Un juez penal municipal con función de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra siete presuntos integrantes de una red de corrupción judicial que, según la Fiscalía, exigía pagos de hasta 1.000 millones de pesos para intervenir de manera ilegal en procesos de lavado de activos y frenar decisiones judiciales clave.
La decisión fue adoptada por el Juzgado 72 Penal Municipal, que avaló la solicitud del ente acusador tras considerar que existen elementos suficientes para inferir la posible participación de los procesados en una estructura criminal organizada. Entre los enviados a prisión están el capitán de la Dijín Nelson Fabián Pinzón Rodríguez; los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca; el patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo; los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo; y el exfuncionario de la policía ,Rosember Gil Ramírez.
Adicionalmente, el juez impuso medida de aseguramiento domiciliaria al exfuncionario del Inpec Luis Eduardo Riveros García, al considerar que es víctima de amenazas por parte de la misma organización ilegal.
Durante la audiencia, la fiscal del caso explicó el presunto modus operandi de la red, que habría exigido sumas entre 400 y 1.000 millones de pesos al exnarcotraficante Juan Carlos Ramírez, alias Manicomio, y a miembros de su familia. A cambio, los implicados ofrecían direccionar investigaciones, impedir órdenes de captura y bloquear medidas cautelares de extinción de dominio.
Al sustentar la medida, el juez advirtió que la investigación permitió establecer una dinámica de presión y amenazas directas. En su decisión señaló que se evidenció cómo los implicados condicionaban el acceso a la información judicial al pago de dinero
“Déjenos acceder a la investigación, manténganos al tanto de la investigación y se le da dinero, y cuando se niega dice: ‘ah, pero es que hay un compañero con una oficina de sicarios’”. Para el despacho, ese comportamiento constituye “un elemento de convicción bastante diciente” que permite inferir la autoría y participación de los procesados en los delitos imputados.
El juez también resaltó que la actuación de la red no fue improvisada, sino producto de una organización estructurada. “Se hizo de manera confabulada, organizada, con precisión, con roles claramente definidos en cada una de las personas que intervinieron”, afirmó, al señalar que los implicados participaban en reuniones donde exigían dinero, desplegaban actos intimidatorios y mostraban fotografías de familiares y piezas procesales reservadas para presionar los pagos.
Según lo expuesto en audiencia, la investigación también reveló que los procesados, aprovechando su rol como policías judiciales, habrían eliminado elementos materiales probatorios y cometido errores procesales de forma deliberada para afectar el curso normal de los procesos penales.
El juez advirtió, además, que tras las denuncias de los familiares de alias Manicomio, los implicados habrían reaccionado con retaliaciones e intimidaciones adicionales. “Es grave que se pretenda acceder al contenido de la denuncia formulada por la víctima, porque se desconoce la reserva legal que protege una indagación preliminar y se compromete la seguridad del denunciante”, sostuvo, al advertir que estas conductas profundizan la obstrucción a la justicia.
Finalmente, el despacho hizo un llamado sobre el impacto institucional de este tipo de redes, al señalar que no solo se intimidó a las víctimas y a su defensa, sino también a servidores judiciales. “Se deteriora severamente la imagen de una institución tan importante como la Policía Nacional, y más grave aún, de la Policía Judicial, que debe apoyar a la Fiscalía y no convertirse en un instrumento para hacer exigencias dinerarias multimillonarias”, concluyó el juez al justificar la medida de aseguramiento.
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