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Admiten acciones de tutelas contra MinVivienda por congelamiento de subsidios

Las acciones constitucionales fueron presentadas por ciudadanos que alegan una posible vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, de petición, al mínimo vital y a una vivienda digna.

 Viviendas de Interés Social
Viviendas de Interés Social referencia
Foto: Alcaldía de Bogotá

Juzgados de Bucaramanga admitieron para estudio al menos tres acciones de tutela presentadas por ciudadanos contra el Ministerio de Vivienda y Fonvivienda, relacionadas con el congelamiento de subsidios de arrendamiento destinados a población vulnerable.

Las acciones constitucionales fueron presentadas por ciudadanos que alegan una posible vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, de petición, al mínimo vital y a una vivienda digna, a raíz de la suspensión o congelamiento de los subsidios de arrendamiento.

De acuerdo con los planteamientos expuestos en las tutelas, los beneficiarios estarían enfrentando dificultades por la falta de continuidad de estos recursos, situación que, según los accionantes, podría poner en riesgo su permanencia en los lugares donde actualmente residen y derivar en eventuales procesos de desalojo.

Los procesos fueron admitidos por despachos judiciales de Bucaramanga, que deberán estudiar los argumentos presentados por los ciudadanos y las respuestas entregadas por las entidades accionadas.

En estos casos, los accionantes buscan que los jueces determinen si las actuaciones relacionadas con el congelamiento de los subsidios desconocen los derechos fundamentales que invocan y si existe lugar a impartir órdenes para su protección.

Por su parte, el Ministerio de Vivienda y Fonvivienda fueron vinculados a los procesos y están presentando sus explicaciones frente a las situaciones planteadas por los ciudadanos.

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Hasta el momento, los juzgados que admitieron las acciones de tutela se encuentran en la etapa de análisis de las respuestas y elementos aportados por las partes. Los despachos deberán evaluar esa información antes de adoptar una decisión de fondo sobre las solicitudes de protección constitucional.

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