El reciente asesinato de un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec en Cúcuta y los atentados perpetrados contra dos funcionarios en Barranquilla han encendido nuevamente las alarmas sobre la grave crisis de seguridad que afronta el personal penitenciario en el país.
Ante estos hechos, Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) sindicato que agrupa a cerca de 4.300 afiliados, rechazó en Mañanas Blu, que se trate de ataques aislados o de un simple "supuesto" plan pistola, calificando la situación como una embestida continua contra la institución.
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Cifras alarmantes de una violencia sistemática
De acuerdo con las estadísticas expuestas por el dirigente sindical, el panorama de orden público que rodea a los establecimientos carcelarios refleja un deterioro sostenido desde hace aproximadamente ocho años. En ese lapso, la institución ha registrado “alrededor de 78 funcionarios del Inpec asesinados, 120 atentados y más de 500 amenazas” en contra de su personal.
Robayo sostuvo que estas acciones violentas se intensifican cada vez que se ejecutan traslados de reclusos o se ajustan los controles internos en los penales. “Sabemos que no son hechos atados a corrupción, sabemos que son hechos atados al control y a lo que se ha llevado dentro de las cárceles”, afirmó, explicando que diversas bandas criminales unen esfuerzos para cometer actos de sicariato con el objetivo de presionar al Gobierno y flexibilizar la vigilancia.
Denuncia contra autoridades locales por la "reunionitis"
El presidente de la UTP lanzó fuertes críticas contra los alcaldes y gobernadores de las principales ciudades, señalando una severa falta de apoyo perimetral y de medidas preventivas efectivas alrededor de las cárceles. A pesar de la circulación constante de panfletos amenazantes, el vocero denunció que las autoridades territoriales se han limitado a encuentros burocráticos sin resultados concretos.
“Hubo unos panfletos la semana pasada, hubo unos panfletos iniciando agosto y los alcaldes no hicieron nada, se quedan en consejos de seguridad, reunionitis, y ha pasado en Girón, pasó en Bogotá, en Barranquilla y en Cúcuta”, enfatizó Robayo.
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Asimismo, reprochó que los mandatarios locales únicamente acudan al Inpec cuando requieren descongestionar las estaciones de policía, dejando de lado la implementación de anillos de seguridad para proteger a los funcionarios.
A esto se suma un alto nivel de impunidad histórica, pues “no hay condenas casi en contra de estos asesinatos”, lo que permite que las estructuras delictivas continúen delinquiendo e impartiendo órdenes desde el interior de los penales.
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Escuche aquí la entrevista: