El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva mediante la cual el fentanilo, sustancia responsable de una grave crisis de salud pública en el país, es catalogado oficialmente como un “arma de destrucción masiva”.
Durante un acto en la Casa Blanca, el mandatario afirmó que la medida busca reforzar la protección de la población frente a lo que calificó como una amenaza letal. “Estamos dando un paso histórico para enfrentar el flagelo del fentanilo, una droga que ha causado un daño devastador. Con esta orden, lo reconocemos formalmente por lo que realmente es”, sostuvo.
Trump comparó el impacto del opioide sintético con el de un conflicto bélico y aseguró que las cifras de fallecidos superan ampliamente los registros oficiales. Según sus estimaciones, en los últimos años habrían muerto entre 200.000 y 300.000 personas anualmente por causas asociadas a esta sustancia, aunque los reportes más difundidos hablan de alrededor de 100.000 decesos al año.
De acuerdo con estadísticas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), entre 2021 y 2023 se registraron más de 250.000 muertes en Estados Unidos vinculadas a sobredosis de opioides sintéticos, con el fentanilo como principal responsable.
El anuncio se realizó en el marco de una ceremonia en la que se reconoció a miembros de las Fuerzas Armadas por su labor en la frontera con México. En ese contexto, Trump afirmó que actores extranjeros estarían involucrados en el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense con la intención de causar daño a la población.
El presidente también aseguró que, durante su administración, el flujo de esta droga a través de la frontera se habría reducido en un 50 %, y señaló que China mantiene una cooperación activa con Washington para disminuir la producción y el envío del opioide. “Aún no es suficiente, pero los resultados están mejorando”, manifestó.
El documento oficial sostiene que el fentanilo ilegal se asemeja más a un agente químico que a un estupefaciente tradicional, y advierte que su fabricación y comercialización por parte de organizaciones criminales y grupos considerados terroristas financia actividades violentas, incluidos asesinatos y acciones insurgentes, lo que representa una amenaza directa para la seguridad nacional.
La orden ejecutiva instruye a varios miembros del Gabinete a intensificar las acciones contra el tráfico de esta sustancia. En particular, dispone que el secretario de Guerra, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, actualice los protocolos de respuesta de las Fuerzas Armadas ante incidentes químicos para incluir específicamente la amenaza del fentanilo ilícito.
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha sido objeto de atención reciente por su papel en operaciones militares contra presuntas embarcaciones dedicadas al narcotráfico desde Venezuela, acciones que han sido desmentidas por el Gobierno de ese país.