Guerreros Unidos, quienes presuntamente los asesinaron y quemaron en el basurero del municipio vecino de Cocula, según la versión de la Administración Peña Nieto, llamada la "verdad histórica".2.- ¿Por qué fue refutada la llamada "verdad histórica"?Tras una investigación de seis meses y casi un año después del episodio, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH negó la hipótesis ofrecida por el Gobierno mexicano de que los estudiantes habían sido quemados en un basurero.El GIEI argumentó que el fuego que desprende una pira como la que se hubiera generado en el vertedero de basura habría provocado una columna de humo de 300 metros que no podría pasar desapercibida para ningún habitante de los alrededores."No existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis", dijeron los expertos del GIEI que fueron nombrados por la CIDH y además denunciaron graves fallos en las investigaciones.3.- ¿Qué avances registra la investigación?Con el caso como uno de grandes pendientes a resolver, en medio de un clima de violencia e inseguridad en el país, en diciembre de 2018, recién iniciado su Gobierno, el presidente López Obrador ordenó la creación de una Comisión de la Verdad.Seis meses después, en junio de 2019, la Fiscalía estableció una unidad especial autónoma e independiente a cargo de Omar Gómez Trejo, un defensor de derechos humanos con experiencia en el caso y cuya designación tuvo el respaldo de los familiares de las víctimas.Posteriormente, en febrero de 2020, López Obrador ordenó reponer la investigación con ayuda de la Fiscalía y la Suprema Corte y un mes después firmó un acuerdo con la Corte y la Fiscalía para esclarecer la desaparición de los estudiantes.A finales de junio pasado, la Fiscalía ordenó la detención de 46 funcionarios del sureño estado de Guerrero por su presunta relación con la desaparición de los estudiantes y en los primeros días de julio las autoridades mexicanas identificaron los restos de uno de los 43 jóvenes lejos del basurero de Cocula, hecho que tumbó la versión oficial del Gobierno anterior y abrió camino a la certeza.4.- ¿Cómo hallaron la prueba más reciente?A inicios de julio, Omar Gómez Trejo informó que la identificación de una pieza ósea correspondía a Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.El joven fue el tercer estudiante identificado por el Instituto de Genética de la Universidad de Innsbruck ya que durante la investigación del gobierno anterior se hallaron restos de Alexander Mora y de Jhosivani Guerrero, también desaparecidos.El funcionario explicó que se identificó al estudiante mediante restos de su cuerpo encontrados en el municipio de Cocula, pero a un kilómetro del basurero donde, según la criticada versión oficial, fueron incinerados."La pieza no fue tirada ni encontrado en el basurero de Cocula, ni en el río San Juan, como se decía en la versión que sostuvo la anterior administración. La verdad histórica se acabó y el caso sigue abierto", señaló Gómez Trejo.5.- ¿En qué etapa está la investigación?El presidente de México aseguró a inicios de septiembre que la investigación del caso estaba "en el momento crucial para avanzar"."Son, diría yo, buenos los resultados (de las pesquisas). No puedo hablar más por el sigilo que requiere toda la investigación que está abierta, yo les diría que en el momento crucial para avanzar", dijo en una de su conferencia de todos los días.Mientras que esta semana, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la dependencia a su cargo tenía información "sobre lo verdaderamente ocurrido" la noche de la desaparición de los estudiantes.
La noticia del divorcio del expresidente Enrique Peña Nieto de su esposa, la actriz Angélica Rivera, ha desatado una ola de comentarios, especialmente relacionados con Tania Ruiz, la modelo que señalan de ser la razón de la ruptura.Vea también Ángélica Rivera se divorcia del expresidente de México Enrique Peña NietoDías antes del anuncio de la separación habían circulado unas fotografías de Ruiz con Peña Nieto y a partir de ese momento comenzaron las especulaciones.Ninguno de los dos ha negado o afirmado algo sobre el supuesto romance. Sin embargo, en una entrevista reciente Tania Ruiz aseguró que “está soltera y que no le ha hecho daño a nadie”.
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo (norte).El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.
