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El Tribunal Constitucional (TC) de España declaró hoy por unanimidad la nulidad de la ley del referéndum catalán del 1-O, mientras la tensión política y social aumentó en esa comunidad autónoma española con manifestaciones a favor de dos líderes independentistas encarcelados por delito de sedición.
La ley anulada ya había sido suspendida de modo cautelar el pasado 7 de septiembre, al día siguiente de ser aprobada por el Parlamento de la región de Cataluña.
A pesar de eso, las autoridades locales convocaron para el 1 de octubre un referéndum secesionista, cuya ilegalidad confirmó hoy el TC, en el participaron algo más de 2,2 millones de personas a favor del "sí" a la independencia, respecto a los más de 5,3 millones de catalanes con derecho de voto.
La sentencia del TC, conocida hoy, reprocha al Parlamento catalán haber dejado a los ciudadanos "a merced de un poder que dice no reconocer límite alguno" y, por tanto, es arbitrario.
En el fallo, adoptado por unanimidad, el TC espeta al Legislativo catalán que "un poder que niega expresamente el derecho, se niega a sí mismo como autoridad merecedora de acatamiento".
El alto tribunal español recalcó que la región de Cataluña no es sujeto del derecho de autodeterminación, entendido como derecho a promover y consumar su secesión unilateral del Estado.
Mientras la Justicia sigue su curso, la tensión política y social crece en Cataluña por el ingreso en prisión, acusados de sedición, de los líderes de dos organizaciones independentistas, y el anuncio del Ejecutivo regional catalán de que mantendrá la oferta de un diálogo "sin condiciones" con el Gobierno español.
La detención de los dirigentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, este lunes ha provocado la reacción de los sectores independentistas catalanes, que se concentraron a lo largo del día para protestar contra la Justicia española y la actitud "represiva" del Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP, centroderecha).
La resolución de la Audiencia Nacional de España llega a dos días de que se cumpla el plazo establecido por el Gobierno central para que el presidente catalán, Carles Puigdemont (PDeCAT, centroderecha independentista), cumpla la legalidad y renuncie a la declaración de independencia.
La respuesta de Puigdemont al segundo requerimiento de Rajoy será, en palabras del portavoz del Ejecutivo regional catalán, Jordi Turull, una nueva oferta de diálogo "sin condiciones".
"Ni plegaremos velas ni nos quedaremos contemplativos viendo cómo ocupan las instituciones catalanas", dijo hoy el portavoz catalán, aunque no concretó si el Gobierno regional levantará la suspensión de la declaración de independencia en caso de que se aplique el artículo 155 de la Constitución.
Rajoy anunció el lunes que si Puigdemont no renunciaba a la independencia y no se acogía a la ley española, el Ejecutivo central aplicaría dicho artículo, que le otorga la facultad de asumir directamente funciones desempeñadas por las comunidades autónomas y para ello le daba de plazo máximo hasta el 19 de octubre.
El mismo día, Puigdemont ofreció Rajoy un margen de "dos meses" para dialogar y le propuso concretar "lo antes posible" una reunión para explorar acuerdos, unos planteamientos que mantendrá el jueves.
Sin embargo, el político independentista no concretó en su carta de qué se podría dialogar, aunque en todo este proceso ha defendido su intención de hacer una consulta soberanista acordada con el Gobierno español.
"Referéndum o referéndum", llegó a decir hace meses el líder catalán, mientras que Rajoy ha rechazado siempre esa hipótesis, por considerarla ilegal y contraria a la soberanía nacional, aunque sí se ha mostrado favorable al diálogo acerca de cuestiones como la mejora de las infraestructuras y la financiación de los servicios públicos.
Mientras tanto, la inestabilidad política y jurídica en la región tiene un impacto negativo en los sectores económicos, entre ellos el del turismo, que ha visto descender en un 20% el número de reservas.
También continúa el goteo de empresas que cambian su sede social a localidades españolas fuera de Cataluña, y son ya al menos 700 desde el 1-O, según datos del Colegio de Registradores de España provisionales actualizados este lunes.
Además, la aseguradora SegurCaixa Adeslas rescindió hoy el seguro de responsabilidad civil contratado con el Ejecutivo y con el Parlamento regionales por agravarse "el riesgo producido por los acontecimientos ocurridos recientemente en Cataluña y, singularmente, la suspensión mediante providencia del TC, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con fecha 13 de septiembre de 2017, de la ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República".
SegurCaixa Adeslas, participada por la aseguradora Mutua Madrileña (50 %) y el banco CaixaBank (49 %), rechazó pagar la fianza de 5,2 millones de euros que el Tribunal de Cuentas impuso al expresidente regional Artur Mas por el desvío de dinero público que realizó para la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 al entender que esos gastos "no están cubiertos por la póliza".
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