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Amnistía Internacional, a través de su directora para las Américas, Erika Guevara, hizo un llamado de atención a las autoridades colombianas para que activamente atiendan la situación en la que se encuentran cerca de 3.600 indígenas que habitan en 14 comunidades de los municipios de Riosucio, Carmen del Darién y Bojayá, en la región chocoana.
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Guevara señaló que “el desabastecimiento de alimentos, la falta de acceso a servicios básicos y el escalamiento de la violencia ponen a los pueblos afectados en un estado de vulnerabilidad y desprotección” que califica como inaceptable.
Ante estos hechos, Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para que adopten “acciones integrales e inmediatas para garantizar sus derechos humanos ante esta situación”.
En la región afectada operan grupos paramilitares y guerrilleros del ELN que, en medio de sus enfrentamientos, han afectado en particular a los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes del Chocó.
Esta alerta se suma a la advertencia hecha por la Organización de las Naciones Unidas - ONU - frente a los desplazamientos individuales registrados en la comunidad de Marcial y la presencia de minas antipersona en cercanías a la comunidad de Jagual, lo que ha impedido la movilización de las personas afectadas alrededor y fuera de las comunidades.
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