La policía regional de Cataluña (Mossos d'Esquadra), halló el cadáver de un hombre de 75 años en su casa, donde una mujer y su hija, familiares del fallecido, habían convivido con el cuerpo durante años.Fuentes de los 'Mossos' informaron este jueves a EFE que ayer fueron avisados por los vecinos de la urbanización Can Formiga de Cabrera, en el municipio barcelonés de Cabrera d'Anoia, en la que se encuentra ubicada la casa, de que hacía tiempo que no veían a las personas que vivían en ella, de las que no tenían noticias hacía años, y de que en torno a la vivienda se había acumulado suciedad.Agentes de la policía catalana se personaron en la casa, en la que encontraron a una madre y a la hija, mayor de edad, que no habían salido de la vivienda, como mínimo, desde la pandemia de covid, así como el cadáver de un hombre, propietario del inmueble y familiar de ambas.Las citadas fuentes indicaron que, en la inspección del cuerpo y del lugar no se observaron indicios de que el hombre hubiese muerto de forma violenta, por lo que apuntan a un fallecimiento por causas naturales.Las mismas fuentes precisaron que ayer miércoles se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al instituto de medicina legal en Barcelona.La autopsia del cuerpo, explicaron estas fuentes, permitirá conocer la fecha aproximada del fallecimiento del hombre, que se produjo hace años dado el estado en el que se encontraba el cadáver, así como la causa de la muerte.A partir de este dato, además, se podrá determinar el número mínimo de años en los que madre e hija han convivido en la misma casa con el cadáver.Las dos mujeres, que no están detenidas, están siendo atendidas por los servicios sociales y sanitarios.
Alrededor de la medianoche aterrizó en Cali el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para liderar la puesta en marcha del primer bloque de seguridad urbana del país. Se trata de la opeación 'Iron', en la que más de 1.200 hombres de la Fuerza Pública se desplegaron por el centro y el oriente de la ciudad. La operación inició en la madrugada de este jueves y sigue activa en toda la ciudad, enfocándose principalmente en los barrios Calvario, San Pascual y Sucre en el centro de Cali, los cuales históricamente han sido afectados por problemáticas de microtráfico."Acaba de empezar el operativo más importante en la historia de esta ciudad, de Cali, más de 1.200 hombres, vamos a recuperar el centro de Cali que está tomado por las ollas que venden droga con la que se envenenan a nuestros niños y jóvenes, por los extorsionistas que acaban con los sueños de nuestros de nuestros comerciantes y emprendedores. Los delincuentes hacen lo que les da la gana, hoy lo vamos a derrotar, vamos a liberar a Cali de ese flagelo del crimen organizado", aseguró el presidente.En el operativo también estuvieron presentes el general retirado Jorge Mora; el alcalde de Cali, Alejandro Eder; y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quienes durante toda la madrugada estuvieron recorriendo seis comunas y 15 barrios, donde se efectuaron más de 80 órdenes de captura y 161 diligencias de allanamiento.
