No para la polémica y los desarrollos sobre el capítulo de la licitación y prestación del servicio de elaboración de libretas de pasaportes en el país. En medio del trámite de conciliación que se adelanta por la licitación de cerca de 600.000 millones de pesos, ahora se conocen cuestionamientos de la Contraloría por la declaratoria de urgencia manifiesta, el camino que eligió la Cancillería para entregar un contrato de un año a Thomas Greg & Sons y evitar una crisis en el servicio.
El 14 de septiembre, cuando faltaban menos de 20 días para que se agotara el anterior contrato con Thomas Greg & Sons, el canciller firmó la resolución 7541 en la que declaraba la urgencia manifiesta, con la cual podía contratar a dedo, como finalmente lo terminó haciendo a Thomas Greg & Sons en una carrera contrarreloj para evitar que se suspendiera el servicio.
Ahora la Contraloría expide una resolución con fecha del 13 de diciembre en el que se hace una grave advertencia: la Cancillería no cumplió las normas en el marco de dicha declaratoria.
Declarar que el Ministerio de Relaciones Exteriores no se ajustó a la exigencia legal de remitir inmediatamente el expediente de Urgencia Manifiesta al organismo que ejerce control fiscal, para que se procediera al control automático de legalidad exigido por la norma legal
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Este hecho se traslada de inmediato al Director de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras y a la Procuraduría para que realice las acciones correspondientes ante la posible irregularidad.
“Contra la presente decisión procede el recurso de reposición de conformidad con el artículo 77 de la Ley 80 de 1993, el cual podrá ser interpuesto ante este Despacho dentro de los 10 días siguientes”, concluye la resolución.
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