BLU Radio tuvo acceso a la primera denuncia que interpuso el Ejército contra las disidencias de las Farc por llevar a las zonas de sus campamentos a la población civil de San Vicente del Caguán con el único fin de impedir operativos en su contra.
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Esa escena terminó con un bombardeo que acabó con la vida de ocho menores de edad y que cobró la cabeza del ministro de Defensa, Guillermo Botero.
Según el documento conocido por BLU Radio, es Gerney Calderón Perdomo, defensor del Pueblo Regional Caquetá, quien se dirigió a la Fiscalía el 30 de octubre para que se abra una investigación por una denuncia que le llevó a su despacho, el 7 del mismo mes, el coronel Luis Fernando Huérfano Prada, del Comando Específico del Caguán del Ejército Nacional. Es decir, 39 días después del bombardeo el Ejército contó los hechos.
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La denuncia que el coronel Huérfano le hace al defensor del Pueblo de Caquetá, y que fue trasladada a la Fiscalía, narra el episodio del bombardeo, pero no menciona la muerte de menores de edad.
Dice el documento que realizaron una operación conjunta el 29 de agosto de 2019, en la vereda Candilejas, del municipio de San Vicente del Caguán, en Caquetá, donde se neutralizaron o se dieron de baja “a miembros del grupo armado organizado residual, entre ellas, a la persona conocida con el alias ‘Gildardo El Cucho’, quien era coordinador de las estructuras 7, 40 y 62 que delinquen en el sur del país”.
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Además, asegura que la función de esa estructura de disidencias de las Farc es intimidar y presionar a través de amenazas la salida de toda la población civil de las veredas aledañas con el propósito de movilizarlos hasta la zona donde se realizó la operación militar y así generar una aglomeración, turba o un disturbio en contra de las tropas que se encuentran adelantando operaciones militares desarrolladas en dichas áreas.
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En otras palabras, que las disidencias usaban a la población civil para sabotear los operativos.
El coronel Huérfano afirmó que “se estaría frente a una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, especialmente el principio de distinción a las normas del DIH, concebidas específicamente para proteger a la población civil, conforme al artículo 52 del Protocolo Adicional I de los Convenios de Ginebra”.
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Por lo tanto, el defensor del Caquetá aseveró que es su obligación poner el tema en conocimiento de las autoridades, “hacer un acompañamiento y seguimiento a los posibles hechos constitutivos de vulneración a los Derechos Humanos y al DIH”.
Con estos argumentos pidió al director seccional de Fiscalías “ordenar a quien corresponda, adelantar los seguimientos e investigaciones penales pertinentes teniendo en cuenta los argumentos esbozados en el escrito por el coronel Luis Fernando Huérfano Prada”.
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Tanto el Ejército como la Defensoría del Pueblo ponen en conocimiento de la Fiscalía el riesgo al que se estaría enfrentando la población civil pues estaría siendo usada por los disidentes de las Farc para evitar operativos en su contra. Sin embargo, en la denuncia, no revelan que hubo menores de edad fallecidos.
Escuche aquí el cubrimiento de esta noticia en Meridiano BLU.
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