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“Chocó representa el 79 % de los confinamientos en el país”: Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo reveló que en los últimos cinco años la entidad ha advertido riesgos para 27 de los 31 municipios que tiene el Chocó.

desplazamiento desplazados foto afp referencia.jpg
Desplazamiento / Imagen de referencia /
Foto: AFP

Hasta la fecha 23.000 personas han sido víctimas de la violencia en el Chocó. La Defensoría del Pueblo alertó a las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas implementar medidas que permitan atender a la población afectada.

Así mismo, la Defensoría solicitó para los líderes sociales y comunitarios que están amenazados de muerte por estructuras armadas ilegales protección especial hasta que les activen una ruta que permita su evacuación de forma segura.

Los habitantes del municipio de Juradó, en el departamento del Chocó, se vieron obligados a confinarse, debido a los enfrentamientos que sostuvieron el 9 y 10 de diciembre los integrantes de la guerrilla del ELN y el Clan del Golfo.

“Nuestros funcionarios de la Regional Chocó asistieron a un consejo extraordinario de seguridad, en el que reiteraron a todas las instituciones del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas que pongan en marcha las medidas necesarias para que sea atendida la población afectada”, indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

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En la comunidad Eyazaque, del resguardo Nusí Purrú, miembros de uno de los grupos ilegales amenazaron a los habitantes. En la comunidad Cedral, los pobladores quedaron en medio del fuego cruzado. Ambas están confinadas.

La comunidad Amba Patato también fue objeto de amenazas y señalamientos de ser informantes del bando contrario, lo que originó el desplazamiento de 137 personas (27 familias) hacia el casco urbano de Juradó, cabecera en la que, por combates entre las dos estructuras armadas, una mujer indígena y un adulto mayor fueron asesinados.

En el consejo de seguridad, adicionalmente, solicitamos para los líderes étnicos y las personas que están amenazadas de muerte protección especial hasta que sea activada una ruta segura que permita evacuarlos. Sus derechos a la integridad y vida deben ser protegidos
Expresó el defensor del Pueblo

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Un joven amenazado que estaba siendo protegido en el casco urbano de Juradó, decidió salir hacia Bahía Solano para solicitar más seguridad, sin embargo, cuando iba a bordo de una lancha de transporte público fue interceptado por criminales; hasta el momento se desconoce su paradero.

Juradó cuenta, además de su cabecera municipal, con 14 comunidades indígenas que pertenecen a cuatro resguardos y cinco corregimientos afro. En casi todos, sus habitantes son susceptibles de la vulneración de los derechos por el ELN y el Clan del Golfo.

“Necesitamos que las autoridades de los distintos niveles implementen una estrategia integral de protección para los moradores, no únicamente de Juradó, también de la subregión del Pacífico Norte, la cual incluye otros dos municipios, como lo son Nuquí y Bahía Solano. En los tres hay una exacerbación de la violencia armada”, señaló Camargo Assis.

El Defensor del Pueblo también le solicitó a la fuerza pública mayor presencia en los territorios afectados “para que así sean contenidos todos los riesgos a los que están expuestos los habitantes de Juradó y sus áreas vecinas. Tener el control efectivo de la situación es salvaguardar los derechos fundamentales de las comunidades”.

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Por otro lado, en el Río San Juan, Chocó, un habitante a quien se le reserva su identidad, reveló a Blu Radio la situación que se está presentando en los territorios de confinamientos en las comunidades de las zonas altas rurales.

Insiste que es crítica la situación de los derechos humanos, el habitante habla sobre la existencia de un grupo armado que le está exigiendo carnetizar a la comunidad.

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“La situación es preocupante porque limita y restringe la movilización. Si no tengo la carnetización o pasaporte no puedo ingresar al territorio porque corre riesgo mi vida” afirmó.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo afirma que la situación se ha venido visibilizando. Se refiere a que estas prácticas criminales las ejercen los grupos armados ilegales exigiendo a la comunidad un control territorial, por eso le pide al Gobierno nacional y a la fuerza pública la presencia en cada uno de estos territorios.

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