El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, afirmó que la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo se mantiene en términos de diálogo y coordinación, pese a las diferencias que han surgido alrededor de asuntos como el presupuesto nacional y las prioridades de gasto. El senador sostuvo que ha mantenido conversaciones frecuentes con el presidente de la República y con diferentes integrantes del gabinete.“Le tengo que decir de mi parte una relación cordial, sincera, franca y permanente”, aseguró Henríquez al ser consultado por la relación entre el Congreso y el Gobierno. Según explicó, durante los periodos de sesiones se han desarrollado reuniones con distintos ministros para abordar asuntos relacionados con salud, seguridad, deporte y otros sectores.El pronunciamiento se produjo durante una entrevista con Mañanas Blu, en la que el presidente del Congreso también se refirió a la situación de seguridad que atraviesa Santa Marta, ciudad de la que es oriundo, luego de las acciones atribuidas a estructuras criminales y de las medidas adoptadas por el Gobierno para recuperar el control territorial.Seguridad en Santa Marta y presencia de la Fuerza PúblicaHenríquez señaló que, aunque no permaneció en Santa Marta durante los días más críticos de la situación de orden público, recibió información sobre el temor que se extendió entre los habitantes y las medidas de resguardo adoptadas por la comunidad.Para el presidente del Congreso, la prioridad debe ser el restablecimiento del orden y el retorno de la ciudad a la normalidad. En ese sentido, respaldó la presencia de policías y militares en Santa Marta y en otros territorios de la región.“Aquí lo que hay que hacer prevalecer es la libertad, el orden”, manifestó. También sostuvo que una ciudad turística como Santa Marta necesita recuperar la confianza y consideró que la seguridad constituye una condición fundamental para el desarrollo de las demás actividades sociales y económicas.Sobre la presencia histórica de grupos criminales y fenómenos como las extorsiones, Henríquez reconoció que se trata de una problemática que ha afectado a distintas regiones del país. “Las regiones están a merced de los grupos al margen de la ley. La ciudad de Santa Marta no es una excepción”, afirmó.El senador agregó que el fortalecimiento de la seguridad requiere recursos para modernización, tecnología, equipamiento y ciberseguridad. Según sus declaraciones, existe un desbalance entre las capacidades de los grupos armados ilegales y las de la Fuerza Pública que debe ser atendido.Ley de sometimiento y estatuto antiterroristaOtro de los asuntos abordados fue el trámite de los proyectos relacionados con seguridad, entre ellos la ley de sometimiento y el estatuto antiterrorista. enríquez explicó que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó al Congreso que el Gobierno ya cuenta con un borrador de estas iniciativas, pero que el documento continúa en revisión por parte de la Presidencia de la República.“Estamos a la espera de que ello ocurra”, señaló el presidente del Congreso, quien agregó que el Gobierno no ha establecido todavía una fecha concreta para la presentación de los proyectos.Presupuesto: salud y defensa, entre las prioridadesEn materia económica, Henríquez se refirió a la aprobación del monto general del presupuesto y a las discusiones que deberán continuar en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. Uno de los asuntos que expresó como preocupación es la financiación del sistema de salud. El senador señaló que el sector enfrenta un déficit frente a los recursos solicitados y destacó la necesidad de revisar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).“La salud para mí y todos es una prioridad”, afirmó, al reconocer al mismo tiempo las limitaciones fiscales que enfrenta el Estado. a seguridad también aparece entre las prioridades planteadas por Henríquez. El presidente del Congreso manifestó que considera necesario incrementar los recursos destinados al sector defensa, particularmente para fortalecer capacidades operativas, tecnología y equipamiento.Ajuste fiscal y dificultades presupuestalesRespecto al anunciado proyecto de ley de ajuste fiscal, Henríquez indicó que hasta el momento no conoce una fecha de radicación ni los detalles de su contenido. Sin embargo, consideró necesario que la iniciativa sea presentada y debatida. “Nosotros esperamos que lo antes posible lleguen con la información y lleguen a radicarlo y a debatirlo, porque es lo sensato y es lo que los técnicos dicen que hay que hacer”, afirmó.El senador también fue consultado sobre el recorte previsto para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En respuesta, señaló que no conoce en detalle su presupuesto y planteó que el problema es generalizado en diferentes entidades del Estado.Henríquez sostuvo que sectores como defensa, salud y justicia enfrentan necesidades adicionales de financiación, mientras el Gobierno debe afrontar restricciones fiscales y buscar mecanismos para reducir los gastos de funcionamiento.Diálogo entre poderes para buscar solucionesFinalmente, el presidente del Congreso explicó que sus encuentros con representantes de las altas cortes y otros órganos del Estado tienen como propósito identificar problemas y construir acuerdos dentro del principio de separación e independencia de poderes. “En medio de las diferencias hay que construir consenso para buscar soluciones a los temas que afectan a los colombianos”, señaló.Henríquez puso como ejemplo los asuntos que llegan a la Corte Constitucional y que requieren actuaciones del Congreso, así como el elevado número de acciones de tutela relacionadas con servicios de salud.Según explicó, el objetivo de estos encuentros es identificar qué problemas requieren decisiones administrativas y cuáles necesitan reformas legales.
