3 gobernaciones y 15 alcaldías devolvieron favores electorales con contratos: Procuraduría

El hallazgo de la Procuraduría incluye 120 contratos otorgados por 15 alcaldías y 3 gobernaciones a financiadores de campañas electorales, que, pese a estar deshabilitados por haber hecho aportes por encima del 2% del tope establecido, recibieron convenios.Según la Procuraduría, 18 financiadores de campañas electorales llevadas a cabo entre el año 2015 y el 2019, recibieron contratos de 15 alcaldías y 3 gobernaciones del país, a cambio de su participación financiera en dichas contiendas.Exactamente serían 52 contratos que suman 5.831 millones de pesos, lo que representa un regreso de ingresos a los aportantes del 939, 5% frente a los 620 millones de pesos que entregaron en sus aportes financieros.Las gobernaciones implicadas en este hallazgo son las del departamento del Atlántico, Boyacá y Vichada.Lea también: Procuraduría abre indagación contra gobernador de Caldas por fiesta en cuarentena“Vichada, que suscribió uno con Jorge Eliezer Forero Gaitán, por $1.714 millones; la de Atlántico, que firmó dos con la firma Tasset S.A.S., por $1.074 millones, y la de Boyacá, que lo hizo a través del Instituto de Tránsito de Boyacá con Cayo Nixon Rincón Velandia (Transporte Los Muiscas S.A.), por $24 millones”, dice la Procuraduría General de la Nación.En cuanto a las alcaldías: Itagüí y Argelia (Antioquia), Buga (Valle del Cauca), Puerto Rico (Caquetá), Piamonte (Cauca), Pueblo Bello (Cesar), Támesis (Antioquia), Villa de Leyva (Boyacá), Montelíbano (Córdoba), Maceo (Antioquia), Barbosa (Antioquia), Carmen de Viboral (Antioquia), Consacá (Nariño), Repelón (Atlántico), celebraron contratos con financiadores presuntamente inhabilitados.Dice el órgano de control, basándose en lo determinado por el Consejo de Estado, que “los gobernadores, alcaldes y ordenadores del gasto de entidades públicas descentralizadas del nivel departamental, distrital o municipal correspondiente, no pueden celebrar contratos con las personas naturales o jurídicas que financiaron sus campañas políticas, si sus aportes fueron superiores al dos por ciento (2.0%) de las sumas máximas a invertir por los candidatos en las campañas electorales en cada circunscripción”.El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, afirmó que los mandatarios territoriales que celebraron estos contratos serán investigados y agregó que están obligados a terminar este tipo de convenios establecidos sin importar el estado en el que se encuentren.