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El presidente Gustavo Petro completa su primer mes al frente de los destinos de la Nación. Treinta días que se han caracterizado por anuncios polémicos y poco aterrizados, cargados de narrativas como la “paz total, “seguridad humana” y “economía para la reproducción de la vida”, que definen las ambiciosas apuestas de su mandato.
En su primer mes de Gobierno, Petro extendió su propuesta de paz a otros grupos armados ilegales, como las disidencias de las FARC y bandas criminales, algunas de las cuales se han mostrado dispuestas a una negociación o a un sometimiento a la justicia bajo ciertas condiciones, entre ellas la no extradición a Estados Unidos por narcotráfico.
Pero pese al ambiente propicio creado por el Gobierno para otro proceso de paz, Petro tuvo que hacer frente el pasado viernes a la primera prueba en ese sentido cuando desconocidos, al parecer disidentes de las FARC, asesinaron a siete policías en una emboscada en el departamento del Huila.
Tras ese ataque, Petro pidió a la cúpula militar y policial "que cuanto más se hable de paz, más hay que elevar la guardia, más cuidado hay que tener desde el punto de vista del accionar militar" para evitar atentados como ese, que consideró un sabotaje a la "paz total”.
Un tema en el que sí encontró consenso es en el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela, rotas en febrero de 2019, un capítulo del que ya se empezó a pasar la página con el nombramiento de embajadores en Caracas y Bogotá como punto de partida para la normalización y para la reapertura total de la frontera común, cerrada hace siete años al paso de vehículos.
El caso más notorio es el de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, filósofa y activista contra el cambio climático, que propuso importar gas natural de Venezuela pese a que Colombia tiene reservas para al menos siete años más, y luego sorprendió al auditorio del Congreso Nacional de Minería con la teoría del decrecimiento.
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También el canciller Leyva dio de que hablar al intentar justificar la ausencia de Colombia en una votación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que se condenó a Nicaragua por limitar de manera "arbitraria" a organizaciones religiosas y ordenar el cierre de ONG.
La Cancillería restó importancia a esa situación pero ante la insistencia de la prensa Leyva dijo en un comunicado: "La ausencia de Colombia en la citada sesión se debió tanto a razones estratégicas como humanitarias y no ideológicas", una respuesta que arrojó más sombras que luces sobre la diplomacia del país ante Nicaragua.
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