Viajar desde Colombia hasta Japón puede costar menos de lo que muchos viajeros imaginan, con un cálculo hecho para febrero de 2027 en el que se encuentran tiquetes desde Bogotá hacia Tokio por alrededor de $5 millones ida y vuelta. A esto se suma un factor que está reduciendo el costo del destino para los colombianos: la cotización del yen frente al peso.Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, explicó que la combinación de una moneda japonesa debilitada y un peso colombiano relativamente fuerte hace que el gasto en Japón sea menor para quienes llevan pesos.“Cuando se juntan una de las monedas más débiles del mundo (el yen) con una de las más fuertes (el peso colombiano), Japón se pone en promoción”, señaló el economista.¿Por qué viajar a Japón está más barato para los colombianos?El comportamiento del yen frente al peso permite dimensionar el cambio. Según Campos, a comienzos de 2023, 100 yenes costaban aproximadamente $3.700, mientras que actualmente esa misma cantidad representa unos $2.026.Con esa diferencia, el economista calcula que Japón resulta cerca de 45 % más barato para un colombiano al comparar el valor de la moneda japonesa en esos dos momentos.El efecto se refleja principalmente en los gastos que se realizan directamente en yenes, como alojamiento, alimentación, transporte y entradas a diferentes atracciones.¿Cuánto puede costar un viaje de 15 días?Una estimación compartida por un influencer de viajes plantea que el presupuesto para 15 días en Japón puede estar alrededor de $4 millones, sin incluir los tiquetes internacionales.El cálculo contempla alojamiento en Tokio, Kioto y Osaka desde unos $100.000 por noche por persona, principalmente en hostales. En hoteles, el valor puede subir a $200.000 o más.Para alimentación, la referencia utilizada es de unos $100.000 diarios. Entre las opciones mencionadas están las tiendas de conveniencia y cadenas de restaurantes, mientras que un ramen en Ichiran puede costar alrededor de $25.000.El transporte urbano también puede mantenerse dentro de ese presupuesto: los trayectos en metro se estiman en unos $6.000.¿Qué ruta se puede hacer por Japón?Para un viaje de 15 días, el itinerario propuesto comienza en Tokio y pasa por Yokohama, Kanazawa, Takayama, Kioto, Osaka, Hakone y Kawaguchiko, antes de regresar a Tokio.El recorrido permite combinar grandes ciudades con destinos turísticos ubicados fuera de los principales centros urbanos. Entre ellos está Kawaguchiko, una zona recomendada para observar el monte Fuji y situada aproximadamente a una hora y media de Tokio.El desplazamiento entre Tokio y Osaka también puede hacerse en Shinkansen, el tren bala japonés. El cálculo se estima en unos $700.000 el trayecto de ida y vuelta, incluyendo la conexión con Kioto.¿Cómo comprar tiquetes baratos desde Colombia a Japón?Para viajar entre el 3 y el 18 de febrero de 2027 se encontraron vuelos desde Bogotá a Tokio por unos $5 millones ida y vuelta.El itinerario encontrado se trata de tiquetes comprados por separado, que permiten armar el recorrido entre Bogotá, Madrid y Tokio por unos $5,2 millones en total. Así quedaría el recorrido desde Bogotá:Bogotá-Madrid ida y vuelta por aproximadamente $2,5 millones en Avianca, sin escalas.Madrid-Tokio ida y vuelta ronda los $2,7 millones, por Qatar Airways haciendo una escala.A ese presupuesto se pueden sumar otros gastos, como entradas a atracciones. Por ejemplo, Tokyo Disneyland se encuentra entre los parques Disney con entradas más económicas, con un valor cercano a $190.000.Cabe también aclarar que los costos presentados son una estimación, y el valor final dependerá únicamente del recorrido, la experiencia y los lugares que desee visitar cada uno, por lo que fácilmente ese precio podría subir si se decide estar en hoteles 5 estrellas y comer siempre en restaurantes lujosos.
