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El uso de cámaras de seguridad en viviendas y negocios se ha convertido en una tendencia cada vez más común en Colombia, especialmente ante la falta de vigilancia permanente o de recursos para contratar seguridad privada. Estos dispositivos no solo cumplen una función preventiva, también pueden convertirse en piezas clave dentro de una investigación judicial, un aspecto que muchos ciudadanos desconocen.
Si bien se trata de equipos de carácter privado, la ley colombiana establece deberes claros para quienes los instalan. La Fiscalía General de la Nación ha reiterado que las grabaciones captadas por cámaras de seguridad pueden ser solicitadas por las autoridades y que, en determinados casos, su entrega no es opcional.
De acuerdo con la Fiscalía, grabar entradas, fachadas o espacios públicos es completamente legal cuando el objetivo es proteger un inmueble. Sin embargo, estas grabaciones deben regirse por el Código de Procedimiento Penal y por la Ley 1581 de 2012, que protege los datos personales.
En ese orden de ideas, los videos obtenidos por cámaras de vigilancia son considerados elementos materiales probatorios y evidencia física. Por este motivo, los ciudadanos pueden ser requeridos para entregar grabaciones cuando estas resulten relevantes dentro de un proceso judicial.
La normativa permite que entidades como la Policía, la Fiscalía o el CTI soliciten imágenes de cámaras privadas sin orden judicial cuando se trate de actuaciones urgentes relacionadas con un hecho delictivo. El objetivo es evitar la pérdida, alteración o eliminación del material probatorio.
En situaciones que no sean de urgencia, la solicitud puede estar respaldada por una orden de un fiscal delegado. Aun así, la colaboración del ciudadano sigue siendo obligatoria. Negarse a entregar las grabaciones puede interpretarse como una obstrucción a la justicia, especialmente si la información es clave para la investigación.
La Fiscalía también ha entregado orientaciones prácticas para quienes deban suministrar videos de seguridad. Entre las principales recomendaciones están:
De igual manera, se advierte que difundir imágenes en redes sociales o entregarlas a particulares sin autorización puede vulnerar derechos fundamentales, como la privacidad. La entrega de estos videos debe realizarse únicamente a autoridades judiciales competentes y bajo solicitud formal.
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Con más de 26.000 cámaras de videovigilancia instaladas en el país y miles más en manos de particulares, la Fiscalía insiste en que tener cámaras no solo implica un beneficio en seguridad, sino también responsabilidades legales que los ciudadanos deben conocer y cumplir.
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